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miércoles, 25 de julio de 2012

en efecto. "los genios del Gobierno" pretenden recuperar la deuda de AEROSUR con el Estado por concepto de impuestos y obligaciones sociales no pagados, rematando los bienes de los accionistas...se trata de otra gran mamada, porque saben que en cada caso habrá un juicio y "los genios" se relamen los labios en la perspectiva de sus ganancias


Así lo señaló ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Clifford Paravicini, quien indicó que desconoce si todos los socios de AeroSur aún permanecen en el territorio nacional.
“Se ha pedido que Migración informe y esté alerta, sin embargo, el juez es quien tiene que determinar si se arraiga o no se arraiga (a los socios de AeroSur). El regulador no puede definir un arraigo, sino que son los jueces quienes definen un arraigo”, aclaró.
El 18 de julio, la ATT inició un proceso por quiebra fraudulenta en contra de los accionistas de AeroSur con el propósito de recuperar la deuda millonaria que contrajo la empresa con diferentes entidades del Estado y con privados. El caso fue sorteado al Juzgado 12° de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de La Paz, que es presidido por la jueza Lourdes Albornoz.
Retención. La ATT pidió el sábado a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) la retención de los fondos de los accionistas de AeroSur para recuperar todas las deudas que la aerolínea contrajo.
Asimismo, Paravicini agregó que la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) y la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (ABAVYT) se sumaron al proceso de quiebra fraudulenta. Además, “el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) está bien avanzado en la argumentación para coadyuvar en el proceso de solicitud de quiebra”, señaló.
Sin embargo, la jueza en las últimas horas se excusó de abordar el caso con el argumento de que el proceso debe ventilarse en Santa Cruz por ser la sede de la oficina central de la firma.
“Por tanto, la suscrita juez se declara incompetente para conocer la presente demanda de quiebra, por consiguiente determina en razón de territorio al Tribunal Departamental de Santa Cruz, a objeto de que los jueces de Partido en lo Civil y Comercial competentes (…) tramiten el presente proceso”, indica la resolución determinada por la jueza Albornoz.
Paravicini dijo que este hecho puede causar la dilación para la conclusión del proceso y además aseguró que en las próximas horas se tomará una decisión si la demanda será presentada nuevamente en La Paz o en Santa Cruz. El 27 de junio, el abogado y experto en arbitrajes, Jorge Valle, señaló a La Razón que un proceso judicial por quiebra fraudulenta en el caso AeroSur “durará muchos años”, debido a que son varios los acusados que interpondrán sus alegatos y objeciones.
La deuda de la empresa
Según Clifford Paravicini, AeroSur adeuda al Estado y a privados $us 453,7 millones. Además dijo que la única forma de recuperar esta deuda es vía un proceso de quiebra fraudulenta.
Revocarán la licencia de la compañía en 45 días
El director ejecutivo de la ATT, Clifford Paravicini, anunció ayer que en un mes y medio se revocará la licencia de aeronavegación de la compañía AeroSur debido a que ya no cuenta con la licencia de operaciones de la DGAC y ya no realiza vuelos.
“La ATT, coadyuvada por su dirección jurídica, informa que está en (pleno) proceso la revocatoria de la licencia de aeronavegación de AeroSur de explotación del mercado”, señaló el ejecutivo. El 13 de julio, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, explicó que la DGAC retiró la licencia de operaciones de AeroSur porque no la renovó hasta el 12 de ese mes.
Paravicini añadió que la entidad reguladora rechazó el pedido de ampliación del plazo para la suspensión de operaciones aéreas porque la compañía ya no cuenta con esa licencia. Según el director ejecutivo de la ATT, se emitirán cedulones para informar a la empresa aérea sobre la decisión asumida.
Imponen seis condiciones a nueva aerolínea
La ATT indicó ayer que si la nueva compañía creada por los extrabajadores de AeroSur denominada “TU Aerolínea” desea gestionar la Licencia Transitoria Especial que otorga esta entidad deberán cumplir con seis requisitos. Entre las condiciones indicadas la más importante es el de contar con un respaldo financiero solvente.
De acuerdo con el director ejecutivo de la ATT, Clifford Paravicini, la primera condición es que los exempleados de AeroSur deben presentar la Licencia de Operaciones extendida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). La segunda es que la nueva aerolínea debe contar con una sostenibilidad financiera entre $us 7 millones y $us 10 millones para realizar operaciones en el eje troncal. Además, debe poseer seis aviones en calidad de leasing (alquiler con opción a compra). 
”Debe de garantizar tres meses de operación sin ningún problema. En esos tres meses lo que hace la ATT es poner a prueba a la compañía y ver si su flujo de caja es rentable”, indicó como tercera condición.
El cuarto requisito es que la nueva empresa debe contar con bienes propios para evitar los hechos que ocurrieron en el caso AeroSur. La quinta es que la firma debe poseer un número de cuenta bancaria en un banco en el país que sea “controlable”. Por último, los propietarios de la aerolínea deben tener como residencia Bolivia. “El respaldo financiero es lo más importante si la aerolínea quiere hacer vuelos nacionales e internacionales”, señaló Paravicini.
Además, indicó que lo más complicado es obtener “la licencia de operaciones porque (la empresa) debe tener un capital inicial para las aeronaves debido a que la DGAC hace vuelos gratuitos de prueba, evalúa a los pilotos, el sistema operativo de una aeronave desde azafatas hasta todo el equipo administrativo de la compañía y recién dice si la aeronave puede volar”, dijo.

