algo huela mal al reventar el puchichi (la ampolla cargada de pús) Misicuni naufraga, sostiene Estremadoiro cuando reclama premio para Los Tiempos y sus periodistas que corren el telón del escandalete de MISICUNI

Misicuni es una zanahoria que viene engañando a un pueblo “en cuyas espaldas se pueden sembrar nabos”

Reventó el puchichi y algo huele mal en Cochabamba. El Proyecto Múltiple Misicuni naufraga en arrecifes de una estafa al Estado de más de 23 millones de dólares. Misicuni es una zanahoria que viene engañando a un pueblo “en cuyas espaldas se pueden sembrar nabos”, alusión de un primer mandatario ‘cochala’ no tanto a la falta de agua, sino a la pasividad valluna. Tanto que el vulgo lo ha bautizado de ‘asicuni’, que en quechua me dicen significa ‘que hace reír’. Cómo no, si ya era panacea regional cuando retomamos nuestra residencia en la Llajta, hace treinta y tantos años.

Los Tiempos merecería un premio. Con mayor razón se debería honrar a los periodistas que hace varios domingos desgranan este escandalete, sin que los ‘llajtamasis’ se preocupen del tema, tal vez porque están digiriendo su caldito de ‘k’awi’ o toca a algún conocido la penosa cuestión de aporrear a las mujeres, cuando no algún feminicidio. El que quizá la pasa mal es el Gobernador Novillo, a quien la reta del Presidente por la baja ejecución de presupuesto y, quisiera pensar, la comedia de Misicuni, provocaron un infarto cerebral. Si dejan libres de pena y culpa a fiscales y actores claves del atropello de Chaparina, de seguro mediante preocupadas llamadas telefónicas o convocatorias amenazantes, ¿cómo se les escurrió entre las piernas semejante pelotazo?

Dicen los periodistas que la pregunta grande es: ¿cómo un grupo de constructoras eludió el control estatal, tan eficaz en otros casos, principalmente de acoso a opositores? Surgen otros cuestionamientos, quizá menudos pero no menos urticantes, intrigantes y sugestivos.

El grupo de constructores estaba constituido por una empresa italiana que puso la cara –léase el currículo–, dos empresas colombianas, dos venezolanas y una boliviana. Mediante un contradocumento, el Anexo 16, resulta que la empresa italiana que poseía el know-how renuncia a las utilidades a cambio de una ‘prestación’ –léase ‘coimision’– de 4 millones y medio de verdes, comprometiéndose “a otorgar el currículo y toda la documentación requerida en el pliego de especificaciones de la licitación señalada”. ¿No es esto urticante, cuando no ilegal? Si para montos menudos de cientos de miles los bancos exigen ser notificados de cambios en la composición accionaria, ¿no es intrigante que tratándose de decenas de millones de dólares el Estado siguió ignorando el Anexo 16, si es que le notificaron?

¿Cómo es que una empresa boliviana entra a un negocio, –léase negociado– de 84 millones de dólares con un capital de 10.000 bolivianos, menos de 1.500 dólares, recibiría el 30 por ciento de la ganancia, el mayor pedazo de la torta? El accionista boliviano ni siquiera entró en el pago de la ‘prestación’ a la empresa italiana que puso el currículo… ¿No es esto sugestivo? En su informe la Contraloría señala que los ejecutivos de la Empresa Misicuni conocían de los acuerdos internos del consorcio de maleantes. No se menciona la responsabilidad de un expresidente de la Empresa Misicuni (hasta 2013), que incluso aseveró que la salida de la constructora italiana no afectaría al proyecto, agüita fresca y la sed de lucro que motivaba a los restantes del Consorcio, que quizá no sabían distinguir un fierro de una de uno de media. Sugestivo.  

Si bien los portales de las empresas del Consorcio estaban inactivos desde 2012, bastaba una revisión por Internet para tomar cuenta del sórdido desempeño de algunas, incluyendo la italiana, en obras en Venezuela y Colombia. ¿Acaso no intriga que no se hayan dado cuenta al revisar pliegos en la Empresa Misicuni? Si en 2011 la Empresa Misicuni fue alertada de la “total iliquidez” del consorcio, sugestivo, que además incumplía con la incorporación de equipos, provisión de materiales, se notaba baja productividad, y cuando sus planillas deberían ser de 2 millones ni llegaban a menos de la mitad. Urticante.

