policías temerosos de perder un bono de 400 bolivianos para cada uno de los 37 mil efectivos bajo el nombre de "bono de seguridad ciudadana". en voz baja se rumorea resistencia a la sustracción masista

Un grupo de policías de alto rango denunció que, ahora, el Gobierno pretende retirar a los 37.000 efectivos de la entidad el bono de Seguridad Ciudadana que asciende a 400 bolivianos mensuales.
Malestar general. “Tenemos información de muy primera mano y de fuentes confiables del Ministerio de Gobierno en sentido de que nos quitarán nuestro bono de Seguridad Ciudadana”. De esa manera, un oficial reveló su preocupación.
Consultados si se trata sólo de un rumor, aseguraron que no.
Un sondeo de este medio hecho en diferentes unidades policiales de la ciudad de La Paz verificó que la mayoría de los consultados saben que se estudia la anulación de ese beneficio.
El nuevo director de la Asociación de Sargentos, Clases, Suboficiales y Policías (Ansclasspol), suboficial Édgar Ramos, evitó hablar del tema, pues dijo que fue posesionado hace pocos días.
Mientras tanto, los denunciantes, que se mantienen en el anonimato por temor a sanciones y procesos internos, indicaron que la decisión de retirarles el beneficio sería “bajo pretexto” de que las recaudaciones del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), administración que le fue quitada a la Policía el 27 de junio, serán reducidas para la institución del orden.
El malestar de los uniformados, aunque el alto mando policial dijo en pasadas semanas que no existía ese sentimiento, viene desde que el servicio de cédulas y licencias pasó a manos civiles.
“Nuestros sueldos, desde ya, son magros, y no es posible que ahora nos quieran quitar el bono que es de gran ayuda para nosotros, porque una mayoría de los policías debe pagar préstamos a la Mutual de Seguros de la Policía para viviendas, y con los descuentos en nuestros sueldos resultamos con muy poco dinero”. Un efectivo de bajo rango dejaba escuchar así su queja.
 ¿febrero negro? La Prensa se contactó con el Ministerio de Gobierno para conocer la contraparte de la denuncia y preocupación de policías, pero hasta anoche no hubo una respuesta.
Inclusive, muchos efectivos sondeados, entre varones y mujeres, señalaron que de perder los 400 bolivianos podría repetirse el “febrero negro”.
En aquel mes de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada había decretado un impuesto a los sueldos y salarios de los trabajadores bolivianos, y el descontento popular se extendió incluso a la institución policial, cuyos miembros afectados se amotinaron y protagonizaron un enfrentamiento con los militares, que salieron en defensa del Palacio de Gobierno.

400 bolivianos es el Bono de Seguridad que reciben 37.000 policías de todo el país  desde 2008. 

El domingo, un grupo de funcionarios del Comando General de la institución del orden se trasladó a una unidad policial donde están guardadas las armas de guerra para retirarlas con el pretexto de hacer un inventario, pero los policías denunciantes dijeron que pretenden desarmarlos por temor a que se repita un “febrero negro” después de que les despojen de su bono de Seguridad Ciudadana.

Puka Reyesvilla nos ofrece una descripción oportuna del ébola el virus más tenido y el "évola" depredador de la libertad y la democracia...

