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sábado, 30 de abril de 2016

Erika Brockmann recuerda su activa participación al menos en dos grandes combates. La Guerra del Agua, que desbarató la privatización del líquido elemento y la financiación del PMM (Misicuni) ni uno ni otro lograron éxito y ambos son motivo de desilución para el pueblo de Cochabamba. esos apuntes ayudan a entender la historia de hoy.

Cuando de lucha contra las transnacionales y la privatización de servicios básicos se trata no hay voz que se precie de "progresista” en  el mundo, que omita la mención a la "Guerra del Agua” como un hito emblemático y emancipador. 16 años después, evoco esos días y todo indica que los más pobres aún carecen de agua o pagan por cada turril más que el tarifazo impertinente que desencadenó la escalada de violencia de abril del año 2000 en Cochabamba. 

El pueblo celebró la salida del consorcio Aguas del Tunari,  la de su máximo ejecutivo inglés, curiosamente apellidado Thorpe, así como  la coronación de Bolivia como abanderada de  los movimientos antiglobalización.
Tres años antes, en 1997, una movilización cívica también contundente a favor de la materialización  del Proyecto Múltiple Misicuni (PMM) que nos traería "agua” dio la victoria indiscutible a partidos alineados a esta promesa. 
No dudo que el clima político electoral  del momento contribuyó a mi elección como senadora de la República de Cochabamba por el MIR, partido que  posibilitó, el año 1992, levantar el veto del Banco Mundial al PMM y viabilizar el primer financiamiento a esta megaobra, ícono de las aspiraciones del pueblo cochabambino y que el primer gobierno de Goni (1993) desahuciara desde un principio. 
El gobierno presidido por Banzer (1997-2002) pagó un alto costo político al honrar la promesa de viabilizar, sí o sí, al PMM, cuya accidentada historia no nos da tregua hasta la fecha. En ese momento, el inconcluso túnel de trasvase y  la incertidumbre desmotivó la presentación de empresas para lidiar con tan costoso y conflictivo emprendimiento. Y es que, por entonces, las reglas financieras neoliberales en auge condicionaban el financiamiento de servicios públicos a la prohibición de subsidios estatales y a su autosostenimiento con el aporte de los usuarios.
En enero de 2000, ante las primeras señales del conflicto y demandas de la Coordinadora del Agua, de nada sirvió la modificación de la ley de servicio de agua potable y del contrato con la polémica empresa,  ni el pedido al Gobierno para que asumiera transitoriamente el costo inicial del indeseado tarifazo, al menos hasta recuperar la confianza en un consorcio satanizado de principio. La expulsión de la empresa era una consigna, era el trofeo a ostentar. 
Hace unos días, un reportaje de Los Tiempos (10/4/16) daba cuenta que una familia del sur  -de la ciudad- que se ducha una vez a la semana gasta un promedio de 40 metros cúbicos al mes. Ello equivaldría a 1.200 bolivianos o al 25% de sus ingresos totales destinados a la compra mensual de agua a la red de 130  cisternas, modalidad de distribución ya vigente antes del conflicto. 
Nos enteramos que la empresa descentralizada del servicio de agua por cañería abastece al 61%  de los hogares sin garantizar 24 horas de servicio. Desde siempre, en Cochabamba, la escasez crónica de agua alentó su almacenamiento privado y la creación de sistemas vecinales autogestionados y diseminados en toda la ciudad.  
Para colmo, estos días el Gobierno central retiró el financiamiento a la posibilidad de renovar la vetusta red de agua potable y alcantarillado en el centro de la ciudad, imprescindible para distribuir el agua de Misicuni. 16 años después, Cochabamba no ganó la guerra, ganaron los aguateros,  perforistas de pozos, burócratas, especuladores y nuestra incompetencia. Pese a 10 años de bonanza, de inversiones millonarias de dudosa prioridad y calidad técnica, y de subsidios permitidos eso de "agua para todos” es promesa incumplida.
Se equivocan los "guerreros del agua” en sentido de que "todo por lo que se luchó  quedó en el olvido”. A juzgar por el reconocimiento constitucional del acceso al agua como derecho humano, la lucha no quedó en el olvido sino en peores condiciones. Naufragó en la demagogia y la incapacidad a las que nos condenan las frustraciones de las que no aprendemos, la lógica del todo o nada y los mitos a los que nos aferramos.
  
Erika Brockmann Quiroga es politóloga.

miércoles, 6 de abril de 2016

de nuevo aplaudir el acierto de Los Tiempos. desde luego el tema de la basura se tiene que asumir en conjunto. los 8 municipios están de acuerdo en ello, aunque de entrada los 7 millones de dólares son absolutamente insuficientes para una planta de incineración de tamaño mediano. el costo fácilmente supera los 30 millones de dólares, por lo que hay de nuevo un tremendo error de concepto que es preciso aclarar.

Referirse al problema del tratamiento de la basura en el eje metropolitano es una rutina anual, pues cada año surgen conflictos en los tradicionales botaderos, que no reúnen condiciones básicas y están saturados, y se difunden noticias en sentido de que la Gobernación y las alcaldías involucradas arriban a un acuerdo para la construcción de un moderno sistema de tratamiento de basura, a ser ubicado en un determinado lugar, adoptando todas las previsiones sanitarias y medioambientales que se requiera para garantizar la salud de la gente. Pero, también anualmente, a las pocas horas de conocerse esta información, las poblaciones circundantes rechazan el acuerdo, amenazan con movilizaciones y sus alcaldes dan un paso para atrás, volviendo todo a fojas cero.
A medida que se repite esta perversa rutina, crecen los conflictos en todos los municipios del eje porque la basura aumenta vertiginosamente, provocando crecientes problemas de salud y contaminación.
Este año se ha repetido esta secuencia tentando a que cada uno de los municipios haga lo que pueda con el problema, pese a que está demostrado que hay avanzadas tecnologías de tratamiento y reciclamiento de basura que son factibles de adoptar siempre y cuando sean los municipios del eje los que las adopten, pues en forma separada es demasiado oneroso.
Por tanto, así como se debe pedir al Gobernador no dejar de lado la política de aunar esfuerzos, a los alcaldes involucrados se debe instar a que subordinen sus legítimos intereses proselitistas y en forma coordinada diseñar una sostenida campaña de información ciudadana sobre el tema.
Si no se va por ese camino, no será raro que la basura termine derrotando a la ciudadanía.