Un notable ingeniero cuestiona el informe de la Contraloría, entre otras cosas, por no establecer indicios de responsabilidad civil, penal, administrativa y ejecutiva por el daño económico causado por el consorcio de vivillos. A mí me late que la razón es que hay que buscar beneficiarios de la estafa más arriba. Al cabo se usaron 5 millones de dólares para comprar maquinaria que las empresas ya tenían. ¿No sería otra ‘maquinaria’?  

Megaproyecto múltiple el de Misicuni –riego, agua potable y electricidad, a los que se podría añadir turismo y pesca–quizá será realidad cuando no hayan predios que regar, salvo minúsculos jardines; cuando el agua potable llegue y los munícipes despierten a la realidad de que no hay conductos, que las cañerías están tan viejas que se pierde la mayor parte del líquido elemento; que los aguateros se declararán en huelga de hambre por la pérdida de ‘sus fuentes de trabajo’. La energía eléctrica, bueno, se la exportaría a Brasil; si es que el Canciller deja de organizar ‘ajtapis’ y se acuerda de que no hay convenios bilaterales y así patalee su pachamamismo, las represas hidroeléctricas del río Madeira van viento en popa a toda vela.

¿Acaso Bolivia no es un país corroído por la imprevisión, la impostura y la corrupción?

El autor es antropólogo.

alega Chile. estamos cumpliendo el Tratado de 1904 al mejorar la comunicación férrea Arica La Paz, declaró el Canciller Riveros quién recorrió un trecho de la vía con locomotoras modernas. Fides y la foto de la cancillería de Santiago

El Ministro interino de Relaciones Exteriores de Chile, Edgardo Riveros, acompañado de las principales autoridades regionales, participó este mediodíadel lunes, en la ceremonia de entrega de dos nuevas locomotoras para transporte de carga que operarán el servicio del Ferrocarril Arica-La Paz.

Este es un paso importante para la recuperación total de esta vía férrea, que resultó gravemente dañada tras el terremoto que afectó a Arica y sus alrededores en marzo del presente año.

Durante su intervención, el Canciller (s) señaló que esta acción se inscribe "en el compromiso de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet con el plan especial de desarrollo para Arica y Parinacota, que ella anunció en el mes de junio pasado".

Recordó además que mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1904, Chile se comprometió a construir el ferrocarril de Arica al Alto de La Paz y a transferir, posteriormente, la propiedad de la sección boliviana a ese país. "Junto a ello hemos realizado los esfuerzos necesarios para mantener la sección chilena del ferrocarril en funcionamiento, de ahí la inversión en las reparaciones de la línea y en estas nuevas locomotoras", destacó.

Agregó que la reparación y renovación de esta vía férrea "busca complementar las facilidades que entrega el Régimen de Libre Tránsito establecido a favor de Bolivia por territorios y puertos chilenos, garantizando el acceso de este país al mar".
Actualmente Bolivia realiza el 40% del comercio que se origina o está destinado a países no vecinos a través de este puerto, siendo el Ferrocarril Arica - La Paz una herramienta importante para este comercio que, en los últimos cinco años, aumentó en 132% su movimiento de carga por puertos chilenos.

Al término de la ceremonia, las autoridades efectuaron un recorrido en el tren hacia el sitio arqueológico Colcas de Huaylacan.

Las locomotoras, de motores diésel de 1.850 hp, cuentan con tecnología de punta como un microprocesador que entregará al conductor información en línea respecto al funcionamiento de la máquina. Asimismo, incorporan frenos electrónicos que aumentarán la confiabilidad en la operación, características que, en conjunto, mejorarán el desempeño y reducción de los costos de operación del servicio.

el yaraví es aquel "canto triste que resuena en lo más hondo del alma..." apelación de Estremadoiro para referirse a los caballos importados por 15 millones de dólares por Evo Morales, claro que Winston ni siquiera lo nombra, pero todos saben que se está refiriendo al comprador de la caballada..."y perder hace la calma a quién óyelo una vez", el yaraví la protesta por el malgasto, la iniquidad

Así hubiera el Gobierno publicado minúsculos desmentidos, me regodeé en una noticia curiosa. El presidente perpetuo habría gastado $15 millones de dólares en comprar caballos argentinos para los nueve regimientos de caballería del Ejército. No me enteré de la respectiva licitación pública requerida por ley, ni sabía que había tantos regimientos a caballo, escribí.  