Así como el ébola, el virus más temido en el mundo, incluso por encima del virus de inmunodeficiencia humana, se cierne como una amenaza masiva a la vida en nuestro planeta, el évola, una suerte de correlato político del causante de la fiebre hemorrágica, se manifiesta como un depredador de la libertad y la democracia en nuestro país.
Arropado en un nominalismo —dar “entidad” a todo tipo de fenómenos sólo por nombrarlos— delirante, que cada vez se asemeja más al discurso hueco en su más pedestre versión, el évola ha obrado diligentemente destruyendo a su paso lo poco, pero valioso, que en materia de Estado de Derecho se hizo en décadas de trabajoso aprendizaje y construcción democráticos.
Por lo menos una vez por día —a veces hasta tres veces—, los propagadores del virus nos cuentan acerca de algo “histórico” que acaba de ocurrir… Tanto han devaluado el concepto que hasta el hedonista viaje del Jefe de Estado acompañado por un grupo de diablos para ver cómo pierde el seleccionado de fútbol es calificado con el antes respetable adjetivo. “Hipertrofia de historia”, podría denominarse uno de los síntomas de la enfermedad social causada por el évola. Creérselo es signo de catalepsia ciudadana; no es la muerte propiamente dicha, pero se parece.
En el paroxismo, estadio muy próximo al terminal, el mal parece adquirirse por ósmosis. Si en principio al virus le tomaba un esfuerzo adicional el reducir a las instituciones para someterlas a vil servidumbre, a la fecha, en obscena exhibición de lambisconería, el sistema se autoconserva. De tal jaez ha sido, por ejemplo, la sentencia evacuada por el Tribunal Agrario en un caso sobre el cual no tiene ni jurisdicción ni competencia.
¿Usted cree, por ventura, que con la ratificación vía urnas —porque elección no va a ser— de la selección albiazul (jugadores de quinta, además) la figura va a ser más presentable? Al contrario, vamos a MAS, que, para el caso, es exactamente al revés: vamos a menos.
¿Hay manera de contrarrestar este liberticidio y este democraticidio? Utilizando los mismos mecanismos de expansión del virus, hay una ligera probabilidad de hacerlo: el dedo anular puede ser un actor central en este cuadro clínico.

no por sabido ha impactado menos. grande es el malestar en la Policía que empieza a dar señales de descontento por la menor disponibilidad de liquidez en su economía. revelador. factor de inseguridad.

Las recaudaciones por Identificación y Licencias servían para el pago de sueldos a la guarnición

Si bien oficiales subalternos de la Policía Boliviana reconocen que los bajos salarios y la codicia corrompen a la institución, creen que la política dio lugar a que oficiales de alta graduación bajen la cabeza “por los favores recibidos para su ascenso”, que repercuten sobre la guarnición.
Amordazados y sin derechos, dicen sentirse siete de 10 oficiales consultados por La Prensa, quienes afirmaron que un cambio radical en su institución los dignificará, y que si sus sueldos no fueran mejorados, podrán adoptar una actitud como la de febrero de 2003.
Libertad. Un capitán de Policía, que solicitó guardar su nombre en reserva, afirmó que con la quita de Identificación y Licencias “nos cortaron el principal ingreso que garantizaba nuestros sueldos. La Policía era la única institución que se autosostenía, y el Gobierno sólo financiaba el 30 por ciento de la planilla mensual”.
Recordó que la Policía fue una de las primeras instituciones en implementar el sistema digital de Identificación. “El Gobierno destinó 20 millones de dólares, y los problemas con los que tropieza ahora el Segip son los mismos que tenía antes la Policía”.
Manipulación. Un mayor, a su turno, explicó que desde que los políticos ingresaron en la institución, los uniformados sufrieron el recorte de sus derechos. Inclusive se les impuso una mordaza: la Ley 101, que vulnera sus derechos humanos, porque perdieron el derecho a quejarse. “Los proyectos que se elaboraron fueron apropiados y ahora dependemos de los políticos y no de nuestros generales”.
El oficial recordó que el objetivo de la clase política fue subordinarlos y tapar todo lo que hacen en las altas esferas del Ejecutivo y Legislativo y no denunciarlos. Una Policía servil a sus intereses y no a los del pueblo, manifestó.
Derrota. El cambio de administración en Identificación y Licencias es histórica para ellos. Pero también recuerda al Gobierno, que se puso en peligro la seguridad del Estado, sobre todo con la identificación personal, pues, dijo, que existen otros intereses con miras a las próximas elecciones generales.
SUELDOS. Sobre los sueldos, los oficiales dicen que para ellos son bajos, empero los generales no hablan de ello. “Tal vez ganamos más que los profesores urbanos y rurales, pero trabajamos las 24 horas del día, los 30 días del mes y los 365 días del año. Si pagaran bien y nos dotarán de mayor equipamiento, se acortaría la corrupción, pero no se la puede cortar del todo. Incluso hay corrupción en otras instituciones públicas”.
Cambio. Para los consultados, cambiar a la Policía pasa por jubilar a tres generaciones de coroneles, mandarlos a la reserva y dejar que los nuevos oficiales, quienes tienen otra convicción, tomen el mando de la institución, que requiere de hombres operativos y no de escritorio, con puntajes altos que califican sólo para ser generales. 
De acuerdo con los oficiales, sólo la tropa recibe alimentación. El bono que perciben es de cuatro bolivianos diarios. “Los reos tienen ahora mayor presupuesto que nosotros, los policías. Si continúan tocando nuestros bolsillos, reviviremos febrero de 2003”.

