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jueves, 7 de julio de 2016

Francesco Zarratti repite sus dudas de no saber cuántos consumen coca en Bolivia. el informe pendiente de varios anos, por el que la Unión Europea pagó por adelantado no aparece. El Gobierno de Evo se niega, con disimulo a ofrecer el estudio. el profesor ofrece cifras del informe de la ONU que ayudan a entender el intríngulis que oculta el Gobierno de todas maneras.

El informe 2015 de la UNODC, que se circunscribe a medir la superficie que en Bolivia se destina a cultivar coca y no, como muchos quisieran, a determinar la cantidad de cocaína que se produce en el país, es relevante y sumamente útil  por lo que muestra, por lo que insinúa y por lo que se puede especular a partir de sus datos.

Empecemos por lo que muestra. A mi criterio hay tres datos irrefutables: la superficie de cocales, que  asciende a 20,200 Hectáreas (Has); la cantidad de coca entregada a los dos mercados legales (21,210 toneladas métricas, TM) y el precio del kilogramo de hoja de coca en ambos mercados legales (9.58 $/kg en Villa Fátima y 6.86 $/kg en Sacaba). Adicionalmente, el informe cuantifica la distribución de los cocales por región (70% Yungas y 30% Chapare) y revela que la hoja de coca entregada a los mercados legales proviene 93% de Yungas y 7% del Chapare. Se confirma así una dolorosa verdad: la coca del Chapare definitivamente no pasa por el mercado legal.  

Asimismo, con base en el precio del kilo de hojas de coca, se deduce que el movimiento económico de la coca legal alcanza a 200 M$, un monto nada despreciable. En suma, el cultivo legal de coca (en los Yungas) requiere poco esfuerzo, da buenas ganancias y, por añadidura, no paga impuestos. 

Vamos ahora a lo que insinúa el informe. En efecto, conociendo el número de Has, podemos preguntarnos: ¿cuánta coca se produce?  El informe, como no puede hacer diversamente, utiliza el factor de conversión oficial que es 1.6, promedio de las dos regiones: cada hectárea rinde 1.6 TM de coca seca. Sin embargo, UNODC parece dudar de ese factor y aboga por un estudio objetivo y científico de la productividad de los cocales. ¿Se hará? Cabe señalar que en el ámbito internacional se manejan factores entre 2.3 y 3. Tomando un factor prudente de 2.5, la producción estimada de hoja de coca subiría de 32,500 TM (factor 1.6) del informe a 50,000 TM y el porcentaje de la coca legalizada bajaría del 65% al 42% de la producción: ¡una gran diferencia! Adicionalmente, ¿quién garantiza que toda la coca “legal” termine siendo utilizada para ese fin? El frecuente hallazgo de mini-fábricas de cocaína en El Alto y en el Altiplano indica todo lo contrario.

Finalmente, ¿qué se puede especular, a partir de los datos del informe, acerca de la cocaína producida con la coca desviada al narcotráfico? Acá interviene un segundo factor cuyas fuentes son dos: informantes y pruebas de laboratorio. Por alguna extraña razón ese factor es un “tabú” para el Gobierno boliviano, de modo que usaré datos de otros países productores para estimar un valor actualizado de 150 Kg de coca por kg de cocaína, consecuencia de la mejor eficiencia de los procesos químicos involucrados. Con ese dato llegamos a la conclusión que la cantidad de cocaína producida en el país debe estar por las 200 TM, incluyendo las 25 TM de cocaína  (no toda boliviana) que suelen incautarse anualmente. Por otro lado, según fuentes peruanas, el precio de la cocaína en Bolivia está por los 2,000 $/kg, de modo que, al final del día, la renta de la coca ilegal llegaría a 400 M$, sin contar el “peaje” aplicado a la cocaína peruana que transita por Bolivia.

Si bien seguimos a la cola de los cultivadores de coca: 15%, contra 32% del Perú y 53% de Colombia, el esfuerzo de Sísifo (constante e inútil) que representa la reducción de los cocales obliga a intentar algo nuevo. De hecho, se superarían varios problemas ligados a la temática cocalera si el Estado monopolizara (o nacionalizara) el comercio de la coca, recogiendo “in situ” oportunamente toda la cosecha de los cocales estrictamente necesarios para satisfacer la demanda legal.    ¿Lo hará?

viernes, 17 de junio de 2016

Gastón Cornejo Bascopé con lenguaje claro y contundente nos cuenta la historia del Club Hípico y las acciones del oficialismo para construir "dizque" un mastodóntico estadio para 70 mil personas basado en "los suenos de Evo" y sin importarle la voluntad de los cochabambinos que reaccionan en contra de la locura



CLUB HÍPICO DE COCHABAMBA.