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martes, 24 de julio de 2012

la recolección de basura es apenas uno de los problemas de un conjunto de tareas que hacen al tratamiento de los desechos sólidos

Previus. Nuestro buen colega Federico Escóbar se refiere al servicio de la recolección de basura mostrando las formas diversas en que se lleva a cabo. Sin ánimo de contrariar sus observaciones y recomendaciones atinadas, debemos referirnos al conjunto de tareas, la primera limpieza de calles y plazas (barrido manual y a veces mecánico que se realiza antes del amanecer por cientos de trabajadores anónimos que escoba en mano, doblados en dos, realizan en medio de gran sacrificio y estando muy mal remunerados), la recogida que es mecánica en carros basureros y el depósito en planta de depósito y tratamiento (muy incipeinte y nada efectivo) que en otras grandes ciudades se ha sustituído con clara eficacia por hornos de incineración de los que se extrae energía para sumarla a la red de distribución eléctrica. Son cuestiones hoy en día muy técnicas y casi constituyen un catecismo que lamentablemene entre nosotros es desconocido y que se sustituye por la improvisación, por una modernización incipente, por procedimiento obsoletos sobre los que debemos ocuparnos más adelante.


El texto de Federico Escóbar:
botadero de Kara Kara tantas veces debatido


Los servicios básicos en nuestra ciudad deben ser evaluados periódicamente para solucionar las deficiencias que conllevan. Como ejemplo, la recolección de desechos sólidos, requiere mayor puntualidad y deferencia. En otras ciudades del país son los del carro quienes alzan las bolsas de basura y las depositan en el carro, en nuestro medio cada persona debe alcanzarles en la mano los desperdicios haciendo malabares, por su altura, tomando contacto con los guantes mugrientos de los señores que esperan cómodamente las bolsas. En los días prefijados y en horarios irregulares aparecen los basureros, mientras llega este servicio, los usuarios deben cuidar sus bolsas para evitar que los perros callejeros las destruyan. Hicieron campañas para separar los restos hogareños, pero de nada sirvió, los encargados siguen separando sobre el carro lo que les rendirá utilidades económicas de las que no, haciendo que vuelen, especialmente los papeles higiénicos, por calles y avenidas.

Entre las múltiples preocupaciones de la Alcaldía está el destinar personal para supervisar el trabajo que realiza cada unidad encargada de recoger y trasladar la basura hasta el botadero, que es otro problema del que se acuerdan cuando sus vecinos bloquean, pero cuando no lo hacen no se ve avances en optimizar el manejo de los residuos que siguen acumulándose en K’ara K’ara. Si la gente paga una tasa de aseo presten un buen servicio, como en cualquier otro. Las ramas cortadas permanecen años en sitios que deben ser de esparcimiento público. Las calzadas son limpiadas por los propios vecinos debido a que la gente encargada de ese trabajo solo está en las calles céntricas “maquillando” una parte de la ciudad. Los camiones que trasladan la basura deben permanecer en cada parada un tiempo prudencial y no así algunos segundos, dejando con sus desperdicios a los ancianos que no pueden trasladar con rapidez sus bolsas al camión que parte del lugar sin consideración alguna. Ellos tienen sus tiempos pero no respetan a quienes les pagan sus sueldos. En un país que cambia es intolerable que los servicios públicos se mantengan igual que en tiempos de la colonia, ahora dan preferencia a algunos barrios y discriminan a otros, manifestando irresponsabilidad. Los controles sociales tienen que actuar en la solución de las deficiencias de estos y otros servicios. La basura se acumula con rapidez, despide olores nada agradables, por lo que los contenedores tienen que ser tratados con desinfectantes y otros productos para quitarles el olor que contamina el ambiente, especialmente de quienes pasan cerca a esos depósitos focos de infección. Esperamos que las autoridades municipales tomen cartas en este y otros servicios.

militar jefe de Segunda División Massy niega incursión a Chile. niega toda información, habla de sus específica tareas y el riesgo de afectar la soberanía


El comandante de la Segunda División del Ejército, general Juan Carlos Massy niega supuesta incursión de militares bolivianos armados en territorio chileno, notificada por el diario “La Estrella de Iquique”, mismo que dio cuenta de la presencia de militares prudentes de Bolivia, vestidos de civil y portando armas automáticas.


La denuncia de un campesino aymara de la región chilena de Tarapacá data del pasado miércoles y da cuenta del supuesto ingreso irregular de militares bolivianos a territorio del vecino país. En este sentido, se denunció que los supuestos efectivos bolivianos los extorsionaron e intentaron incautar el vehículo de un pastor de la comunidad chilena de Cancosa, acusándolo de traficar con automóviles "chutos”.

 Por su parte, el Comandante de la Segunda División del Ejército manifestó “no tenemos ningún reporte de esta situación, sin embrago considero que el que haya gente civil con armas no significa  que van ha ser militares por que eso es lo que dice la publicación”.


Massy aseveró que los  efectivos militares conocen perfectamente sobre sus específicas funciones y los riesgos que significaría la afectación a la soberanía de un país vecino.


“Nosotros tenemos nuestras normas vigentes de acción donde se recomienda al personal militar que está completamente prohibido ingresar a territorio chileno por que se constituiría en un conflicto internacional”, sostuvo el Militar.


