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martes, 17 de julio de 2012

el ministerio público está actuando pesadamente. observa la ministro Suxo y reclama mayor celeridad a los fiscales en el caso Rojas que se ventila en Santa Cruz. Allanan la argentina AESA


El Ministerio Público, a través del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Carlos Candia, y una comisión de policías, allanaron ayer el edificio de la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA) y secuestró documentación por el supuesto caso de corrupción que involucra a altos ejecutivos de YPFB.
AESA ganó la licitación para construir la planta separadora de líquidos Río Grande en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
En un operativo que ayer comenzó a las 16:20 y concluyó a las 18:30, los representantes del Ministerio Público indicaron que se procedió a secuestrar los contratos del proceso de licitación de las plantas separadoras y otros documentos, con el objetivo de aclarar las denuncias efectuadas por el exdirector Agustín Ugarte Méndez, que en días anteriores manifestó que la empresa AESA había entregado determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el millonario proyecto de YPFB.
“Hemos secuestrado los contratos y hemos entregado dos requerimientos fiscales para dos de sus ejecutivos. Ellos tienen que presentarse la próxima semana”, sintetizó Candia.
Por su parte, Raúl Paniagua, abogado de la empresa AESA, manifestó que la compañía está dispuesta a colaborar en las investigaciones y requerimientos fiscales que disponga el Ministerio Público.
“La posición de la empresa AESA respecto a la presente investigación se encuentra nítidamente expresada en la denuncia que ha formalizado en el Ministerio Público el vicepresidente Pablo Fernitz contra el señor Ugarte por la comisión de delito de acusación y denuncia falsa”, aseveró Paniagua.
La semana pasada, Ugarte mencionó que AESA entregó determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el contrato de construcción de la planta, hecho que fue desmentido por la firma argentina.
De igual manera, Fernitz pide mediante la denuncia que se amplíe la investigación contra quienes resultaren ser coautores, cómplices e instigadores por la comisión del delito de acusación y denuncias falsas, previsto y sancionado por el artículo 166 del Código Penal.
Según el documento al que tuvo acceso El Deber, a la fecha, el referido contrato se encuentra en ejecución con un avance físico y económico aproximado del 70 por ciento.
Una comisión de calificación recomendó adjudicar el proceso a AESA por cumplir todos los requisitos.
Transparencia observa el caso
Una nota a la Fiscalía General del Estado con observaciones respecto a la actuación en el reciente caso de corrupción en YPFB, fue enviada ayer por la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, según reporte de la agencia de noticias Fides.
La Ministra dijo que su despacho sigue de cerca las presuntas irregularidades en la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande en Santa Cruz y las coimas que habrían recibido funcionarios de la estatal petrolera. "Creo que hay una debilidad en el Ministerio Público, ya debía haber llevado (a cabo) muchas otras acciones que no las ha hecho. Estamos haciendo conocer estas observaciones al Ministerio Público", precisó Suxo.
El Deber envió un cuestionario la semana pasada a ese Ministerio, pero fuentes de esa cartera señalaron que por la reserva del caso no se emitirían criterios.
En tanto, en Santa Cruz,  Cándido Blanco, miembro de la comisión de fiscales que investiga el caso YPFB, informó que se ha emitido una orden de aprehensión contra Vanesa Avilés, quien se desempeñaba como secretaria del exgerente de las Plantas de Separación de Líquidos de la estatal petrolera, Gerson Rojas, recluido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.
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