Un amigo se acordó de su padre "burrero" en tiempo de haciendas e hipódromo cochabambinos, donde los pudientes exhibían y hacían correr sus cuadrúpedos. La sociedad por acciones del hipódromo puso lama con mezcla de cascajo en la pista y se enfermaron los caballos. El papá de mi amigo tenía más de seis equinos importados de Brasil; entonces un conocido piola que había comprado en Chile una tropilla a precio de gallina muerta le convenció de comprarse uno: tenía anemia infecciosa equina, enfermedad mortal de fácil contagio. Murieron sus caballos y se esparció la enfermedad. Resultado de tal epidemia, "en los predios del hipódromo están enterrados media centena de caballos", me dijo mi amigo. Pensé que tal vez sería mejor destino, al que la donación de Patiño acabe como propiedad de pocos, que ya han vendido pedazos a un supermercado, a una clínica, construido una lujosa sede social "privada" y alojan a unos cuantos "sunichos".
Metiendo la cuchara en el desaguisado del Club Hípico y la Octava División de Santa Cruz de la Sierra, con respecto al alojamiento de tamaña tropilla, cavilé que son muchos 1.500 equinos en cuatro hectáreas, que comen heno quizá también de pampas argentinas; orinan y cagan, aparte de que hay que bañar y cepillar antes que las garrapatas los desangren. Tantos rijosos potros parados hocico con cola en cuatro manzanas urbanas: ojalá que no hayan yeguas, pobrecitas, en el tropel. ¿Y qué si salen a galopar por el vecindario? Como en las paradas militares, no faltaría uno que depositase bosta en la calle, que no es inodora caca de ángel, por si acaso. Con razón vecinos de la zona plantean un parque de arboledas y banquetas, a los que ahora se adhieren "movimientos sociales". Apuesto que ni un regimiento de policías militares podrá impedirlo. Ni Club Hípico "fufurufo" ni Escuela Militar obsoleta, me adhiero.

Me acordé de la invasión de Polonia por Alemania en 1939, que empezó la II Guerra Mundial. La caballería mecanizada de tanques Panzer nazis despanzurró a la caballería polaca, en lo que fuera postrer embate de la romántica forma de guerra de siglos pasados. Después recordé a los soviéticos: aguantaron la arremetida de la Blitzkrieg, entrenando perros cargados de explosivos para correr y morir despedazados debajo de los tanques nazis. ¿No sería acaso más heroico a que los degüellen los Ponchos Rojos en Achacachi?      

Mi suspicacia con gastos a dedo, más aun si son de todopoderosos aplacando a los dueños de los fierros, me impulsó a mayores averiguaciones. Me dijeron que un pura sangre argentino se conseguía por cinco mil dólares. ¿Para qué está la internet? Miré precios, con foto, certificaciones de raza, vacunas y todo, en España y Argentina. En la una, los pura sangre variaban entre $us 765 y algo más de $us 4.463 dólares; en la otra, los ofrecían a partir de mil dólares hasta poco más de $us 3.500. Después me enteré que ni siquiera de requerían pura sangre. Bastaba y sobraba con caballos Fina Sangre, que además son más baratos. Nada parecido a diez mil dólares por caballo, tal vez con premio y todo, para la futura Escuela de Caballería Marceliano Montero, a ubicarse en la mancha urbana de la pujante Santa Cruz de la Sierra.

