Ahora, cuando han salido a luz nuevos elementos de juicio sobre el como se adjudican las obras públicas, sólo cabe esperar que las autoridades responsables den las explicaciones que Cochabamba se merece
Entre los temas que durante los últimos tiempos más reiteradamente han sido motivo de nuestras preocupaciones expresadas a través de este espacio editorial se destaca el relativo a la manera en que se suscriben multimillonarios contratos con empresas de dudosa seriedad mediante la expedita vía de las adjudicaciones directas. En el caso de nuestro departamento nos hemos referido con especial insistencia al Proyecto Múltiple Misicuni y más recientemente al de la construcción de un tren metropolitano.
En lo que a la empresa española JOCA corresponde, los cinco meses y tres semanas que han transcurrido desde la suscripción del contrato mediante el que se le adjudicó la construcción del tren metropolitano han servido para confirmar que, tal como se temía, esa firma no reúne las condiciones que se requieren para ejecutar una obra a la que se pretende destinar más de 500 millones de dólares. Ha quedado claro que no tiene la solvencia financiera necesaria para obtener los recursos económicos ofrecidos para encarar la obra ni cuenta con la solvencia técnica requerida, pues carece de la experiencia necesaria en el rubro.
Los elementos de juicio que permiten llegar a esa conclusión los ha dado la misma empresa JOCA al no haber sido capaz de presentar ninguno de los estudios que se requieren para una obra de tal magnitud.
En el caso de Misicuni, en reiteradas oportunidades hemos expuesto en este espacio editorial nuestros cuestionamientos sobre la irregular manera en la que se le adjudicó una parte de las obras a la empresa china Camce Engeenering Bolivian Brochs. Cuando se firmó el contrato, dijimos, en estas páginas el 20 de febrero de 2014 bajo el título “Obras públicas y empresas chinas”, que la forma irregular en la que se procedió daba la razón a nuestras preocupaciones sobre “la agilidad con que se suscriben millonarios contratos vía la adjudicación directa y a la creciente frecuencia con que las beneficiadas son empresas chinas”.
Más adelante, el 23 de mayo de 2015, después de exponer con abundancia de detalles los motivos de nuestros cuestionamientos, criticamos muy severamente la condescendencia con que el presidente de la Empresa Misicuni pasaba por alto las múltiples fallas de la china Camce. “Lo menos que podría esperarse es que la empresa constructora dé a través de sus representantes las explicaciones correspondientes y asuma las consecuencias contractuales. Pero esto parece imposible porque ha sido nada menos que el presidente de la Empresa Misicuni quien ha prohibido a los ejecutivos de Camce hacer declaraciones y ha optado por asumir su defensa dedicando a ello sus mejores esfuerzos en vez de dirigirlos a exigir, como correspondería, el cumplimiento de contratos”, manifestamos en esa oportunidad.
Ahora, cuando han salido a luz nuevos elementos de juicio sobre el como se adjudican las obras públicas, sólo cabe esperar que las autoridades responsables de la suscripción de esos contratos den las explicaciones que Cochabamba se merece.
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