Finalmente dijo de manera categórica que su comando no tiene ningún informe sobre la supuesta presencia de militares bolivianos vestidos de civil en territorio chileno, “yo soy comandante de la II División y no tengo ningún reporte  de ningún regimiento que se haya trasladado al lado chileno”.


La Segunda División de Ejército, tiene 176 años de vida institucional, es toda una tradición en la ciudad de Oruro.

Por Mabel Pericon con material de Freddy Salazar/Grupo FIDES

sábado, 21 de julio de 2012

tremenda decepción de transportistas y cívicos que daban por hecha la doble vía Quillacollo Suticollo. salieron decepcionados y dispuestos a medidas de presión contra el Gobierno


“Burlados”, “indignados”, “cansados”, “decepcionados”, fueron los calificativos que expresaron los transportistas del Valle Bajo ayer en la tarde, que esperanzados aguardaban un compromiso firmado por las autoridades gubernalmentales al pedido de asegurar los recursos económicos para la construcción de la doble vía Quillacollo-Suticollo.

“Señor Ministro sólo queremos que nos diga cuándo se conseguirá el financiamiento y cuándo podrán iniciar la doble”, era el pedido reiterado del sector movilizado. La reunión de alto nivel, solicitada para que los ministros de Economía, y Obras Públicas se comprometan a conseguir el financiamiento, fracasó luego que el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, se negó a fijar una fecha tentativa.

“El presidente de la ABC (Luis Sánchez) reconoció que se equivocó en darles una fecha, somos humanos y cometemos errores, pero yo no puedo cometer el mismo error porque no tengo la certeza”, dijo Sánchez, asegurando una y otra vez que, para el presidente Evo Morales, la construcción de la doble es una prioridad, y que ya se emitó la instrucción a los responsables de buscar financiamiento a trabajar en este tema.

“¿Cómo les explicamos a nuestras bases que está asegurado el financiamiento, pero que no se sabe cuando? Tampoco nos quieran meter el dedo a la boca”, reprochó el ejecutivo de los transportistas, Hugo Cáceres.

Las autoridades gubernamentales expusieron que no se puede disponer de recursos CAF (Corporación Andina de Fomento) hasta el 2013, sin embargo Sánchez señaló que hay otras fuentes como el BID y el Banco Mundial, que podrían acceder al préstamo ya que Bolivia ha superado su situación crítica.

Sánchez propuso que se nombre a 2 ó 3 personas para que cada 15 días viajen a La Paz, para saber el proceso de gestión de recursos. 

Los transportistas no aceptaron esta propuesta y convocarán a un ampliado departamental la próxima semana, entre las que se consideran inciar el paro departamental indefinido desde el 30 de julio, impidiendo la celebración de las fiestas patrias y la festividad de la Virgen de Urkupiña el 15 de agosto. 

jueves, 19 de julio de 2012

OPINION desgrana los hechos para establecer que el tremendo fracaso en la explotación de El Mutún, estableciendo el rol del Estado en el desastre


El Mutún sigue ahogándose en el fracaso histórico. Se deben analizar las responsabilidades en un proyecto que corre el peligro de quedar para las calendas griegas.

La Jindal Steel and Power (JSP) se va del país y con ello deja enorme frustración nacional por el más grande proyecto siderúrgico en El Mutún, uno de los más importantes reservorios de hierro de la región y cuya explotación se ha venido hablando desde hace más de cien años.

Los motivos del rompimiento del contrato tienen que ver con desinteligencias entre el Gobierno y la empresa, pero, como ha quedado claro con la poca capacidad de provisión de gas natural para el funcionamiento del proyecto. Se trata de uno de los fracasos más significativos en la industrialización del país. 

Por un lado, el Gobierno en palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, considera que con esta “experiencia terrible, dolorosa, tenemos que ser mucho más exigentes y cuidadosos al momento de calificar a las empresas”. Es un reconocimiento que pretende justificar que hubo errores oficiales. La empresa califica al Gobierno de “anti-inversionista” y cazador de inversionistas extranjeros y anuncia que recurrirá a las vías legales exigiendo el pago de daños ocasionados a la firma.

Los efectos de esta situación que no pudo ser controlada por el Ministerio de Minería y la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), son preocupantes para el futuro de la industrialización del hierro. Se esperaba que la siderúrgica produzca hierro esponja entre 2008 y 2013 y acero en el período 2013. La empresa invirtió desde la firma del contrato de riesgo compartido apenas 12 millones de dólares y, por esto, el Estado boliviano ejecutó hasta mayo de 2012 dos boletas de garantía por 36 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Esto determinó que las relaciones cayeran en un profundo abismo. En un momento dado se podía avizorar que un nuevo contrato establecería la realidad para ambas partes. Es decir, que al reducirse la producción de acero y las inversiones de la empresa el proyecto inicial también se reduzca y en consecuencia el compromiso del suministro de gas natural del Gobierno boliviano también sea menor. El proyecto inicial estimaba 5 millones de metros cúbicos en 2014, el 2016 aumentar a 6 y el 2017 el proyecto requería un suministro diario de 10 millones de metros cúbicos de gas. Se supone que la empresa al no tener certidumbre atrasó las inversiones que le tocaban realizar.

Ahora hay que preguntar al Gobierno en qué queda el proyecto de El Mutún. Más allá de los lamentos y explicaciones que endilgan culpas a la empresa y la escasa autocrítica gubernamental, lo que el pueblo boliviano y en especial Puerto Suárez exigen conocer los próximos pasos. Los cívicos consideran que se puede aún solucionar la última controversia, pero las cartas están echadas.

