Erika Brockmann recuerda su activa participación al menos en dos grandes combates. La Guerra del Agua, que desbarató la privatización del líquido elemento y la financiación del PMM (Misicuni) ni uno ni otro lograron éxito y ambos son motivo de desilución para el pueblo de Cochabamba. esos apuntes ayudan a entender la historia de hoy.

Cuando de lucha contra las transnacionales y la privatización de servicios básicos se trata no hay voz que se precie de "progresista” en  el mundo, que omita la mención a la "Guerra del Agua” como un hito emblemático y emancipador. 16 años después, evoco esos días y todo indica que los más pobres aún carecen de agua o pagan por cada turril más que el tarifazo impertinente que desencadenó la escalada de violencia de abril del año 2000 en Cochabamba. 

El pueblo celebró la salida del consorcio Aguas del Tunari,  la de su máximo ejecutivo inglés, curiosamente apellidado Thorpe, así como  la coronación de Bolivia como abanderada de  los movimientos antiglobalización.

Tres años antes, en 1997, una movilización cívica también contundente a favor de la materialización  del Proyecto Múltiple Misicuni (PMM) que nos traería "agua” dio la victoria indiscutible a partidos alineados a esta promesa. 

No dudo que el clima político electoral  del momento contribuyó a mi elección como senadora de la República de Cochabamba por el MIR, partido que  posibilitó, el año 1992, levantar el veto del Banco Mundial al PMM y viabilizar el primer financiamiento a esta megaobra, ícono de las aspiraciones del pueblo cochabambino y que el primer gobierno de Goni (1993) desahuciara desde un principio. 

El gobierno presidido por Banzer (1997-2002) pagó un alto costo político al honrar la promesa de viabilizar, sí o sí, al PMM, cuya accidentada historia no nos da tregua hasta la fecha. En ese momento, el inconcluso túnel de trasvase y  la incertidumbre desmotivó la presentación de empresas para lidiar con tan costoso y conflictivo emprendimiento. Y es que, por entonces, las reglas financieras neoliberales en auge condicionaban el financiamiento de servicios públicos a la prohibición de subsidios estatales y a su autosostenimiento con el aporte de los usuarios.

En enero de 2000, ante las primeras señales del conflicto y demandas de la Coordinadora del Agua, de nada sirvió la modificación de la ley de servicio de agua potable y del contrato con la polémica empresa,  ni el pedido al Gobierno para que asumiera transitoriamente el costo inicial del indeseado tarifazo, al menos hasta recuperar la confianza en un consorcio satanizado de principio. La expulsión de la empresa era una consigna, era el trofeo a ostentar. 

Hace unos días, un reportaje de Los Tiempos (10/4/16) daba cuenta que una familia del sur  -de la ciudad- que se ducha una vez a la semana gasta un promedio de 40 metros cúbicos al mes. Ello equivaldría a 1.200 bolivianos o al 25% de sus ingresos totales destinados a la compra mensual de agua a la red de 130  cisternas, modalidad de distribución ya vigente antes del conflicto. 

Nos enteramos que la empresa descentralizada del servicio de agua por cañería abastece al 61%  de los hogares sin garantizar 24 horas de servicio. Desde siempre, en Cochabamba, la escasez crónica de agua alentó su almacenamiento privado y la creación de sistemas vecinales autogestionados y diseminados en toda la ciudad.  

Para colmo, estos días el Gobierno central retiró el financiamiento a la posibilidad de renovar la vetusta red de agua potable y alcantarillado en el centro de la ciudad, imprescindible para distribuir el agua de Misicuni. 16 años después, Cochabamba no ganó la guerra, ganaron los aguateros,  perforistas de pozos, burócratas, especuladores y nuestra incompetencia. Pese a 10 años de bonanza, de inversiones millonarias de dudosa prioridad y calidad técnica, y de subsidios permitidos eso de "agua para todos” es promesa incumplida.

Se equivocan los "guerreros del agua” en sentido de que "todo por lo que se luchó  quedó en el olvido”. A juzgar por el reconocimiento constitucional del acceso al agua como derecho humano, la lucha no quedó en el olvido sino en peores condiciones. Naufragó en la demagogia y la incapacidad a las que nos condenan las frustraciones de las que no aprendemos, la lógica del todo o nada y los mitos a los que nos aferramos.

  

Erika Brockmann Quiroga es politóloga.

de nuevo aplaudir el acierto de Los Tiempos. desde luego el tema de la basura se tiene que asumir en conjunto. los 8 municipios están de acuerdo en ello, aunque de entrada los 7 millones de dólares son absolutamente insuficientes para una planta de incineración de tamaño mediano. el costo fácilmente supera los 30 millones de dólares, por lo que hay de nuevo un tremendo error de concepto que es preciso aclarar.