¿Cuántos hospitales se equiparían con quince millones de dólares?, pregunté a un amigo médico. Bueno, tres de segundo nivel para poblaciones intermedias. Uno de tercer nivel como el Viedma, listo para ocuparse, construcción y equipamiento incluidos, costaría unos doce millones de dólares; por $us 15 millones se le pondría una división completa de diagnóstico por tomografía. Más aún, "por 15 millones de dólares se podría construir y equipar un hospital de cuarto nivel, es decir con todas las especialidades de la medicina, una bomba de cobalto y los equipos de tratamiento contra el cáncer incluidos, que alivien un atestado hospital Oncológico donde cuesta un montón de dinero someterse a un tratamiento de radiación", me dijo.

Me refugié en Jenny Cárdenas, cantante y musicóloga, no por deleitarme en su música o conocerle personalmente, sino por un artículo suyo vinculando el yaraví andino y el bolero de caballería, ambos ramas de nuestro variopinto ancestro criollo y mestizo. El uno llamado también "triste" y el otro con la cadencia solemne de despedir a quienes partían a defender la patria. Son versión musical boliviana del heroísmo sin sentido de tropas de caballería de siglos pasados. Pensé en la desastrosa carga de la caballería inglesa en la batalla de Balaclava en 1854, de la que su poeta Tennyson escribió no sé si glorificándola o lamentando la triste futilidad de la guerra: "¿Cómo podría palidecer su gloria? ¡Oh, la salvaje carga que hicieron!".

Se me vino a la cabeza la imagen de obsoletos tanques austriacos y unas centenas de caballos argentinos del Ejército boliviano, enfrentando a tanques Leopard alemanes en una imaginaria invasión chilena en el altiplano. Aunque triste y asqueado, definitivamente prefiero parques a caballos, talleres a satélites, hospitales a mentirosas casas del pueblo.

Adela Jordán, hermana del ex-presidente René Barrientos es propietaria (su familia) de 150 hectáreas de terreno por el que pasará la carretera Santa Bárbara Quiquibey. la Administración de Caminos le ofrece UN BOLIVIANO por metro cuadrado, ella asegura que una hectárea vale 30 mi dólares en Coroico. la quieren echar del lugar y tomarse la propiedad, como acostumbran con el Derecho Propietario.

Adela Jordán, miembro de la familia a la cual los campesinos de Coroico quieren expulsar por supuestamente entorpecer la construcción de un camino, aseveró que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) le quiere pagar Bs1 por cada metro cuadrado que necesita de su propiedad para concluir la carretera Santa Bárbara-Quiquibey.

“¿Sabe cuánto nos están pagando el metro cuadrado de línea de camino? 1 boliviano y a los campesinos también 1 boliviano. Y ¿Sabe cuánto está una hectárea en Coroico? 30 mil dólares”, afirmó Jordán en entrevista con la Red ERBOL.

Ayer, el ejecutivo de la Central Agraria de Trabajadores Campesinos de Coroico, Guido Aduviri, informó que su organización determinó expulsar a dicha familia porque pidió una suma alta de indemnización por su terreno.

La dueña del predio precisó que la empresa estatal le solicitó 80 metros de su propiedad para la carretera.

Añadió que ayer tuvo una reunión con el ministro Vladimir Sánchez y los campesinos donde le propusieron firmar un acuerdo al que su familia se negó. En cuanto, a la suma de dinero exigida como indemnización, Jordán señaló que está dispuesta a negociar.

Pagan Bs581 de impuestos

Adela indicó que su familia tiene un terreno de 150 hectáreas por el cual pagan un impuesto anual de 581 bolivianos. Ella misma calificó de “ridícula” esa cifra.

El Deber se muestra optimista, el Mutún puede ser una realidad con la plata de China y su préstamo de 405 millones de dólares (a qué rango de interés?) no lo dice, y la formación de personal en la China. no compartimos tal grado de optimismo, porque si no marchó con Jindal, fue por falta de combustible, porqué entonces habrá combustible ahora y no antes?