El Gobierno dice que hay por lo menos unas cinco empresas extranjeras que tienen interés, aún siendo cierto esto, el proceso de convocatoria para la licitación, la calificación y los procesos legales y administrativos son tan lentos que el proyecto con una eventual nueva empresa tardaría más de un año y medio.

El Mutún, si somos realistas, sigue ahogándose en el fracaso histórico. No estaría mal que en un acto de conciencia autocrítica se analicen las responsabilidades de quienes tuvieron a su cargo impulsarlo. Quizá de este modo no se repitan los errores, otorgándole otra oportunidad a un proyecto que corre el peligro de quedar para las calendas griegas.

martes, 17 de julio de 2012

el ministerio público está actuando pesadamente. observa la ministro Suxo y reclama mayor celeridad a los fiscales en el caso Rojas que se ventila en Santa Cruz. Allanan la argentina AESA


El Ministerio Público, a través del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Carlos Candia, y una comisión de policías, allanaron ayer el edificio de la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA) y secuestró documentación por el supuesto caso de corrupción que involucra a altos ejecutivos de YPFB.
AESA ganó la licitación para construir la planta separadora de líquidos Río Grande en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
En un operativo que ayer comenzó a las 16:20 y concluyó a las 18:30, los representantes del Ministerio Público indicaron que se procedió a secuestrar los contratos del proceso de licitación de las plantas separadoras y otros documentos, con el objetivo de aclarar las denuncias efectuadas por el exdirector Agustín Ugarte Méndez, que en días anteriores manifestó que la empresa AESA había entregado determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el millonario proyecto de YPFB.
“Hemos secuestrado los contratos y hemos entregado dos requerimientos fiscales para dos de sus ejecutivos. Ellos tienen que presentarse la próxima semana”, sintetizó Candia.
Por su parte, Raúl Paniagua, abogado de la empresa AESA, manifestó que la compañía está dispuesta a colaborar en las investigaciones y requerimientos fiscales que disponga el Ministerio Público.
“La posición de la empresa AESA respecto a la presente investigación se encuentra nítidamente expresada en la denuncia que ha formalizado en el Ministerio Público el vicepresidente Pablo Fernitz contra el señor Ugarte por la comisión de delito de acusación y denuncia falsa”, aseveró Paniagua.
La semana pasada, Ugarte mencionó que AESA entregó determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el contrato de construcción de la planta, hecho que fue desmentido por la firma argentina.
De igual manera, Fernitz pide mediante la denuncia que se amplíe la investigación contra quienes resultaren ser coautores, cómplices e instigadores por la comisión del delito de acusación y denuncias falsas, previsto y sancionado por el artículo 166 del Código Penal.
Según el documento al que tuvo acceso El Deber, a la fecha, el referido contrato se encuentra en ejecución con un avance físico y económico aproximado del 70 por ciento.
Una comisión de calificación recomendó adjudicar el proceso a AESA por cumplir todos los requisitos.
Transparencia observa el caso
Una nota a la Fiscalía General del Estado con observaciones respecto a la actuación en el reciente caso de corrupción en YPFB, fue enviada ayer por la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, según reporte de la agencia de noticias Fides.
La Ministra dijo que su despacho sigue de cerca las presuntas irregularidades en la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande en Santa Cruz y las coimas que habrían recibido funcionarios de la estatal petrolera. "Creo que hay una debilidad en el Ministerio Público, ya debía haber llevado (a cabo) muchas otras acciones que no las ha hecho. Estamos haciendo conocer estas observaciones al Ministerio Público", precisó Suxo.
El Deber envió un cuestionario la semana pasada a ese Ministerio, pero fuentes de esa cartera señalaron que por la reserva del caso no se emitirían criterios.
En tanto, en Santa Cruz,  Cándido Blanco, miembro de la comisión de fiscales que investiga el caso YPFB, informó que se ha emitido una orden de aprehensión contra Vanesa Avilés, quien se desempeñaba como secretaria del exgerente de las Plantas de Separación de Líquidos de la estatal petrolera, Gerson Rojas, recluido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.

sábado, 14 de julio de 2012

la trampa estuvo en cambiar la razón social. la figura hizo que los precios ya pactados se elevaran. además la escasa experiencia de los negociadores. Tarija Potosí por los 300 millones de dólares


El expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC ahora ABC), José María Bákovic, denunció que el gobierno de Evo Morales paga más de 300 millones de dólares por la construcción de la carretera Tarija-Potosí cuando en su gestión se fijó el costo del tramo, con la empresa Queiroz Galvão (2003), en 180 millones de dólares.

“Eran 180 millones (de dólares) precio fijo, no podía incrementarse en nada de acuerdo al contrato con la Queiroz Galvão, pero con la OAS (actual empresa que ejecuta la obra) ya vamos por lo menos en casi 300 millones de dólares”, sostuvo.

El exfuncionario señaló que los problemas llegan a la institución de caminos cuando ésta cambia de razón social a Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). “Con la ABC todos los proyectos empezaron a caer”, dijo.

“Cuando se destruye la institucionalización del SNC y entra la ABC con Patricia Ballivián, el proyecto empieza a decaer, a tener problemas serios, y empiezan a decir que había 165 kilómetros de fisuras en la carretera (Tarija-Potosí en mi gestión)”, aseveró.