La frase

“Se debe jubilar a tres generaciones de coroneles para que la Policía recupere su credibilidad y dejemos de lado la intromisión política”.
Oficial / Policía Boliviana

Cayetano Llobet ha titulado su artículo "la enfermedad" pero bien pudo titularlo el grave dilema de un caudillo enfermo...excelente Caye!

El solo anuncio de la enfermedad de Hugo Chávez ya fue noticia y terremoto. No entro a las especulaciones médicas, silencios raros y festejos o llantos prematuros: me interesa el hecho político. Y ese interés no es menor porque localiza la verdadera enfermedad de los caudillos: no tienen sucesor.

En los sistemas de caudillo, a diferencia de los sistemas democráticos modernos, no existe una institucionalidad conformada, por la sencilla razón de que la única referencia real de poder es el propio caudillo. Cuando éste manifiesta algún síntoma de debilidad y se teme por su desaparición, se desatan todas las fuerzas que han estado agazapadas esperando ese momento. Es cuando el caudillo sabe quiénes lo estaban esperando detrás de la puerta.

La sucesión del caudillo siempre es una transición, no un hecho de la normalidad constitucional ¿Quién sabía algo sobre el Vicepresidente de Venezuela? Elías Jaua es un ilustre desconocido. Y es lógico porque en ese tipo de regímenes --pienso, obviamente, en Bolivia-- nadie tiene un peso político propio. Lo que valen los que rodean al caudillo es sólo el valor que el caudillo les da: sin él no son nada.

Y es que la personalidad de estos señores es complicada. Tomo conceptos del Dr. Jerónimo Saiz, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría hablando de la mente autoritaria: “sufre una hipertrofia en el uso del yo, un narcisismo extremo, es egocéntrico, megalómano, tiene una baja tolerancia a la crítica y una ausencia total de autocrítica. Están convencidas de que son personas singulares, que se creen que tienen un peso histórico y que su juicio es inmejorable, aunque caiga en la arbitrariedad”.

En el caso de Chávez es peor porque lo que le suceda no incide sólo en Venezuela. Los más preocupados son los cubanos (Carlos Alberto Montaner se ocupó brillantemente del tema) que, ante cualquier cambio político en Caracas podrían verse privados de la muleta que todavía les permite caminar y, al parecer, podrían estar marrullando salidas no electorales, pensando en Adán Chávez (hermano de Hugo) como solución ¡Tendríamos un Adán en Venezuela y un Evo en Bolivia! Por lo demás, lo de la sucesión fraterna es muy cubana y ya la estaba aprendiendo el hermano de Ollanta Humala jugando a prematuro canciller de un gobierno que todavía no es tal. Se ve que Ollanta no tuvo tiempo de informar a su familia sobre su cambio de rumbo.

Desde luego, en Bolivia se sentirían las réplicas del temblor, dado que la relación Evo-Chávez ha sido privilegiada, decisiva como ejemplo para el caudillo boliviano, y, sin duda, Chávez siempre ha considerado a Bolivia como parte de su territorio y de su política hasta llegar al extremo de haber preparado, en 2008, una intervención militar “en defensa del compañero Evo”.  Obviamente, sin contar con la cantidad de cheques entregados, recibidos y distribuidos, como si fueran de su bolsillo particular. De hecho, los caudillos suelen pensar que sus países son sus haciendas y no es extraño que actúen con mentalidad de hacendados. 