La industrialización del Mutún ha vuelto a ser noticia después del anuncio de la aprobación de un crédito para ese fin, por parte de China Popular. En este contexto, todo hace prever que el Estado se hará cargo, de la manera más directa posible, de la producción industrializada de hierro, con otros objetivos, otros instrumentos institucionales y con menos fanfarria político partidista. Este proceder se ha visto como una obligada nueva forma ante el decepcionante proyecto con la empresa india Jindal. Sin duda, ambas partes han cometido errores y faltas al contrato, pero más la nacional, quizás por ello el arbitraje internacional ha favorecido a la Jindal en primera instancia.

Por lo visto, recién se ha tenido que asumir que la industrialización debe considerar, al menos en el corto y mediano plazo, la prioridad que merece la satisfacción de la demanda interna antes que la externa. Un sereno análisis del proceso ha puesto en evidencia que pasar por alto este criterio ha sido el inicio de una serie de problemas y confrontaciones técnico financieras entre la Empresa Siderúrgica del Mutún y la Jindal. En tal sentido, impresiona como alentadora la iniciativa de instalar en una primera fase, una miniacería en el Mutún, con apoyo de socios estratégicos confiables que hagan realidad, de una vez por todas, un anhelo regional que ya lleva décadas esperando.

Sin duda, la inicial producción de ciento cincuenta mil toneladas anuales de acero que se anuncia desde las esferas oficiales, requiere de la inyección financiera que China Popular ha accedido a otorgar. Con el crédito de cuatrocientos cinco millones de dólares para Bolivia, se pretende construir, instalar y poner en marcha el proyecto siderúrgico en el Mutún. Resulta sugerente también, que exista un plan para los recursos humanos. Al menos los profesionales que van a tener a su cargo el proyecto con China serán beneficiados con la correspondiente especialización en sus áreas respectivas. Esto significa que quizás la carencia de especialistas haya contribuido al fracaso anterior.

Esta nueva experiencia con China impresiona como alentadora, al menos desde el punto de vista de los logros, entre los cuales corresponde destacar el satélite boliviano de telecomunicaciones Túpac Katari. Conviene dar paso a la esperanza y augurar que el nuevo proyecto ponga en marcha la industria siderúrgica en el país. Si se considera que el Mutún y su explotación constituye una esperanza de fuentes de trabajo en la región, convendría que se inicie un proceso de formación y capacitación de recursos humanos nacionales no solo en obra de mano calificada, sino en todas las áreas, de modo que los pobladores se vean  beneficiados con la fuente de ingresos que mejore su nivel de vida.

Se hace preciso insistir en que la explotación del Mutún deviene no solo en un preciado anhelo regional que ya es hora sea hecho realidad, sino en una incontestable responsabilidad del Estado para hacer acto de presencia en las fronteras, su resguardo y protección. Una simple reflexión sobre este aspecto muestra cuánta falta hace. La creación de un foco de desarrollo en el Mutún tiene que cambiar, por la fuerza de las circunstancias, un panorama que hasta ahora ha resultado desalentador para los propios habitantes del lugar y el país. Ante tantos deplorables antecedentes, se espera que el apoyo de China al Mutún haga posible la ansiada industrialización del hierro boliviano.

La creación de un foco de desarrollo en el Mutún tiene que cambiar, por la fuerza de las circunstancias, un panorama social y económico que hasta ha resultado desalentador para los propios habitantes del lugar y para el país.

Henry Paredes ha sido un vigía permanente de la ciudadanía dentro de Misicuni. LT ofrece una crónica, bien elaborada del escabroso camino que el proyecto ha recorrido hasta comprobarse que 23 millones de dólares faltan en la Caja. robo escandaloso con la complicidad de personeros de la Gobernación que hasta ahora no están identificados, y que deberían ser nombrados, para quitarles el apoyo y conducirlos a la Justicia en demanda de recuperar, así sea parte del patrimonio del Tesoro.

Aunque la Contraloría General del Estado acaba de emitir el informe que detectó la conformación de una “sociedad ficticia” para adjudicarse la construcción de la represa del Proyecto Múltiple Misicuni (II) bajo el rótulo de Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) aún hay muchas preguntas sin responder para determinar: cómo fue posible que un grupo de constructoras escapara al control estatal y provocara un daño económico de 23,2 millones de dólares.