Negociado con la OAS

“Cuando el 2007 se me toma preso por segunda vez, de manera ilegal en Tarija para encubrir el negociado con OAS, advertimos que iban a adicionar el costo en por lo menos 100 millones de dólares”, reveló.

De todo este proceso, de cambiar una empresa (Queiroz) por otra (OAS) en la construcción de la vía, “las únicas beneficiadas resultaron la Queiroz Galvao, que se fue del país indemnizada, y la nueva empresa que entraba (OAS)”.

Aclaró que la vía Tarija-Potosí tuvo un avance superior al programado, durante su gestión, y no existía ningún problema con la empresa contratada.
“Era un buen contrato que habíamos logrado, porque habíamos rebajado el precio y habíamos mejorado la calidad del pavimento, de flexible a rígido, que dura tres veces más y habíamos logrado 80 kilómetros adicionales”, apuntó.

Luego de transcurrido más de siete años de la firma del contrato inicial, la construcción de la vía, Tarija-Potosí de 410 kilómetros, aún no se concluye y el gobierno dio un plazo fatal a la constructora OAS para que termine la carretera hasta diciembre de este año, caso contrario se aplicarán sanciones y la posible rescisión del contrato.

viernes, 13 de julio de 2012

si la inversión es de 25, bien puede la canadiense doblar el monto de indemnización, por aquello del lucro cesante y del daño emergente. lo que diga García no tiene ninguna importancia (ERBOL)


El vicepresidente Álvaro García Linera aseveró este jueves que el Estado boliviano está dispuesto a reconocer sólo tres millones de dólares de inversión a la canadiense South American Silver por la nacionalización de su filial Compañía Minera Mallku Q’ota; en tanto la transnacional señala haber invertido más de 25 millones de dólares hasta la fecha.
paraje de Mallku Kòta al norte de Potosí cedido por Ley a South American Silver que pedirá una indemnización de 50 millones de dólares al Estado por la inversión hasta ahora y daños y perjuicios de la confiscación. el Estado tendrá que pagar sin réplicar.

“El Estado está dispuesto a reponer la inversión realizada por la empresa (South American Silver) una vez que se hayan verificado los costos de exploración, pero no estamos hablando de 16 millones (de dólares) como mencionan algunos medios, nuestros cálculos hablan de dos o tres millones (de dólares)”, sostuvo García en rueda de prensa.

Señaló que en el marco de la aplicación de las leyes bolivianas, “el Estado tiene el derecho de recuperar el control de sus recursos naturales”. En ese sentido, agregó, el gobierno confía en que no habrá conflicto legal”.

El gerente Contralor de South American Silver, Guillermo Funes, indicó hoy que la Compañía Minera Mallku Q’ota invirtió hasta la fecha más de 17 millones de dólares en exploración en terreno y más de ocho millones de dólares en estudios metalúrgicos y otros costos indirectos, lo que representa aproximadamente un 45 por ciento de la inversión total de la fase de estudios exploratorios.

Agregó que hasta 2015, esta fase iba a demandar más de 50 millones de dólares de inversión, toda vez que se trata de un proyecto muy complejo por sus características particulares.

“Este yacimiento que antes no tenía ningún valor económico concreto, ahora después de años de estudio está valuado en más de dos mil millones de dólares”, manifestó el ejecutivo.

Mega proyecto

García refirió que la propuesta de recuperar esa área de exploración minera fue una propuesta anticipada del gobierno “por la riqueza ahí depositada”. El yacimiento estimado en más de 255 millones de toneladas de mineral, contiene en sus entrañas oro, plata, galio, indio, entre otros productos de gran valor. 

“Creemos que este va ser un mega proyecto minero, todo dependía de los acuerdos que hubieran entre las comunidades que viven en la región y que deben ser tomadas en cuenta en su criterio”, manifestó.

El pasado domingo 8 de julio el gobierno firmó un acuerdo con los comunarios de Mallku Q’ota, donde se determinó la nacionalización del yacimiento minero. El acuerdo puso fin a varios días de conflicto que tuvo como saldo un muerto y varios heridos.

Ahora la concesión estará bajo administración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que continuará la exploración, explotación e industrialización del yacimiento.

jueves, 12 de julio de 2012

Erika Brockmann le recuerda a Evo que el Bonosol es la madre de todos los bonos y es neoliberal. los chutos, el gasolinazo, lo del TIPNIS todo para favorecer a los cocaleros cuyo representante es él mismo.