Chávez está preocupado porque sabe que su verdadera enfermedad es la de todos los caudillos: no tienen sucesor. Desde luego, es uno de los elementos que los vuelve más desconfiados: saben que cada uno de los que los rodea, cada uno de los que les echan incienso, es alguien que está esperando con atención y con impaciencia lo que se conoce como el último suspiro. Y el caudillo, que cree que es invulnerable y eterno, está condenado a vivir entre aquellos que saben que es sencillamente mortal…

El autor es analista político

daño irreversible a la democracia el montaje electoral. concurrir a votar sin poder elegir. el voto NULO será la decisión en lugar del ausentismo propuesto (El Dia. SC)

La elección de los jueces prevista para el próximo 16 de octubre representa de manera tosca y abusiva la forma monopólica con la que el MAS está manejando el país. Más de la mitad de los candidatos son militantes oficialistas, han sido funcionarios del Gobierno actual o han actuado en representación del MAS en otras contiendas electorales; el oficialismo ha sido el encargado de seleccionarlos en la Asamblea Legislativa, donde obviamente se ha asegurado de imponer la fuerza de sus dos tercios y finalmente, pretende que la población acuda a las urnas sin saber por quién cuernos está votando.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en sus manos un reglamento que lo autoriza a imponerle censura a los medios de comunicación, a los que solo se les permitirá hacerles un breve cuestionario a los postulantes a jueces: nombre, apellido, profesión, un par de preguntas relacionadas con el trillado asunto originario y pare de contar. La gente se quedará con ganas de saber sobre sus antecedentes políticos, reuniones comprometedoras y otros datos polémicos que han estado saliendo a flote estos últimos días. Sobre todo, quedará en duda la capacidad de estos sujetos para administrar justicia, mucho más, después de conocer el testimonio de varios parlamentarios que los estuvieron entrevistando durante el periodo de preselección y que pintaron un panorama desolador.

Pese a que la ciudadanía no ha intervenido de ninguna forma en este proceso tan delicado, el Gobierno pretende que los bolivianos acudan como autómatas a votar y elegir a sus candidatos (¿otro sindicato?).  El TSE, un órgano que se ha volcado de lleno a sostener la farsa gubernamental, pretende incluso inventar sanciones a quienes promuevan campañas que incentiven el voto en blanco o nulo en las elecciones, como si esta opción no fuera una genuina expresión democrática garantizada por la Constitución y los más elementales principios del Estado de Derecho.

Como este acto electoral ha sido diseñado y llevado adelante de espaldas a la población, es probable que el 16 de octubre se produzca un abultado nivel de ausentismo, hecho que le restará aún más legitimidad a un proceso plagado de arbitrariedades, destinado únicamente a reforzar el poder hegemónico del MAS, apuntalar su política de persecución y lógicamente, manipular las cosas para encarrilar la segunda relección del presidente Morales. En cualquier país medianamente civilizado esto lleva el nombre de dictadura y de hecho ya estamos viviendo el totalitarismo en Bolivia y la votación de octubre será un nuevo remiendo al disfraz democrático que el régimen pretende lucir ante el mundo.

Hemos vivido dictaduras en el pasado y también hemos tenido que soportar regímenes fraudulentos, pero es la primera vez en el país que se produce tamaño montaje con posibilidades de hacerle un daño permanente e irreversible a la democracia. Con esta elección estamos retrocediendo a las épocas del voto calificado y mucho peor aún, pues se trata de aprobar con el voto, las decisiones tomadas por el séquito que rodea al caudillo. Concurriremos a las urnas pero sin posibilidades de elegir y menos expresar el descontento por el atropello. A la oposición, que lamentablemente sigue desorientada respecto de los peligros que enfrenta el sistema democrático en el país, le corresponde enfrentar el reto de defender los principios con una propuesta desafiante con la impostura.

Concurriremos a las urnas pero sin posibilidades de elegir. A la oposición, que sigue desorientada respecto de los peligros que enfrenta el sistema democrático, le corresponde enfrentar el reto de defender los principios con una propuesta desafiante con la impostura.

de la memoria colectiva. más de 4.000 bolivianos están siendo marginados del beneficio acordado en la 2640 de vieja data. el MAS se da modos para no cumplir la Ley en favor de los más necesitados. quién dice que Evo hace Justicia?

Resarcimiento de Danos (Así apareció en La Prensa. 5 años atrás)

La Cámara de Diputados sancionó ayer la “Ley de Resarcimiento a las Víctimas de la Violencia Política” y la remitió al Poder Ejecutivo para que sea promulgada en los siguientes días.