Referirse al problema del tratamiento de la basura en el eje metropolitano es una rutina anual, pues cada año surgen conflictos en los tradicionales botaderos, que no reúnen condiciones básicas y están saturados, y se difunden noticias en sentido de que la Gobernación y las alcaldías involucradas arriban a un acuerdo para la construcción de un moderno sistema de tratamiento de basura, a ser ubicado en un determinado lugar, adoptando todas las previsiones sanitarias y medioambientales que se requiera para garantizar la salud de la gente. Pero, también anualmente, a las pocas horas de conocerse esta información, las poblaciones circundantes rechazan el acuerdo, amenazan con movilizaciones y sus alcaldes dan un paso para atrás, volviendo todo a fojas cero.

A medida que se repite esta perversa rutina, crecen los conflictos en todos los municipios del eje porque la basura aumenta vertiginosamente, provocando crecientes problemas de salud y contaminación.

Este año se ha repetido esta secuencia tentando a que cada uno de los municipios haga lo que pueda con el problema, pese a que está demostrado que hay avanzadas tecnologías de tratamiento y reciclamiento de basura que son factibles de adoptar siempre y cuando sean los municipios del eje los que las adopten, pues en forma separada es demasiado oneroso.

Por tanto, así como se debe pedir al Gobernador no dejar de lado la política de aunar esfuerzos, a los alcaldes involucrados se debe instar a que subordinen sus legítimos intereses proselitistas y en forma coordinada diseñar una sostenida campaña de información ciudadana sobre el tema.

Si no se va por ese camino, no será raro que la basura termine derrotando a la ciudadanía.

pronto nos ocuparemos in extenso del tema que en 1995 nos llevó a Cochabamba, La Paz y Santa Cruz para plantear la construcción de tres plantas de tratamiento de desechos sólidos domiciliares y que por fin 20 años después empieza a ser entendido.

El Consejo Metropolitano Kanata analizó el proyecto de una planta industrializadora de residuos sólidos, plan que se asemeja a la propuesta que fue presentada por el municipio deCercado.

En dicha reunión participaron el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, y los alcaldes de Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe, Vinto, Capinota y Sacaba.

El alcalde Leyes manifestó su satisfacción por la coincidencia de alinear la propuesta de industrializar los residuos sólidos en Cochabamba, para ello pidió al Gobernador recurrir a un crédito de 7 millones de dólares financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La Gobernación de Cochabamba indicó que cuenta con unos predios en la zona de Cotapachi, lugar en el que se podría ejecutar el proyecto.

Durante la reunión también se analizaron otros temas como el proyecto presentado por el BID denominado “Ciudad Mujer”. José María Leyes dijo que brinda asistencia total a las necesidades que tienen las mujeres en temas de violencia de género. 

Este Consejo Metropolitano aprobó el avance de este proyecto. La autoridad edil señaló que el Gobernador enviará una nota a esta instancia para que se oficialice la intención del municipio y Gobernación para la implementación del mismo.

El problema de la falta de un botadero de basura lo tienen todos los municipios del eje de conurbación.

José Orellana clama acción en materia de Laguna Alalay. Basta de demagogia! exclama desde OPINION y una y otra vez pide al Alcalde, al Gobernador actuar para salvar Alalay, la única laguna de Cochabamba y que debe sobrevivir en base a una labor de salvataje, con suficientes recursos y a la largo plazo como se merece.

El anuncio de la declaratoria de emergencia en la laguna Alalay ya no es novedad. Desde las últimas dos o tres gestiones de Gobierno Municipal de Cochabamba se verifica una irresponsabilidad con el ecosistema. No se priorizan verdaderas acciones prácticas de gestión ambiental. Las autoridades solo se dedican a difundir información de estudios requeridos o de intentos para transformar la zona en un lugar turístico, sin darse cuenta de que ahí habitan seres vivos que necesitan alimentarse, crecer, reproducirse y morir, al igual que los seres humanos.

Un ecosistema acuático urbano como la laguna contiene seres vivos que tienen funciones específicas en el medio acuoso. Este ecosistema necesita un monitoreo permanente, en especial de la calidad del agua y de las fluctuaciones poblacionales de las especies de flora y fauna acuática. Se debe prevenir los posibles impactos ambientales por disposición de residuos sólidos y líquidos en los alrededores. Se debe garantizar el ingreso permanente de agua fresca y de calidad aceptable para una renovación según el ciclo del agua (oxigenación). Finalmente, para estabilizar el ecosistema urge compatibilizar la capacidad de carga abandonando gradualmente las actividades antrópicas que se verifican en los alrededores.