Gracias a los caprichos de la geografía, las y los cochalas podemos ufanarnos de radicar en el mismísimo corazón sudamericano. Pese a ello, desde la inauguración del septenio evista, el Chapare cochabambino disputa a la capital valluna tal centralidad al ser ineludible referente para entender la dinámica económica y política del país. Razones sobran para considerarlo en el hoyo del queque aunque para otros, se trataría más bien de un agujero negro cuyo rol y contribución al denominado “proceso de cambio” despierta más preguntas que respuestas.
El XI Congreso Ordinario de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba ha ratificado al presidente Morales como máximo dirigente de los cocaleros, habiéndoles exhortado “respetar el cato de coca” (¿familiar o individual?) y no dar motivos para ser acusados de “narcos”. No es casual que el Chapare haya sido y siga siendo el refugio preferido de su excelencia; allí acude para reparar el cansancio que le produce su frenética agenda de viajes o para eludir el cada vez más estridente asedio a la plaza Murillo, sede ocasional de sus funciones.
No sorprende que los cocaleros sean hoy la audiencia selecta para pronunciar los más fogosos discursos anticapitalistas, paradójicamente ello sucede en la plaza más liberal y articulada al mercado capitalista legal e ilegal de la economía de la coca.
Estos congresos son el escenario ideal para ensayar las piezas de oratoria más jacobinas aliñadas del infaltable guión antigolpista.
En ese clima las medias verdades se convierten en verdades irrefutables. Ocurrió cuando el Vicepresidente convocaba a la defensa del proceso de cambio de los ataques de la derecha que “ahora mira con odio y rabia" a niños, madres y abuelos cuando cobran los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y la Renta Dignidad, “porque quieren que ese dinero esté en su poder”. Pero, ¿acaso los bonos no tienen su origen en iniciativas de Gobiernos “neoliberales”?
Las bases cocaleras presumen de fortaleza política y corporativa. No sólo desde que le doblaran el brazo a Su Excelencia en ocasión del gasolinazo, sino al haberse constituido en uno de los sectores más favorecidos por la controvertida “nacionalización” de los autos “chutos”. Sorprendió que al lanzarse la campaña de venta de bonos del Estado hayan sido localidades del Chapare plazas demandantes de los mismos, ello ha motivado temerarias especulaciones en torno a la facilitación de mecanismos de lavado de dineros de dudoso origen. No es poca cosa que el Presidente haya preferido poner en duda la consistencia de sus convicciones indigenistas y pachamamistas para satisfacer la demanda de sus leales chapareños, hoy convertidos en los “villanos” del dilatado conflicto del Tipnis y en beneficiarios de mega inversiones como la planta de “urea y amoníaco” cuyo costo exorbitante comienza a levantar sospechas. Electoralmente, tiene un atípico comportamiento, con abrumadoras mayorías que en los últimos tiempos no le dejan espacio al disenso. Donde la rígida conducción sindical estaría restringiendo derechos políticos al privilegiar el acceso a listas de candidatos a quienes aseguren su condición de propietarios y cultivadores de coca.
De ser verdad éste y otros extremos, estaríamos frente al retorno de una sui generis democracia excluyente.
¡Ése es nuestro bello Chapare! Reino de la informalidad y de su prima hermana la ilegalidad. Y es que en el Chapare sobra materia para la investigación ¿Será posible hacerlo considerando esa dinámica cuasi federal, allí donde la autonomía de la informalidad goza de muy buena salud?
La autora es psicóloga, politóloga y exparlamentaria
erikabrockmann@yahoo.com.mx

lunes, 9 de julio de 2012

EEUU ha de continuar cooperando a Bolivia en su l ucha antinarcóticos. la NAS se encuentra activa inclusive con programas de especialización para oficiales de policía informó Cáceres llamado también "el zar antidrogas"


El Gobierno de Bolivia seguirá recibiendo apoyo económico y logístico de la Sección Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS, por su sigla en inglés), reiteró este lunes el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
Explicó que la NAS continuará coordinando acciones en la lucha contra el narcotráfico pero en el marco del nuevo convenio bilateral con dignidad y soberanía que negocia Bolivia ante Estados Unidos.
“La NAS ha sido un programa importante que ha apoyado en logística y financieramente en programas de interdicción y de reducción de cultivos excedentarios de coca”, dijo.
Cáceres subrayó que la NAS forma parte del acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Brasil y Bolivia sobre un programa piloto de erradicación de cultivos ilegales de coca en todo el territorio nacional.
“También tenemos otros programas (con la NAS) como el de capacitación y especialización de nuestros policías antinarcóticos en el exterior”, agregó.
El viceministro Cáceres precisó que la ayuda económica de la estadounidense NAS llegó este año a once millones de dólares. Sin embargo, se anticipa que ese monto disminuirá a partir del próximo año.
La Sección Antinarcóticos (NAS) es la oficina responsable por la administración y coordinación de los recursos que el Gobierno de Estados Unidos proporciona al Gobierno de Bolivia para fortalecer su capacidad de hacer cumplir las leyes, y a las fuerzas armadas y otras instituciones públicas para combatir el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.
La oficina de NAS asesora al Embajador y a otros elementos de la Misión y agencias en Washington sobre la actividad criminal transnacional en Bolivia, y recomienda políticas y proyectos en forma sostenida.
(foto y texto de la agenciia ANF)

viernes, 6 de julio de 2012

seguridad por encima de todo es la norma de la empresa canadiense que desde hace 20 años explora en el norte de Potosí. Entre Wara-Wara y La Limosna existen yacimientos de oro, de plata de indio y otros minerales aunque sin desarrollar y potencialmente grandes. comunarios de Karikari y Kalachaca se oponen y quieren nacionalizar. las concesiones son legales y están plenamente vigentes. ANF