Veamos la historia de este emprendimiento deportivo, vital para la convivencia social en la antigua Villa de nuestras nostalgias vallunas.
En el diario cochabambino de Juan Francisco Velarde “El Heraldo”, fechado el 10 de Febrero del año 1889 (127 años) es posible leer: “El entusiasmo con que se concurrió á las carreras el día 7 en el Prado y a las que asistió casi toda la población en masa, ha formalizado el pensamiento en Cochabamba de establecer un centro apropiado para esta clase de espectáculos. Se trata de organizar un Club Hípico, institución que no sólo proporciona momentos de solaz  y reunión á los aficionados sino que sirve al mismo tiempo como un estímulo y motivo de adelanto y mejora para la raza caballar.
Cochabamba conserva sólo la fama de lo que en tiempos no lejanos, eran los caballos de sus praderas. La raza de los caballos de silla, falta de un método que propenda á su mejora va degenerando rápidamente y apenas sí se conservan en Mizque esos rarísimos ejemplares de animales de fortaleza y nobleza.
No se ha parado mientes en que la ganadería en cualquiera de sus divisiones es una riqueza que debe explotarse. Estamos en condiciones de no despreciar esa industria lucrativa y fácil; pero es necesario fomentarla convenientemente. Nuestras hermosas praderas y pastizales, al mismo tiempo que una iniciativa eficaz asegurarán en éste orden á Cochabamba un predominio indisputable. El Club Hípico en proyecto viene á llenar una necesidad sentida; ójala que no fracase tan importante pensamiento. Sabemos que ya se hallan suscritas muchas acciones”
Pasaron esos años primigenios hasta el tiempo de las vivencias personales. Al evocar mi niñez, recuerdo que cada uno de los miembros de la familia compramos acciones del iniciado “Club Hípico Cochabamba”, pues en conjunto teníamos gozo y experiencia en montar esos bellos animales cargados de inteligencia y amistad por los caminos de herradura partiendo de Huayllani hacia las estancias de Palca y Caluyo en las alturas de la cordillera del Tunari.
Fueron pagadas puntualmente todas los mensualidades hasta tener invertido un buen capital familiar. Próximos los años de la quinta década del pasado siglo, el Tesorero del Club fugó con el dinero de la totalidad de los socios. Quebró el proyecto, pero pudo más el esfuerzo tradicional y la férrea voluntad de los cochabambinos, empeñosos por reactivar las carreras dominicales de caballos importados de Argentina, Perú y Chile; hermosos ejemplares montados por jinetes extranjeros y locales, entre éstos distinguí y aposté siempre a “Huacho” Zamorano, el condiscípulo recio en merecimientos y en obras de progreso, como su padre, el señor Alcalde, Don Aníbal Zamorano.
Mayo 2016. El Club Hípico actual tiene más de 70 años. Ya no existen las carreras tradicionales, pero aún estaban vigentes las competencias hípicas de salto y las escuelas de Natación, Futbol, Tenis, Tiro con Arco,  Equitación. El área social en un hermoso inmueble con piscina, y una extensa área verde, envidia de gente sin escrúpulos; para ella se diseñaban vitales proyectos educativos y ambientales que debían mitigar la polución de la ciudad campeona de polvo y mugre.
Afirmo en pretérito, pues esta mañana fue tomado el predio con cien policías bien armados contra pequeños niños deportistas solamente armados de inocencia y amor al deporte; hasta que un Tribunal Internacional de Justicia ordene el respeto a la propiedad privada en Bolivia conculcada por una anti-ley promulgada por los dos tercios prepotentes.
La norma inconstitucional disparó la corrupción jurídica, la misma que será continuada por otras similares de corrupción administrativa, técnica, social y política; mismas que serán multiplicadas en distintas áreas de la vida orgánica de nuestro Cochabamba, ex-Ciudad jardín, ex-Suiza del continente, permutada y caracterizada como la productora de coca-cocaína en el corazón del TIPNIS con pista de aterrizaje incluida. 

El rancio objetivo de la ilegal expropiación es construir un enorme estadio para setenta mil personas aficionadas al futbol que se titulará “El Batán”. Sí, el batán demoledor de la CPE, de la atmósfera del valle central, y elefante blanco que servirá, como en Santiago de Chile, para concentrar, torturar y matar a los enemigos políticos del pinochetismo populista.                         

sábado, 30 de abril de 2016

Erika Brockmann recuerda su activa participación al menos en dos grandes combates. La Guerra del Agua, que desbarató la privatización del líquido elemento y la financiación del PMM (Misicuni) ni uno ni otro lograron éxito y ambos son motivo de desilución para el pueblo de Cochabamba. esos apuntes ayudan a entender la historia de hoy.