Los documentos secretos (I)

La Contraloría General del Estado reveló que el CHM elaboró dos contradocumentos sobre la asociación que conformó para adjudicarse las obras del millonario Proyecto Misicuni. Los papeles definieron la participación, responsabilidad y distribución de utilidades del contrato.

Por un lado, CHM se presentó a la Licitación Internacional 02/07 con seis empresas y le otorgó a la italiana Grandi Lavori la participación mayoritaria y liderazgo técnico. Sin embargo, la asociación suscribió un primer contradocumento para aclarar el porcentaje de participación en las utilidades. En el mismo, la italiana tiene el cero por ciento de utilidades. En tanto, que “CCI” Comercio Construcción e Industria de Bolivia que entró al negocio de 84 millones de dólares con un capital de 10.000 bolivianos recibiría el 30 por ciento de la ganancia, el mayor porcentaje del grupo.

El contradocumento, hoy conocido como el Anexo 16 dentro de la demanda que el seguro Credinform Internacional inició contra CHM, precisa que Grandi Lavori “no tendrá participación en la Asociación Accidental (…) y como prestación recibirá de CCI y Vialpa, Change Consulting Group y Obresca la suma equivalente al 4,5 por ciento del monto del contrato”. A cambio, la empresa italiana “se compromete a otorgar el currículum y toda la documentación requerida en el pliego de especificaciones de la licitación señalada”.

Antes de la firma del contrato con el Estado boliviano, el CHM firmó un segundo documento interno llamado contrato de colaboración empresarial en el cual se remarcó que el objetivo de “CCI y el Grupo”, que aparentemente deja de lado a Grandi Lavori, es obtener el máximo lucro.

Las implicaciones (II)

A once meses de la resolución del contrato entre la Empresa Misicuni y el CHM, la Contraloría General mencionó en el informe No LX-EP10/A14-F2 la existencia de dos reportes legales sobre el contradocumento (Anexo 16) y el convenio de colaboración empresarial del CHM que llegaron a ser de conocimiento de la Empresa Misicuni.

En su informe la Contraloría señaló que por la correspondencia cursada entre la Empresa Misicuni, el CHM y Grandi Lavori Fincosit se establece que los ejecutivos de la primera conocían los acuerdos internos del consorcio. Sin embargo, por el momento no se ha mencionado la responsabilidad que tendría el expresidente de la Empresa Misicuni, Ramiro Saníz, que hasta 2013 avaló la permanencia del CHM e incluso llegó a aseverar que la salida de la constructora italiana no afectaba al proyecto.

El gobernador Edmundo Novillo que ahora pide ampliar la investigación sobre el daño económico responsabilizó el pasado 15 de julio, durante la firma de contrato para el reinicio de obras con la empresa Camce, a los italianos por los problemas. “Para mí el problema de fondo se origina en que este proyecto estaba condicionado a que se ejecute por una empresa italiana”, dijo.

A pesar de las conclusiones del informe de la Contraloría aún hay temas pendientes como examinar el proceso de calificación, la calidad de la obra y el trabajo de la supervisión.

El asambleísta de oposición, Henry Paredes manifestó que el informe del contralor, Gabriel Herbas, “está bien, pero, deja un sabor amargo”. Pues, se deberían realizar al menos dos auditorías más: a la Empresa Misicuni y a la supervisión.

Las irregularidades (III)

Si bien los contradocumentos que revelan irregularidades en la constitución del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, la empresa a cargo de encaminar la ejecución del proyecto tuvo señales de las anomalías desde un principio, como cuando se conformó una comisión calificadora para una licitación internacional con funcionarios intermedios y se hizo un mal uso del anticipo. Pero, quizá la advertencia más seria que los ejecutivos y el Directorio de Misicuni recibieron y pasaron por alto ocurrió en 2011.

La Empresa Misicuni fue alertada a través del informe CM.GG.0111/2011 por el exgerente Carlos Reyes de que el consorcio se encontraba en una “total iliquidez”. Además incumplía con la incorporación de equipos y la provisión de materiales, baja productividad, cuando debía facturar más de 2 millones de dólares, sus planillas no pasaban de 700 mil dólares.