Todo ello es importante para la laguna y ya basta de demagogia de las diferentes gestiones de Gobierno Municipal que no priorizan verdaderas acciones de gestión y que todo el tiempo están demandando estudios técnicos que lo único que hacen es decir qué se debe hacer. La urgencia es implementar acciones concretas y la Alcaldía tiene el rol fundamental de gestión. La Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba debería ocuparse de proponer fuentes de financiamiento para la implementación de proyectos concretos y el Ministerio de Medioambiente de propiciar el reconocimiento del rol ambiental de la laguna y declararla como un ejemplo de gestión ambiental urbana.

Señor Alcalde y señor Gobernador: cumplan sus funciones según sus competencias específicas o de lo contrario den paso a gente especialista que sabe cómo implementar esas acciones técnicas. Liberen los cargos técnicos a quienes pueden llevar con éxito las funciones, y no se constituyan en obstáculos para mejorar la calidad ambiental de la ciudad. No por nada existe un dicho popular: “Al César, lo que es del César”.

con tacto, pero con precisión Los Tiempos puntualiza el estado del proyecto "Tren Eléctrico" que está simplemente paralizado. no hay progresos y las dudas invaden el ambiente de la incumpllida promesa presidencial. las preguntas básicas no han sido aún y la incertidumbre persiste.

Un mes más ha transcurrido y ninguna de las dudas ha sido absuelta, lo que hace temer que el proyecto no esté bien encaminado

Hace un mes, el 15 de febrero, tenía que haber comenzado la construcción del tren metropolitano de Cochabamba. La fecha fue fijada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Mopvs), pues se daba por supuesto que cinco meses –los transcurridos entre septiembre, cuando se firmó el contrato con la empresa española JOCA Ingeniería y Construcciones S.A. y febrero–, serían suficientes para tal efecto.

Como se recordará, sin que medie explicación alguna las obras no se iniciaron en la fecha prevista. Desde entonces, tampoco ha habido alguna información clara que dé cuenta de las razones de la paralización del proyecto. Por lo poco que se sabe no se ha superado ninguna de las deficiencias oportunamente denunciadas.

Desde el punto de vista legal, se mantiene en duda la real naturaleza del contrato suscrito en septiembre pasado. En lo financiero, no hay ningún dato que avale la seriedad a las supuestas ofertas de financiamiento presentadas. Y en lo que a los aspectos técnicos se refiere, no se ha despejado ninguna de las dudas que pesan sobre la real experiencia y capacidad de la empresa española.

Lejos de haberse despejado, las dudas sobre el carácter del contrato vigente se incrementan a medida que pasa el tiempo sin que se proporcione información fidedigna sobre los términos pactados.

Muy ligada a lo anterior está la incertidumbre sobre el financiamiento. Según informes oficiales, el tema está estancado en el gabinete ministerial, pues los ministerios involucrados no terminan de elegir la mejor entre tres opciones que supuestamente habrían sido presentadas por JOCA. Se afirma que esa empresa obtuvo los 504 millones de dólares de “organismos privados”, pero no se revela la identidad ni el origen de los mismos.

Y desde el punto de vista técnico, el panorama es aún peor, ya que JOCA no ha presentado ni una sola prueba que avale sus afirmaciones acerca de su experiencia en el rubro ferroviario y su solvencia técnica en general. Sus ejecutivos aseguran que JOCA construyó trenes metropolitanos, pero no indican en qué ciudad ni cuándo ni cómo lo hicieron o, por lo menos, en qué consistió su participación.

En medio de ese panorama donde la escasez de información deja amplio lugar a las dudas, ha habido una excepción. JOCA ha dado a sus socios y clientes una buena noticia. Es que ha logrado hacerse merecedora del sello de  “Pyme Innovadora”, una especie de estímulo que es otorgado por el gobierno español a las pequeñas y medianas empresas que hayan hecho algún esfuerzo para mejorar su competitividad.

La noticia es buena para JOCA, pues, entre otras ventajas, la condición de “Pyme Innovadora” le permitirá beneficiarse con una serie de medidas de estímulo ofrecidas adoptadas por el gobierno español para evitar la quiebra de pequeñas y medianas empresas afectadas por la contracción económica que sufre ese país.  Lo que no queda claro es en qué ayudará eso a la buena ejecución del tren metropolitano de Cochabamba.

Por tanto, las preguntas que se hicieron desde el 14 de septiembre pasado se mantienen.

En la medida en que el ingreso al campo virtual significa encontrarse con infinidad de seres humanos, un aspecto importante de este proceso de cambio es que quienes nos siguen nos hagan llegar sus críticas y sugerencias.