South American Silver  paralizó todas sus actividades en el cerro Mallku Khota, porque lo fundamental es garantizar la seguridad de las operaciones, de los empleados tanto de la filial boliviana como de sus contratistas, aseguran en la empresa.
“Nuestra primera prioridad es la seguridad y el resguardo de nuestros empleados, de contratistas y de todos aquellos en las comunidades locales”, asegura el presidente de South American Silver, Greg Johnson, en un comunicado difundido en Vancouver.
En tanto que en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia lamentan la toma de la mina, insistiendo que no es el único avasallamiento, pues, “hemos visto en distintos sectores que hay confrontación entre hermanos de clase”, señalaron.
“Estamos trabajando estrechamente con las autoridades del gobierno provincial de Potosí y los organismos nacionales de Bolivia para resolver de manera constructiva la situación y buscar un enfoque de desarrollo que incluya a todas las comunidades de la zona del proyecto, incluyendo el pequeño número que se han opuesto al proyecto”, agrega el comunicado de la multinacional.
RIQUEZA NATURAL
Mallku Khota es uno de los yacimientos de plata e indio sin desarrollar más grande del mundo, así lo descubrió la minera después de varios años de exploración.  Además de haber descubierto un sistema de venas de oro.
La nacionalización de esta riqueza exigen los comunarios de Karikari y Kalachaca, demandando la “estatización” del yacimiento que está explorando por varios años la minera canadiense.  Para hacerse escuchar ya tomaron varios rehenes, los recientes son cinco, que aún no fueron liberados.
El yacimiento Mallku Khota está ubicado entre los cantones de Sacaca en la provincia Alonso de Ibáñez y Toracari y San Pedro de Buena Vista de la provincia Charcas del departamento de Potosí. A 98 kilómetros de la ciudad de Oruro y a 85 de Cochabamba.
Otro informe de la minera canadiense asegura que “ha trabajado en Bolivia desde hace casi 20 años y estamos seguros y comprometidos a seguir trabajando con todos los residentes locales, incluyendo los pocos que se han opuesto al proyecto”.
Desde el 2003, la canadiense fue adquiriendo los yacimientos de distintos concesionarios, las primeras áreas fueron Cobra y Daniel, completando las 5.475 hectáreas en abril del 2008.
Las diez áreas que integran la concesión son: Norma, Cobra, Daniel, Takhaua, Alkasi, Jalsuri, Takhuani, Silluta, Antacuna y Viento, de acuerdo con el plan de acción  elaborado por South American Silver en mayo del 2011.
La plata y el indio “comienza en la superficie y permanece abierto a una mayor expansión lateralmente y en profundidad”. Las perforaciones realizadas por la filial boliviana “han identificado” un sistema “de vetas de oro y plata e indio” en el yacimiento potosino.
“Este nuevo descubrimiento se encuentra en un área que ha sido previamente clasificada como no mineralizada debido a la falta de perforación en la zona. La nueva zona de mineralización de mayor grado está comprendida entre las dos áreas previamente identificadas Wara-Wara y la Limosna”, indica otro informe de la canadiense. 
La nacionalización de esta riqueza exigen los comunarios de Karikari y Kalachaca, demandando la “estatización” del yacimiento que está explorando por varios años la minera canadiense.  Para hacerse escuchar ya tomaron varios rehenes, los recientes son cinco, que aún no fueron liberados. //JTI//

miércoles, 4 de julio de 2012

cifras que aterran. es que nadie podrá frenar la debacle en que EM sume a Bolivia? se va JINDAL echando por tierra la mayor ilusión de industrializar el hierro de Mutún. no hay respeto a la propiedad privada y la inversión es casi nula (El Día.SC)


Que la empresa Jindal se vaya de Bolivia ya no es noticia en medio de todos los atentados que han estado dándose en contra de las inversiones y la propiedad privada. Lo triste en relación a la empresa hindú es el dramático espectáculo que le ha estado ofreciendo Bolivia al mundo durante los últimos cinco años  y que podría convertirse en una telenovela con el título: “Todo lo que le puede ocurrir si decide invertir en Bolivia”. La Jindal podría compensar sus pérdidas y ganar dinero vendiendo el libreto que le tocó experimentar en el país, donde ocurrió todo lo que ninguna compañía puede imaginar en materia de trabas.

Y el espectáculo continúa. Acaba de nacionalizarse una de las grandes minas bolivianas a pedido de un grupo de vándalos que se dedica al robo de mineral y contra quienes se enfrentaron los propios trabajadores asalariados de ideología marxista, pero que saben que todo este oleaje nacionalizador tiene fines electoralistas que terminarán destruyendo la totalidad de la industria, como ocurrió con los hidrocarburos, cada día más escasos para el mercado interno.

En este momento está bajo acecho otra empresa minera -Mallku Khota-, que podría correr la misma suerte de Colquiri. Rehenes, dinamitazos, vandalismo y todo el espectáculo que estamos acostumbrados a presenciar porque se ha repetido en cientos de establecimientos mineros, donde la nacionalización es sinónimo de informalidad, supernumerarios, baja de productividad y corrupción. Huanuni fue la primera y es el mejor ejemplo de todo aquello.

Esta situación ya figura en todos los informes internacionales que miden el clima para la inversión en los países. El más reciente, denominado Reporte Global de Competitividad (RCG) concluye que el Estado Plurinacional está entre los países que presentan los más bajos niveles, principalmente por un ambiente negativo para las inversiones.

En Bolivia las leyes de propiedad privada no se respetan, la seguridad jurídica es endeble para las inversiones y por esos motivos, la llegada de capitales ha estado escaseando en los últimos años, pese a que el Gobierno ha expresado la urgente necesidad de atraer capitales.

De acuerdo al último informe de la Fundación Milenio presentado esta semana, Bolivia está por debajo de la mitad (2,7) en una escala del 1 al 7 en materia de respeto a la propiedad privada y la promoción de inversiones. En esta evaluación de 142 economías mundiales, Bolivia está casi al final, en el puesto 136, entre las naciones más hostiles hacia los inversionistas, mientras que países africanos que han logrado superar largas crisis de violencia e inestabilidad han avanzado de manera notable. De ahí que resulte absurdo que el Gobierno boliviano trate de poner de ejemplo al “proceso de cambio” y sus nacionalizaciones ante los países de África.