La norma, que consta de 22 artículos y disposiciones transitorias, establece que se dará una compensación económica a las personas contra quienes se hubieran cometido actos de agresión psicológica y física en tiempos dictatoriales.

El pago será efectuado a los hombres y mujeres que fueron víctimas de la violencia política entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982. Los beneficiarios serán los directamente afectados, las viudas o viudos y los herederos, siempre y cuando no existan los causahabientes.

Uno de los principales artículos de la norma manifiesta que la compensación máxima será de 60 salarios mínimos a los detenidos de un día a un año. A iniciativa del Movimiento Al Socialismo (MAS) se logró añadir acápites con respecto a las agravantes.

El monto real a pagar será definido próximamente mediante la conformación de una comisión que será liderada por los miembros de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, donde se deberá presentar las solicitudes de resarcimiento.

BENEFICIARIOS

El beneficio será para quienes hayan sido detenidos en una prisión arbitrariamente, torturados, exiliados, heridos con incapacidad calificada o asesinados en el país o el exterior por razones políticas, desaparición forzada y perseguidos por razones político sindicales, conforme establece el reglamento, previa presentación de pruebas a través de los medios idóneos conforme establece la ley.

El artículo 7 de la norma establece que las víctimas de la violencia política serán beneficiadas con atención médica gratuita de emergencia, quirúrgica, salud mental y rehabilitación, en caso de que cuenten con un seguro, así como la provisión de medicamentos y el equipo de rehabilitación física correspondiente.

El resarcimiento se realizará previa calificación técnica y legal, siendo el pago excepcional mayor calificado en 300 salarios mínimos nacionales.

Quienes fueron apresados entre un día y un año recibirán como máximo 60 salarios mínimos. Si fueron recluidos de uno a dos años se les pagará 120 y por más de dos años se cancelará 300 salarios mínimos.

Quedarán excluidos del beneficio los ciudadanos que permanecieron en el exterior hasta el 31 de diciembre de 1983 luego de ser exiliados, las personas que después de la instauración de la democracia hubiesen ejercido la representación parlamentaria por dos o más períodos constitucionales continuos o discontinuos y quienes hubieran cumplido funciones jerárquicas en el Poder Ejecutivo y en el servicio exterior. Tampoco podrán gozar del beneficio los ciudadanos que hayan sido funcionarios públicos jerárquicos o que estuvieran relacionados con los aparatos de represión en los gobiernos de facto, además de los exiliados que no hayan sido privados de libertad y no demuestren haber sido perseguidos por razones político sindicales.

Por su parte, el representante de las víctimas de la violencia política, Raúl Abastoflor, dijo estar satisfecho, aunque no pudieron introducir un artículo para que se pague a los familiares de los damnificados que fallecieron en los seis años de trámite que tomó la aprobación de la norma.

El instrumento jurídico fue aprobado en primera instancia en diciembre del año pasado por los diputados, pero tuvo “ligeras modificaciones” en el Senado, lo que motivó que la Cámara Baja vuelva a considerar el tema.

La democracia cura las heridas que provocaron las dictaduras

La Paz | La Prensa.- Gerardo Hurtado, uno de los cientos de víctimas de la represión política que se desató desde mediados de los años 60 y se prolongó hasta el gobierno de Luis García Meza, en 1980, relató ayer: "Me trajeron del Beni a las cuatro de la mañana y me internaron en un campo de concentración en Achocalla. Luego me enviaron al DOP y me trasladaron a Viacha, al cuartel Bolívar, donde me desnudaron...". Igual que Hurtado, decenas de personas -ahora de la tercera edad- escucharon ayer con emoción contenida la decisión de la Cámara de Diputados que, por unanimidad, sancionó la Ley de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política. Cuando el presidente de la Cámara Baja, Óscar Arrien Sandóval, declaró aprobada la nueva norma legal, un coro de satisfacción se escuchó en la parte alta del hemiciclo parlamentario y uno de los presentes agradeció "en nombre de mis compañeros, este acto de justicia para quienes luchamos contra la dictadura y por la democracia. Muchas gracia a todos ustedes por haber actuado en beneficio de nuestro país. ¡Viva Bolivia!". El trámite para la aprobación de la norma se inició hace más de seis años y, en el camino, tuvo que superar muchas dificultades. Según el principal dirigente de los víctimas políticas Raúl Abastoflor, en el país existe alrededor de 2.500 personas que deberán demostrar que fueron sujetos de la intolerancia que gobernó durante las dictaduras de los generales René Barrientos, Hugo Banzer y Luis García Meza, entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982. BENEFICIARIOS La norma indica que se resarcirá a las víctimas de los actos de violencia cometidos por los agentes de gobiernos inconstitucionales. Los beneficiarios directos son los ex presos políticos o las viudas o viudos y/o herederos de quienes fallecieron como consecuencia de la represión política.