Nuevos tiempos en Los Tiempos

con moderna tecnología

Participar en el mundo virtual significa responder en forma adecuada a los desafíos que permanentemente nos plantea este nuevo e infinito espacio de comunicación. Así se entendió en Los Tiempos cuando en 1996, hace ya 20 años, fue la empresa periodística que inauguró en el país la difusión de información a través de ese nuevo soporte.

Ahora hemos encarado un proceso de reajuste, reforma y rediseño de ese nuestro espacio, manteniendo inalterables, por un lado, los principios de ofrecer a nuestros lectores, hombres y mujeres (ahora denominados en las redes “usuarios”), una información documentada y una opinión plural que les ayude a comprender mejor la realidad y, por tanto, tengan mejores instrumentos para adoptar correctas decisiones. Por otro lado, facilitar lo más posible el acceso a nuestro espacio virtual, así como la “navegación” en él.

Se trata de un proceso que no termina con su puesta en marcha, sino que continúa con la labor de perfeccionar los aspectos periodísticos y técnicos. Además, lo hacemos en circunstancias en los que en todo el planeta se debate la forma de adecuarnos a los nuevos retos de la tecnología y la cada vez mayor participación de la ciudadanía en el proceso de seleccionar, elaborar y difundir información, al mismo tiempo que también se requiere desarrollar capacidades para poder separar la mies de la paja sin afectar el derecho humano de emitir mensajes a través de este espacio.

Desde otro enfoque, esta nueva etapa en la vida de lostiempos.com responde, sin duda, a nuestro deseo de retribuir a nuestros lectores y usuarios su lealtad y clara preferencia, que nos obligan, tanto en el soporte impreso como en el digital, a ofrecerles siempre un servicio informativo de alta calidad y fácil acceso. Esto nos exige, obviamente, ratificar nuestra profunda convicción de que somos buscadores, de la mejor manera y con la debida profundidad, de la verdad y no creer que tenemos la verdad, ni convertirnos en jueces ni fiscales. Es decir, queremos ser periodistas a carta cabal, capaces, además y en directo contacto con la sociedad, de ayudar a la defensa y mejora del bien común.

En esta nueva etapa de lostiempos.com pretendemos traducir esas visiones en la selección y forma de difusión de informaciones. Así, además del contenido tradicional de información que será actualizado en forma permanente haremos uso de múltiples plataformas comunicacionales de manera que se combine el texto con la imagen y la voz, y se irá ampliando un útil banco de datos que permita a los usuarios (hombres y mujeres) mayores posibilidades de profundizar en los temas de su interés.

En la medida en que el ingreso al campo virtual significa encontrarse con infinidad de seres humanos, un aspecto importante de este proceso de cambio es que quienes nos siguen nos hagan llegar sus críticas y sugerencias, pues, como el impreso, los tiempos.com también quiere consolidarse como referente no sólo regional sino nacional y mundial. Es decir, incorporando una nueva forma de relacionarnos...

las adjudicaciones directas, el método más seguro de robarle al Estado, cuando se actúa al margen de la Ley. Evo ha sido el artífice bajo el argumento "el que quiere robar lo hace de todas maneras" ahora con el caso Evo-Zapata lo estamos viendo en el caso Misicuni, lo dice Los Tiempos

Al margen de todo lo relacionado con los escandalosos entretelones del caso Zapata-Camce, a uno de cuyos más recientes episodios se refiere nuestro editorial de hoy, el tema de las adjudicaciones directas de obras públicas ha sido motivo de atención en nuestra ciudad desde hace ya mucho tiempo. En efecto, como es fácil comprobar, es un asunto cuya real magnitud ya había sido advertida con mucha anticipación, pero que recién ahora recibe la atención que merece debido a los condimentos morbosos que rodean el caso más conocido pero no el único ni el peor.

Tanto es así que el principal hilo conductor de la agenda informativa local durante los últimos meses ha sido precisamente la secuela de daños y perjuicios ocasionados por las obras arbitrariamente adjudicadas, medidos en términos de sobreprecios, incumplimiento de plazos y pésima calidad de las obras ejecutadas.

El tema tiene por otra parte largos antecedentes en nuestro departamento, pues al caso Misicuni se suman muchos otros. Basta recordar al respecto la abundancia de noticias que sobre el tema se han publicado durante los últimos tiempos en relación a casos como el Hospital del Niño, los puentes y pasos a desnivel en diferentes puntos de la ciudad, el túnel de El Abra o el del instituto de Bellas Artes “Raúl G. Prada”.

Si a ello se suma la ligereza con que se aprueban y descartan multimillonarios proyectos, como el estadio El Batán o el Tren Metropolitano, resulta evidente que con o sin los ingredientes propios de vulgares culebrones, con o sin intereses proselitistas de por medio, el problema es de por sí digno de la mayor atención.