Cuestionan a supervisión

El presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Aiseme), Gonzalo Maldonado, cuestionó el informe de la Contraloría General del Estado que no estableció indicios de responsabilidad civil, penal, administrativa y ejecutiva por el daño económico ocasionado por el consorcio.

Maldonado preguntó: por qué la comisión calificadora, el directorio o bien el presidente aprobaron al consorcio. Expresó que la comisión calificadora debería haber revisado y verificado la veracidad de la información presentada. La misma instancia debía haber revisado que las empresas cuenten con el equipo mínimo requerido, así como el personal ofertado.

El representante también cuestionó el rol de la empresa supervisora Engevix Caen que comenzó a trabajar un año antes a la firma del contrato y que contaba con un encargado de la administración del contrato.

APUNTES

Líos de empresas

Las sospechas sobre la idoneidad de las empresas comenzaron desde el momento en que las constructoras colombianas y una venezolana consignaron un mismo domicilio legal en Bogotá. Sin embargo, las alertas sobre los problemas que afrontaban las empresas del Consorcio continuaron. En 2010, Vialpa fue denunciada en Venezuela por incumplir con las obras de civiles del proyecto Bus-Caracas y con los aportes laborales de 109 obreros. En Colombia, la empresa Grandi Lavori se retiró en 2011 de un millonario proyecto caminero. El periódico El Tiempo de Colombia dijo que se realizaron fuertes reclamos a la Embajada de Italia por el incumplimiento de Grandi Lavori porque el “contrato le quedó grande”. En todos los casos los portales digitales de las empresas se encontraban fuera de servicio desde 2012.

Uso del anticipo

Los cuestionamientos al Correcto Uso del Anticipo de 18 millones de dólares que recibió el consorcio no son recientes ni se limitan al informe que emitió la Contraloría General del Estado, el pasado lunes 20 de octubre, al establecer que al menos 5 millones de dólares se usaron para comprar maquinaria que se suponía que las empresas ya tenían.

En 2010, la supervisora Engevix Caem, informó en un documento a la Asamblea Legislativa Departamental que sólo el 82 por ciento de los recursos del anticipo tenían algún tipo de respaldo. Luego, en 2011, la gerencia de Misicuni advirtió al presidente de entonces, Ramiro Saníz, y a los representantes del directorio que el consorcio tenía una “total iliquidez” y recomendó analizar la continuidad de las constructoras en el megaproyecto, destinado a reducir el déficit de agua.

El directorio

El asambleísta de oposición Henry Paredes manifestó que los representantes de la Gobernación y de los municipios en el directorio de Misicuni son corresponsables del daño de 23,2 millones de dólares ocasionado al proyecto.

La Empresa Misicuni debía ser una de las más fiscalizadas al contar con 24 representantes de instituciones y organizaciones en el directorio.

Hasta 2011, cuando surgieron más señales de las irregularidades, el directorio estaba presidido por Ramiro Saníz y el ministro de Medio Ambiente, Edwin Laruta. En 2009, cuando se firmó el contrato con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni se encontraba como ministro del área, René Orellana. La Gobernación tenía como delegado a Freddy San Millán. La Alcaldía de Cercado a Hernán Ayala y el Comité Cívico a Gonzalo Maldonado.

El consorcio

Los Tiempos intentó conocer la versión del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni sobre la determinación de la Contraloría General del Estado de procesar a los representantes del grupo por los presuntos delitos de conformación de sociedades ficticias, uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica e incumplimiento de contrato.

Sin embargo, el único contacto del consorcio y hermano del representante, Pablo Rovira, dijo que se pronunciarán posteriormente. Añadió que se defenderán en las instancias que correspondan y dijo brevemente en un contacto telefónico que la empresa italiana Grandi Lavori sí era parte de CHM. Lo último que se sabe es que el consorcio le ha enviado una carta al presidente Evo Morales dando a conocer su versión sobre el manejo del Proyecto Múltiple Misicuni.

el adagio popular "sale el burro y tranca la puerta", vale para Misicuni. el Contralor es quién debería ir a la cárcel, porque ha dejado pasar tanto tiempo y los 23 millones de dólares están irremisiblemente perdidos. si bien puede meter a la cárcel a un par de pinches, los principales están fuera y jamás les alcanzará el brazo de la Justicia. verguenza por un Contralor Herbas, maestro de la inoperancia y retardación.