Cuando de lucha contra las transnacionales y la privatización de servicios básicos se trata no hay voz que se precie de "progresista” en  el mundo, que omita la mención a la "Guerra del Agua” como un hito emblemático y emancipador. 16 años después, evoco esos días y todo indica que los más pobres aún carecen de agua o pagan por cada turril más que el tarifazo impertinente que desencadenó la escalada de violencia de abril del año 2000 en Cochabamba. 

El pueblo celebró la salida del consorcio Aguas del Tunari,  la de su máximo ejecutivo inglés, curiosamente apellidado Thorpe, así como  la coronación de Bolivia como abanderada de  los movimientos antiglobalización.
Tres años antes, en 1997, una movilización cívica también contundente a favor de la materialización  del Proyecto Múltiple Misicuni (PMM) que nos traería "agua” dio la victoria indiscutible a partidos alineados a esta promesa. 
No dudo que el clima político electoral  del momento contribuyó a mi elección como senadora de la República de Cochabamba por el MIR, partido que  posibilitó, el año 1992, levantar el veto del Banco Mundial al PMM y viabilizar el primer financiamiento a esta megaobra, ícono de las aspiraciones del pueblo cochabambino y que el primer gobierno de Goni (1993) desahuciara desde un principio. 
El gobierno presidido por Banzer (1997-2002) pagó un alto costo político al honrar la promesa de viabilizar, sí o sí, al PMM, cuya accidentada historia no nos da tregua hasta la fecha. En ese momento, el inconcluso túnel de trasvase y  la incertidumbre desmotivó la presentación de empresas para lidiar con tan costoso y conflictivo emprendimiento. Y es que, por entonces, las reglas financieras neoliberales en auge condicionaban el financiamiento de servicios públicos a la prohibición de subsidios estatales y a su autosostenimiento con el aporte de los usuarios.
En enero de 2000, ante las primeras señales del conflicto y demandas de la Coordinadora del Agua, de nada sirvió la modificación de la ley de servicio de agua potable y del contrato con la polémica empresa,  ni el pedido al Gobierno para que asumiera transitoriamente el costo inicial del indeseado tarifazo, al menos hasta recuperar la confianza en un consorcio satanizado de principio. La expulsión de la empresa era una consigna, era el trofeo a ostentar. 
Hace unos días, un reportaje de Los Tiempos (10/4/16) daba cuenta que una familia del sur  -de la ciudad- que se ducha una vez a la semana gasta un promedio de 40 metros cúbicos al mes. Ello equivaldría a 1.200 bolivianos o al 25% de sus ingresos totales destinados a la compra mensual de agua a la red de 130  cisternas, modalidad de distribución ya vigente antes del conflicto. 
Nos enteramos que la empresa descentralizada del servicio de agua por cañería abastece al 61%  de los hogares sin garantizar 24 horas de servicio. Desde siempre, en Cochabamba, la escasez crónica de agua alentó su almacenamiento privado y la creación de sistemas vecinales autogestionados y diseminados en toda la ciudad.  
Para colmo, estos días el Gobierno central retiró el financiamiento a la posibilidad de renovar la vetusta red de agua potable y alcantarillado en el centro de la ciudad, imprescindible para distribuir el agua de Misicuni. 16 años después, Cochabamba no ganó la guerra, ganaron los aguateros,  perforistas de pozos, burócratas, especuladores y nuestra incompetencia. Pese a 10 años de bonanza, de inversiones millonarias de dudosa prioridad y calidad técnica, y de subsidios permitidos eso de "agua para todos” es promesa incumplida.
Se equivocan los "guerreros del agua” en sentido de que "todo por lo que se luchó  quedó en el olvido”. A juzgar por el reconocimiento constitucional del acceso al agua como derecho humano, la lucha no quedó en el olvido sino en peores condiciones. Naufragó en la demagogia y la incapacidad a las que nos condenan las frustraciones de las que no aprendemos, la lógica del todo o nada y los mitos a los que nos aferramos.
  
Erika Brockmann Quiroga es politóloga.

miércoles, 6 de abril de 2016

de nuevo aplaudir el acierto de Los Tiempos. desde luego el tema de la basura se tiene que asumir en conjunto. los 8 municipios están de acuerdo en ello, aunque de entrada los 7 millones de dólares son absolutamente insuficientes para una planta de incineración de tamaño mediano. el costo fácilmente supera los 30 millones de dólares, por lo que hay de nuevo un tremendo error de concepto que es preciso aclarar.

