En términos generales, la planificación del desarrollo de un determinado colectivo social (sea este local, nacional o regional) es un ejercicio cada vez más complejo y altamente condicionado a variables externas (el entorno). A diferencia del pasado, cuando la planeación del desarrollo se basaba prioritariamente en el análisis y modificación de un conjunto de factores internos, hoy – producto de una intensa interacción en varios ámbitos del comportamiento humano (principalmente económicos y de la información) proceso denominado globalización - planear el futuro, requiere de nuevos instrumentos y renovadas formar de visualizar esta tarea. Esta situación, resulta aún más compleja cuando de lo que se trata es planear el desarrollo de las comunidades urbanas (las ciudades); colectivos que de manera general y particularmente en nuestro país, se constituyen en los escenarios de mayor concentración de población y dinámica socioeconómicas.
En las últimas décadas, las comunidades urbanas de nuestro país (receptoras de la migración campo/ciudad) enfrentan problemas cada vez más graves que no están siendo abordados y resueltos adecuadamente, fundamentalmente por la ausencia de visiones renovada en la planificación del desarrollo; un inadecuado marco jurídico que les restringe competencias y recursos y; los altos costos económicos y sociales que implica resolverlos; mismos que casi por inercia, están siendo trasferidos a los sectores más vulnerables (precisamente los migrantes), quienes paradójicamente esperan encontrar mejores condiciones de vida en las ciudades.
En ese contexto, las ciudades - particularmente las que tienen un acelerado crecimiento - no han podido responder los múltiples retos de organizar la convivencia de un número cada vez mayor de habitantes, mismos que demandan desde la dotación de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas, comunicaciones y otros) hasta la generación de oportunidades socioeconómicas (capacitación, empleo, inversión, etc.). Los municipios urbanos, desde su visión de desarrollo, sus políticas y estrategias y, sus planes y programas, aún persisten en abordar prioritariamente los aspectos físico espacial, teniendo como propósito central, lograr una mayor eficiencia de las funciones urbanas, descuidando peligrosamente el desarrollo humano y productivo. Si bien en los últimos años, han incorporado la temática ambiental, ésta aún es tomada como meramente decorativa y auxiliar, destinada principalmente a la dotación de plazas y parques.
Claramente, esta lógica en el proceso de planificación de las ciudades, se abstrae de cualquier compromiso con objetivos de desarrollo sociales y productivos, priorizando resolver las interrelaciones urbanas en el marco de una racionalidad formal, meramente estética, en la que "los elementos" (personas, construcciones, vehículos, vías, parques, canchas, objetos, etc., etc.) pretenden ser ensamblados armoniosamente para hacer de la ciudad, poco menos que una maqueta arquitectónica.
No se explica por ejemplo, cómo el municipio de Cochabamba, centro natural articulador de una región eminentemente agrícola, haya invertido en los últimos años, gran parte de sus recursos económicos en hacer de la ciudad, "una ciudad jardín" antes que promotora de la consolidación productiva del área. Con la misma lógica (físico-espacial) la ciudad de La Paz, invierte mucho dinero en avenidas, parques, puentes, plazas, señalizaciones y otros, antes que resolver sus graves problemas de sostenibilidad. Estos ejemplos se repiten casi todas las principales ciudades del país y son muy pocas las iniciativas que apuntan al desarrollo de los recursos humanos y la producción. Con las "construcciones urbanas", que es lo que en realidad hace los municipios del país, difícilmente se podrá enfrentar los principales problemas que aquejan a la sociedad boliviana.
Lo señalado hasta aquí, no pretende desvalorizar la importancia de la planificación físico-espacial, sino subrayar que cualquier instrumento de planificación que tenga como objetivo sólo el ordenamiento de las funciones urbanas, no puede constituirse en un instrumento para el desarrollo, mas aún, si se toma en cuenta que en el contexto nacional, las ciudades en Bolivia, se constituyen en los pocos escenarios de intercambio e interacción con el contexto global, mismo que - desde una lógica racional - tendrían que constituirse en los espacios desde los que se impulse un verdadero proceso de trasformación productiva que tanta falta le hace a la economía boliviana.
Pero si eso está sucediendo en los grandes centros urbanos del país, algo similar acontece en los pequeños municipios. En la última década, se ha introducido un nuevo concepto destinado a involucrar a los municipios en las actividades económicos productivos, sin modificar el rol y competencias que tienen. Esta visión, que se ha venido en llamar "municipio productivo", emerge de una evaluación del desenvolvimiento de los municipios desde 1994, pretendiendo corregir el patrón de inversión. Sin embargo, la misma no ha podido frenar la suerte de carrera desenfrenada en la construcción de plazas, canchas, calles, casas de gobierno y otra infraestructura que no siempre se justifican y que más bien, responden a una visión de desarrollo urbanístico, antes que de desarrollo humano o productivo.
Como resultado de ese proceso, hoy existen cientos de localidades pequeñas, pueblos y comarcas (casi abandonadas) en las que se han invertido miles de dólares en infraestructura de todo tipo y de las que invariablemente, sus habitantes han optado por el éxodo, dejando plenamente probado que nadie se queda en su localidad por escuela, posta sanitaria, plaza, cancha, casa de gobierno u otras infraestructuras, si no tiene de que vivir. Infelizmente, por las debilidades conceptuales y metodológicas de lo que se denomina "municipio productivo" (que más bien es un slogan), muy poco se ha modificado el destino de la inversión municipal hacia actividades de apoyo a la producción, lo que en términos generales implica que no se han podido detener los procesos migratorios campo–ciudad, a través de la inversión local.
Como hemos visto, tanto los grandes municipios (las ciudades) como los municipios rurales, al descuidar la articulación con su entorno (en términos económico sociales) y priorizar el desarrollo urbanístico, contribuyen al aceleramiento de un círculo vicioso que está "vaciando" las áreas rurales para "explosionar" las principales ciudades, configurando una verdadera "bomba de tiempo" que peligrosamente amenaza colapsar la capacidad organizativa y receptora de los centros urbanos y, a su vez, desmorona la débil capacidad productiva agropecuaria del área rural, principalmente del occidente del país.
Habrá que señalar que la responsabilidad de esta falta de articulación entre espacios urbanos (tanto los grandes como los chicos) y su entorno, no sólo se debe a la limitaciones conceptuales de los niveles técnico-políticos de los municipios, sino y fundamentalmente, a las visiones introducidas en el proceso de descentralización y mas recientemente, en el régimen autonómico que vive el país, mismos que - en su diseño conceptual - no han superado la concepción tradicional y conservadora de hacer de los espacios urbanos, apenas centros de servicios y no motores del desarrollo humano y productivo. De esa manera, los centros urbanos de Bolivia, antes que espacios de realización y bienestar de sus habitantes, acaban siendo escenarios de frustración, hacinamiento y convulsión social.
Todo lo señalado se complica aún más, cuando advertimos que el marco jurídico que esta vigente, fundamentalmente la nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, establecen 5 niveles de gobierno (nacional, departamental, municipal, indígena y regional) y una fuerte concentración de recursos en el nivel central (65% de los recursos de la inversión pública). Con ese diseño organizacional adoptado por la NCPE y la insuficiente asignación de recursos y competencias a los gobiernos municipales, es poco probable que las ciudades se constituyan en los escenarios para resolver los graves problemas estructurales de la sociedad boliviana. En este tema (el municipal) – como en tantas otras cosas – es casi ya una constante en nuestro país aplicar "remedios" que resultan peores que la propia enfermedad.