La Contraloría General del Estado presentó ayer el informe legal sobre la investigación al proceso de contratación del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) en el que se identificó que 5 exejecutivos son responsables de un daño económico al Estado de al menos 23.2 millones de dólares.

La adjudicación de las obras de la represa de Misucini al Consorcio se realizó en 2009.

El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, señaló que tras haber revisado “cajas y cajas” se encontró un contradocumento por el que la empresa italiana Grandi Lavori presta su currículum al Consorcio a cambio de un 4.5 por ciento que le sería pagado en diferentes oportunidades.

El hallazgo de este contradocumento permitió determinar la responsabilidad del CHM en el daño económico de 18.9 millones de dólares por la resolución del contrato, ocurrido en noviembre de 2013, las ampliaciones y el incremento de precios, fundamentalmente. 

A esto se suma los más de 5 millones de dólares por el anticipo otorgado, mismo que no fue invertido en la ejecución de la obra sino en el equipamiento que supuestamente tenían al adjudicarse los trabajos. 

“Cuando se les entrega el anticipo lo que hacen es comprar maquinaria de segunda mano en Estados Unidos haciendo un mal uso del anticipo”, precisó Herbas. 

Esta situación derivó en que el Consorcio no tenga los recursos necesarios para gestionar el proyecto, que haya incumplido el contrato y, consecuentemente, que genere un daño económico al Estado por los dineros transferidos a la Empresa Misicuni. 

En este proceso, inicialmente se encontraron a cinco responsables que deberán responder ante la justicia por cinco delitos.

Martín Francisco Rovira Rada, en su calidad de representante legal del CHM, deberá afrontar los delitos de sociedades o asociaciones ficticias, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado e incumplimiento de contratos. 

Eduardo Gómez Vásquez, en la representación legal de la empresa venezolana Vialpa S.A. (parte del CHM), Raúl Nemtala Caballero, representante legal de la empresa Construcciones Comercio e Industria (CCI Bolivia) y Julio Hernán Espinel Martín, representante de la empresa venezolana de Obras Especiales (Obresca C.A.) son acusados por los cargos de sociedades o asociaciones ficticias, asociación delictuosa y falsedad ideológica. 

Mientras que Francesco Senis, en su calidad de representante de la empresa Constructora Grandy Lavori incosit (Spa), es acusado por el delito de sociedades o asociaciones ficticias. 

“La pena por este tipo de delitos va de 2 a 8 años de privación de libertad”, informó el subcontralor general del Estado, Henry Ara.

Aclaró que entre hoy y mañana se presentará la denuncia ante el Ministerio Público, donde la Empresa Misicuni debe constituirse en parte querellante y la Contraloría realizará el seguimiento respectivo.

El total del daño es de 83.4 millones de dólares y no 23.4 

Gonzalo Maldonado 

Presidente Ingenieros Eméritos

Los ingenieros eméritos hicimos conocer nuestra opinión, tanto a la Contraloria como a la Empresa Misicuni, con relacion a la mala calificación que realizo la Comision responsable del proceso de contratación, porque no solo podian estar comprometidos los ejecutivos del Consorcio, sino las autoridades de la Empresa Misicuni.

Respecto al daño económico, la supervisión no debió aceptar la compra de maquinaria de segunda mano, por lo que calculamos un daño de 6 millones de dólares.

Asimismo, por la iliquidez financiera se tuvo que ampliar el plazo, sus efectos fueron que la Supervisión tuvo que ser contratada por 2.9 millones de dólares para continuar dirigiendo la obra. Pero, además, el daño económico se amplía a la pérdida por día que no funcionó la planta hidroeléctrica, que tenía que generar 135 mil dólares diarios, y en los 11 meses de retraso sumarían los 44.5 millones de dólares. 

Para reanudar la obra, los nuevos precios de la construcción requieren un incremento de 30 millones. Por tanto el monto total de daño económico es de 83.4 millones de dólares.