Referirse al problema del tratamiento de la basura en el eje metropolitano es una rutina anual, pues cada año surgen conflictos en los tradicionales botaderos, que no reúnen condiciones básicas y están saturados, y se difunden noticias en sentido de que la Gobernación y las alcaldías involucradas arriban a un acuerdo para la construcción de un moderno sistema de tratamiento de basura, a ser ubicado en un determinado lugar, adoptando todas las previsiones sanitarias y medioambientales que se requiera para garantizar la salud de la gente. Pero, también anualmente, a las pocas horas de conocerse esta información, las poblaciones circundantes rechazan el acuerdo, amenazan con movilizaciones y sus alcaldes dan un paso para atrás, volviendo todo a fojas cero.
A medida que se repite esta perversa rutina, crecen los conflictos en todos los municipios del eje porque la basura aumenta vertiginosamente, provocando crecientes problemas de salud y contaminación.
Este año se ha repetido esta secuencia tentando a que cada uno de los municipios haga lo que pueda con el problema, pese a que está demostrado que hay avanzadas tecnologías de tratamiento y reciclamiento de basura que son factibles de adoptar siempre y cuando sean los municipios del eje los que las adopten, pues en forma separada es demasiado oneroso.
Por tanto, así como se debe pedir al Gobernador no dejar de lado la política de aunar esfuerzos, a los alcaldes involucrados se debe instar a que subordinen sus legítimos intereses proselitistas y en forma coordinada diseñar una sostenida campaña de información ciudadana sobre el tema.
Si no se va por ese camino, no será raro que la basura termine derrotando a la ciudadanía.

viernes, 25 de marzo de 2016

pronto nos ocuparemos in extenso del tema que en 1995 nos llevó a Cochabamba, La Paz y Santa Cruz para plantear la construcción de tres plantas de tratamiento de desechos sólidos domiciliares y que por fin 20 años después empieza a ser entendido.

El Consejo Metropolitano Kanata analizó el proyecto de una planta industrializadora de residuos sólidos, plan que se asemeja a la propuesta que fue presentada por el municipio deCercado.

En dicha reunión participaron el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, y los alcaldes de Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe, Vinto, Capinota y Sacaba.

El alcalde Leyes manifestó su satisfacción por la coincidencia de alinear la propuesta de industrializar los residuos sólidos en Cochabamba, para ello pidió al Gobernador recurrir a un crédito de 7 millones de dólares financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La Gobernación de Cochabamba indicó que cuenta con unos predios en la zona de Cotapachi, lugar en el que se podría ejecutar el proyecto.

Durante la reunión también se analizaron otros temas como el proyecto presentado por el BID denominado “Ciudad Mujer”. José María Leyes dijo que brinda asistencia total a las necesidades que tienen las mujeres en temas de violencia de género. 

Este Consejo Metropolitano aprobó el avance de este proyecto. La autoridad edil señaló que el Gobernador enviará una nota a esta instancia para que se oficialice la intención del municipio y Gobernación para la implementación del mismo.

El problema de la falta de un botadero de basura lo tienen todos los municipios del eje de conurbación.

miércoles, 16 de marzo de 2016

José Orellana clama acción en materia de Laguna Alalay. Basta de demagogia! exclama desde OPINION y una y otra vez pide al Alcalde, al Gobernador actuar para salvar Alalay, la única laguna de Cochabamba y que debe sobrevivir en base a una labor de salvataje, con suficientes recursos y a la largo plazo como se merece.

El anuncio de la declaratoria de emergencia en la laguna Alalay ya no es novedad. Desde las últimas dos o tres gestiones de Gobierno Municipal de Cochabamba se verifica una irresponsabilidad con el ecosistema. No se priorizan verdaderas acciones prácticas de gestión ambiental. Las autoridades solo se dedican a difundir información de estudios requeridos o de intentos para transformar la zona en un lugar turístico, sin darse cuenta de que ahí habitan seres vivos que necesitan alimentarse, crecer, reproducirse y morir, al igual que los seres humanos.

Un ecosistema acuático urbano como la laguna contiene seres vivos que tienen funciones específicas en el medio acuoso. Este ecosistema necesita un monitoreo permanente, en especial de la calidad del agua y de las fluctuaciones poblacionales de las especies de flora y fauna acuática. Se debe prevenir los posibles impactos ambientales por disposición de residuos sólidos y líquidos en los alrededores. Se debe garantizar el ingreso permanente de agua fresca y de calidad aceptable para una renovación según el ciclo del agua (oxigenación). Finalmente, para estabilizar el ecosistema urge compatibilizar la capacidad de carga abandonando gradualmente las actividades antrópicas que se verifican en los alrededores.