hipocresía. desarrollo alternativo? olvidan los masistas que dieron fin con todos los proyectos que la ayuda internacional puso en marcha alternativos a la hoja de coca? es aullido de lobo en noche estrellada que nadie escuchará

En un esfuerzo por contener el crecimiento de cocales en Bolivia, el presidente Evo Morales ha pedido ayuda económica a la Unión Europea para fomentar el desarrollo agrícola en dos zonas de cocales, según informó hoy el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

"El presidente (Morales) ha pedido a los sindicatos (cocaleros) hablar solo de proyectos productivos y con esa voluntad que tiene, gestionó y está por concretarse una ayuda de 40 millones de euros para apoyar la producción agropecuaria" en zonas cocaleras, expresó Cáceres, como encargado de la lucha contra la coca excedente y el narcotráfico.

Cáceres dijo que aunque no hay un cultivo que pueda sustituir los ingresos económicos de la coca con tres cosechas al año, el gobierno busca fomentar en las dos zonas cocaleras del país la siembra de bananos, cítricos, palmito, cacao "que tienen mercado asegurado".

Estados Unidos financió por dos décadas cientos de millones de dólares en un programa que fomentaba otros cultivos a cambio de reducir la coca. No tuvo éxito entre otras razones porque los combativos sindicatos cocaleros dirigidos por Morales resistieron a sangre y fuego esos planes que buscaban eliminar la planta.

A finales de 2008 el gobierno de Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg y a la DEA de la que dijo que jamás volverá mientras él siga como presidente.

El propio Morales, durante un concentración el domingo llamó a los cultivadores de esa hoja, materia prima de la cocaína, a sembrar otros productos.

"Si nosotros fracasamos, volverán los gringos (Estados Unidos) con la erradicación forzosa (de coca) y usarán a policías y militares", dijo Morales en el Chapare, su bastión político, al instar a los cocaleros a no expandir la coca más allá de una parcela de 1.640 metros cuadrados por cada campesino, que él conquistó para su región en 2004 antes de llegar al gobierno.

El plan pacífico de reducir los cultivos con los sindicatos parece no haber funcionado ante recientes denuncias de un incremento de la coca y el narcotráfico en el país.

En su último informe 2009 la ONU dijo que la coca se incrementó en 1% hasta alcanzar 30.900 hectáreas y por tanto también la capacidad potencial de elaborar cocaína en el país. El informe del 2010 ha sido postergado para agosto. De esa extensión el gobierno permite los cultivos en unas 20.000 hectáreas, cuya producción se destina al consumo interno, como parte de la tradición de masticar la hoja de coca para mitigar el hambre, el mal de altura en las cumbres andinas y para beberla como infusión.

Cáceres explicó que en el primer semestre del año se erradicaron 5.158 hectáreas de cultivos de coca excedentarios a los permitidos y que la meta es llegar hasta fin de año a 10.000 hectáreas.

Entre enero y junio la policía capturó a tres presuntos narcotráficantes --un brasileño y dos colombianos--, destruyó cinco sofisticadas factorías para purificar cocaína, confiscó casi 12 toneladas de la droga y detuvo a 1.836 personas, de ellas 1.650 bolivianas, 47 peruanos, 33 colombianos, 19 brasileños, 19 españoles,9 chilenos y 6 mexicanos, explicó Cáceres.

El objetivo de Morales es estabilizar la coca en 20.000 hectáreas destinadas a usos tradicionales en el país.