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martes, 18 de octubre de 2016

Hugo del Granado (su padre de igual nombre fue un gran amigo nuestro cuando atendió los asuntos jurídicos de Arturo Dabura quién reclamó sus derechos sobre la Fábrica de Llantas Zimeri) es ingeniero químico, uno de los mejor informados del país, se refiere a Huacaya un rico yacimiento de gas natural en plena explotación a cargo de Repsol (la petrolera de Espana) que tiene grandes inversiones en Bolivia. con tacto Del Granado asume que Chuquisaca y Tarija deben continuar debatiendo de cómo comparten la riqueza en el futuro.

Con el resultado exitoso de la perforación del pozo productor Huacaya II las autoridades de gobierno hicieron declaraciones apresuradas, al parecer con la intención de compensar al departamento de Chuquisaca después de haberse dado a conocer los estudios sobre el campo Incahuasi que establecieron que el mismo no era compartido porque estaba ubicado totalmente en Santa Cruz.

El presidente Morales en una conferencia de prensa realizada en la Gobernación de Chuquisaca anunció: “Tenemos un nuevo reservorio Huacaya II que va a incorporar al mercado interno y externo la producción de 3 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), con eso vamos a subir 6.6 a 9.6 MMmcd en el departamento de Chuquisaca (…)”. Y añadió que: “Huacaya II no será ningún campo compartido con el departamento de Tarija, sin embargo, estudios definirán este asunto.” Precisó. (PS 05.10.2016)

Por su parte, el presidente de YPFB manifestó que: “El descubrimiento de los reservorios Icla y H1c en el pozo exploratorio Huacaya II (HCY-II) podrá aportar una nueva producción de 3 MMmcd de gas natural (…)”. En la misma nota de prensa de la Agencia de Noticias de YPFB se lee que: “Actualmente, se perfora el pozo HCY-II en el campo Margarita-Huacaya cuyo objetivo principal es desarrollar las reservas del reservorio H1b y los objetivos secundarios son la investigación y evaluación de los reservorios H1c y H2.”  (04.10.2016 AN YPFB).

En términos simples, se puede señalar que en la formación Huamampampa se encuentran los bloques Margarita y Huacaya, y al interior de estos bloques existen los reservorios conocidos con los nombres de H1a, H1c, H1b y H2. Icla no es un reservorio sino una formación al igual que Santa Rosa o Huamampampa. El pozo Huacaya II no es un reservorio, no es un pozo exploratorio, no es descubridor de nuevo reservorio; es un pozo de desarrollo del campo Huacaya.

Este criterio es totalmente coincidente con lo sostenido por el Director de Repsol en Bolivia Diego Díaz Baldasso (ED 01.10.2015), quien sostuvo que la empresa tenía un plan que comprendía cuatro pozos en Caipipendi, uno de ellos estaba empezando entonces, (se trataba del Huacaya II), porque Repsol creía tener un importante potencial en zonas que todavía no han sido explotadas dentro del área de contrato de Caipipendi. Por lo dicho hace un año atrás, se entiende que el pozo Huacaya II es de desarrollo y no de exploración.

Una vez que fueron descubiertos los campos Margarita y Huacaya al norte, se constató mediante análisis cromatográficos que eran yacimientos compartidos y, como se extendían entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca, era necesario determinar la cifra repartidora para calcular las regalías de cada departamento.

Para tal efecto y después de mucha polémica, el año 2011 YPFB contrató a la empresa Gaffney, Cline & Associates para que determine el grado de participación de los departamentos de Tarija y Chuquisaca en las regalías de los campos Margarita - Huacaya. En marzo de 2012, Gaffney presentó los resultados del estudio estableciendo que “Los reservorios H1a y H2 pertenecen íntegramente al departamento de Tarija y sólo el H1b es compartido con Chuquisaca”. La consultora determinó que el 75.1% de las reservas del reservorio H1b ubicado en el campo Margarita-Huacaya pertenecen a Tarija y el 24.9% a Chuquisaca. Las autoridades y representantes de Tarija ya han afirmado ahora también se trata de un reservorio compartido.

Con este antecedente, fue muy arriesgada la afirmación del presidente Morales, en sentido que el Huacaya II “no será ningún campo compartido con el departamento de Tarija (…)”; aun condicionándolo a estudios posteriores, porque ya está definido por el estudio de Gaffney que el reservorio H1b es compartido y el reservorio H1c que será evaluado e investigado mediante este nuevo pozo con una alta probabilidad, dado este antecedente, de que también sea compartido. También ha ido apresurada la afirmación del volumen que producirá el pozo porque días después Repsol mediante nota de prensa, comunicó que esperaba concluir la perforación del pozo Huacaya II durante el primer semestre de 2017 y solo entonces se podrán hacer las pruebas de producción para determinar su caudal definitivo. (LT 11.10.2016).
En opinión del prestigioso geólogo tarijeño Daniel Centeno, “(…) las regalías del campo Huacaya deben compartirse entre Tarija y Chuquisaca, los del gobierno poco a poco se han ido enredando y cada vez se enredan más (…)  no van a saber cómo salir del problema, no es correcto lo que se está haciendo (…)”. (06.10.2016 Nuevo Sur).

Como se puede observar la información publicada de los primeros resultados obtenidos en el pozo Huacaya II ha tenido muchos errores conceptuales y desde el punto de vista regional e institucional está sentando un mal precedente que puede ocasionar un conflicto interdepartamental por la distribución de regalías entre Tarija y Chuquisaca.

El autor es ingeniero químico y petroquímico.

miércoles, 5 de octubre de 2016

caos en el Transporte público. un Reglamento de Ley que está demorando ya cinco anos en salir a luz. qué pasa! a quién beneficia este desorden?

Una serie de amagos de enfrentamiento entre transportistas de Oruro y Cochabamba, enfrentados por los derechos de uso de paradas en las terminales de buses de ambas ciudades, entre otros conflictos de intereses, ha vuelto a poner en evidencia que uno de los más grandes vacíos legales en nuestro país es el relativo a la regulación de los servicios de transporte público.

Tal situación no es nueva, pues el caos en que está sumido todo el sistema de transporte público a escala nacional, departamental y municipal tiene como causa principal el vacío legal que quedó abierto desde agosto de 2011, cuando se puso en vigencia la Ley General del Transporte No. 165, la que distribuye atribuciones, deberes y obligaciones con alcances muy específicos al Gobierno nacional y a los departamental y municipales.

Según lo que manda la Ley 165, el Gobierno central se debe encargar de todo lo relativo al transporte interdepartamental, los gobiernos departamentales al interprovincial y los municipales del transporte urbano. Distribución de roles diseñada con muy buen criterio para evitar sobreposiciones.

Sin embargo, la aplicación de tan razonable disposición legal quedó condicionada a la reglamentación de la Ley, tarea para la que se fijó un plazo de 120 días. Más de cinco años han pasado desde entonces y todavía nadie sabe qué tareas corresponden a cuál autoridad. Consecuencia obvia de ello es el estado de caos y anomia en el que los transportistas se mueven a sus anchas.