Todo ello es importante para la laguna y ya basta de demagogia de las diferentes gestiones de Gobierno Municipal que no priorizan verdaderas acciones de gestión y que todo el tiempo están demandando estudios técnicos que lo único que hacen es decir qué se debe hacer. La urgencia es implementar acciones concretas y la Alcaldía tiene el rol fundamental de gestión. La Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba debería ocuparse de proponer fuentes de financiamiento para la implementación de proyectos concretos y el Ministerio de Medioambiente de propiciar el reconocimiento del rol ambiental de la laguna y declararla como un ejemplo de gestión ambiental urbana.

Señor Alcalde y señor Gobernador: cumplan sus funciones según sus competencias específicas o de lo contrario den paso a gente especialista que sabe cómo implementar esas acciones técnicas. Liberen los cargos técnicos a quienes pueden llevar con éxito las funciones, y no se constituyan en obstáculos para mejorar la calidad ambiental de la ciudad. No por nada existe un dicho popular: “Al César, lo que es del César”.

martes, 15 de marzo de 2016

con tacto, pero con precisión Los Tiempos puntualiza el estado del proyecto "Tren Eléctrico" que está simplemente paralizado. no hay progresos y las dudas invaden el ambiente de la incumpllida promesa presidencial. las preguntas básicas no han sido aún y la incertidumbre persiste.

Un mes más ha transcurrido y ninguna de las dudas ha sido absuelta, lo que hace temer que el proyecto no esté bien encaminado
Hace un mes, el 15 de febrero, tenía que haber comenzado la construcción del tren metropolitano de Cochabamba. La fecha fue fijada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Mopvs), pues se daba por supuesto que cinco meses –los transcurridos entre septiembre, cuando se firmó el contrato con la empresa española JOCA Ingeniería y Construcciones S.A. y febrero–, serían suficientes para tal efecto.
Como se recordará, sin que medie explicación alguna las obras no se iniciaron en la fecha prevista. Desde entonces, tampoco ha habido alguna información clara que dé cuenta de las razones de la paralización del proyecto. Por lo poco que se sabe no se ha superado ninguna de las deficiencias oportunamente denunciadas.
Desde el punto de vista legal, se mantiene en duda la real naturaleza del contrato suscrito en septiembre pasado. En lo financiero, no hay ningún dato que avale la seriedad a las supuestas ofertas de financiamiento presentadas. Y en lo que a los aspectos técnicos se refiere, no se ha despejado ninguna de las dudas que pesan sobre la real experiencia y capacidad de la empresa española.
Lejos de haberse despejado, las dudas sobre el carácter del contrato vigente se incrementan a medida que pasa el tiempo sin que se proporcione información fidedigna sobre los términos pactados.
Muy ligada a lo anterior está la incertidumbre sobre el financiamiento. Según informes oficiales, el tema está estancado en el gabinete ministerial, pues los ministerios involucrados no terminan de elegir la mejor entre tres opciones que supuestamente habrían sido presentadas por JOCA. Se afirma que esa empresa obtuvo los 504 millones de dólares de “organismos privados”, pero no se revela la identidad ni el origen de los mismos.
Y desde el punto de vista técnico, el panorama es aún peor, ya que JOCA no ha presentado ni una sola prueba que avale sus afirmaciones acerca de su experiencia en el rubro ferroviario y su solvencia técnica en general. Sus ejecutivos aseguran que JOCA construyó trenes metropolitanos, pero no indican en qué ciudad ni cuándo ni cómo lo hicieron o, por lo menos, en qué consistió su participación.
En medio de ese panorama donde la escasez de información deja amplio lugar a las dudas, ha habido una excepción. JOCA ha dado a sus socios y clientes una buena noticia. Es que ha logrado hacerse merecedora del sello de  “Pyme Innovadora”, una especie de estímulo que es otorgado por el gobierno español a las pequeñas y medianas empresas que hayan hecho algún esfuerzo para mejorar su competitividad.
La noticia es buena para JOCA, pues, entre otras ventajas, la condición de “Pyme Innovadora” le permitirá beneficiarse con una serie de medidas de estímulo ofrecidas adoptadas por el gobierno español para evitar la quiebra de pequeñas y medianas empresas afectadas por la contracción económica que sufre ese país.  Lo que no queda claro es en qué ayudará eso a la buena ejecución del tren metropolitano de Cochabamba.
Por tanto, las preguntas que se hicieron desde el 14 de septiembre pasado se mantienen.