El estudio señala que los principales problemas de Bolivia  son el cambio repentino de reglas de juego, la falta de institucionalidad y la carencia de autoridad que haga respetar las leyes. Estos factores generan incertidumbre y desincentiva a los potenciales inversores, generando además una disminución de las expectativas en relación a los proyectos.

En lo que respecta a la institucionalidad, el RGC le otorga a Bolivia un punto de 3,1 sobre 7 puntos y ubica al país en el puesto 123 de 142 países evaluados. El informe concluye que “la institucionalidad del país se ha deteriorado y una de las partes más afectadas es el derecho a la propiedad”.
De acuerdo al último informe de la Fundación Milenio presentado esta semana, Bolivia está por debajo de la mitad (2,7) en una escala del 1 al 7 en materia de respeto a la propiedad privada y la promoción de inversiones.

martes, 3 de julio de 2012

increíble. además de Papelbol, tenemos Enabol, que pagó 25 millones de dólares por unas barcazas que no llegan pese a la demora de tres años. nunca hubo un escándalo tan grande. ladrones del MAS. que esperan?

El Estado boliviano, a través de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), pagó más de Bs 180 millones de bolivianos ($us 25 millones) para adquirir 16 barcazas y dos empujadores que debían ser entregados a fines del año 2010, pero hasta la fecha no llegan al país. Página Siete accedió a documentación oficial acerca de esta transacción en la que se demuestra que Enabol suscribió contratos con las empresas coreanas Yeunsoo Shipbuilding Co.Ltd. y con Seah B&K Duck Sung Sociedad Accidental para la compra de dos empujadores, que tienen un costo de $us 11.500.000 y 16 barcazas por un valor de $us 14.400.000, aunque en total se pagaron 25 millones de dólares debido a varias modificaciones que se hicieron a los contratos. Los acuerdos fueron suscritos entre octubre y noviembre de 2009; sin embargo, las dos compañías coreanas que debían proveer estos bienes subrogaron el contrato a la empresa china General Marine Business (GMB)-Weihai Marine & Shipbuilding Resorurces Co. Ltd. (MSR), alegando que no había bancos para depositar las boletas de garantía para la fabricación de las barcazas producto de la crisis económica europea.


 La factoría china, según el gerente general de Enabol, Freddy Ballesteros, hizo una entrega provisional de las 16 barcazas en marzo de 2011 en China, pero no fueron trasladadas al país. Según Ballesteros, sólo resta “la entrega de los dos empujadores para que se realice el transporte conjunto” y “las barcazas continúan en un almacén”. Mediante el Decreto Supremo 0098 de abril de 2009, el presidente Evo Morales y su consejo de ministros resolvieron otorgar el financiamiento para ejecutar el proyecto “Implementación de un Empujador Fluvial Multipropósito en el canal Tamengo e Hidrovía Paraguay-Paraná” y autorizaron al Ministerio de Economía y Finanzas que desembolsara $us 30 millones a la Enabol. El proyecto fue concebido para apoyar el desarrollo económico, social y de integración de la región amazónica, particularmente para exportar la producción agrícola de Santa Cruz y el hierro del proyecto minero del Mutún. La entrega definitiva de las 16 barcazas y dos empujadores estaba prevista para septiembre de 2010, pero GMB hizo una petición de ampliación del plazo de entrega hasta octubre de ese mismo año, pero no fue el único, sino que se presentaron otras solicitudes que no se cumplen aún. Las 16 barcazas al parecer se encuentran en el astillero DSSC de China, que fue subcontratado por la empresa fabricante GMB, pero ésta no habría pagado los costos de almacenaje; ante esta situación, Bolivia inició gestiones de carácter jurídico, según Freddy Ballesteros. “Se realizó una serie de gestiones jurídicas y diplomáticas para salvaguardar los bienes de Enabol”, informó. A la fecha, según fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas, este proyecto debía estar en ejecución con el fin de generar recursos económicos para el Estado, pues estaba previsto que en el plazo de cinco años comience a generar utilidades. La Enabol, que está bajo la tuición del Ministerio de Defensa, realizó las contrataciones de forma directa ante el poco interés de otras empresas para proveer barcazas y empujadores. Admiten que hay “problemas” en China Las 16 barcazas concluidas que se encuentran en el astillero y almacén de DSSC, sucontratada por la GMB en China, atraviesan por problemas pues esta empresa no habría pagado los costos de almacenaje de las barcazas. “Hemos tomado conocimiento en noviembre de 2011, posterior a la entrega provisional de las 16 barcazas, que la empresa GMB-Weihai marine & Shipbuilding Resorurces Co. Ltd. (MSR), no había pagado el almacenaje de las 16 barcazas, por lo que se ha realizado una serie de gestiones jurídicas y diplomáticas para salvaguardar los bienes de Enabol”, señala un informe que hizo la empresa naviera estatal a Página Siete. Asimismo, descarta que éstos “problemas” de GMB con las subcontratistas afecten el proyecto porque ésta es la responsable de asumir los costos de almacenaje, mantenimiento, conservación, alquileres, multas, recargos y otras penalidades..

Fuente: eju.tv - ¿Otro negociado’? Gobierno pagó $us 25 millones por barcazas que no llegan a Bolivia
http://eju.tv/?p=218515