Que la empresa Jindal se vaya de Bolivia ya no es noticia en medio de todos los atentados que han estado dándose en contra de las inversiones y la propiedad privada. Lo triste en relación a la empresa hindú es el dramático espectáculo que le ha estado ofreciendo Bolivia al mundo durante los últimos cinco años y que podría convertirse en una telenovela con el título: “Todo lo que le puede ocurrir si decide invertir en Bolivia”. La Jindal podría compensar sus pérdidas y ganar dinero vendiendo el libreto que le tocó experimentar en el país, donde ocurrió todo lo que ninguna compañía puede imaginar en materia de trabas.
Y el espectáculo continúa. Acaba de nacionalizarse una de las grandes minas bolivianas a pedido de un grupo de vándalos que se dedica al robo de mineral y contra quienes se enfrentaron los propios trabajadores asalariados de ideología marxista, pero que saben que todo este oleaje nacionalizador tiene fines electoralistas que terminarán destruyendo la totalidad de la industria, como ocurrió con los hidrocarburos, cada día más escasos para el mercado interno.
En este momento está bajo acecho otra empresa minera -Mallku Khota-, que podría correr la misma suerte de Colquiri. Rehenes, dinamitazos, vandalismo y todo el espectáculo que estamos acostumbrados a presenciar porque se ha repetido en cientos de establecimientos mineros, donde la nacionalización es sinónimo de informalidad, supernumerarios, baja de productividad y corrupción. Huanuni fue la primera y es el mejor ejemplo de todo aquello.
Esta situación ya figura en todos los informes internacionales que miden el clima para la inversión en los países. El más reciente, denominado Reporte Global de Competitividad (RCG) concluye que el Estado Plurinacional está entre los países que presentan los más bajos niveles, principalmente por un ambiente negativo para las inversiones.
En Bolivia las leyes de propiedad privada no se respetan, la seguridad jurídica es endeble para las inversiones y por esos motivos, la llegada de capitales ha estado escaseando en los últimos años, pese a que el Gobierno ha expresado la urgente necesidad de atraer capitales.
De acuerdo al último informe de la Fundación Milenio presentado esta semana, Bolivia está por debajo de la mitad (2,7) en una escala del 1 al 7 en materia de respeto a la propiedad privada y la promoción de inversiones. En esta evaluación de 142 economías mundiales, Bolivia está casi al final, en el puesto 136, entre las naciones más hostiles hacia los inversionistas, mientras que países africanos que han logrado superar largas crisis de violencia e inestabilidad han avanzado de manera notable. De ahí que resulte absurdo que el Gobierno boliviano trate de poner de ejemplo al “proceso de cambio” y sus nacionalizaciones ante los países de África.
El estudio señala que los principales problemas de Bolivia son el cambio repentino de reglas de juego, la falta de institucionalidad y la carencia de autoridad que haga respetar las leyes. Estos factores generan incertidumbre y desincentiva a los potenciales inversores, generando además una disminución de las expectativas en relación a los proyectos.
En lo que respecta a la institucionalidad, el RGC le otorga a Bolivia un punto de 3,1 sobre 7 puntos y ubica al país en el puesto 123 de 142 países evaluados. El informe concluye que “la institucionalidad del país se ha deteriorado y una de las partes más afectadas es el derecho a la propiedad”.
Y el espectáculo continúa. Acaba de nacionalizarse una de las grandes minas bolivianas a pedido de un grupo de vándalos que se dedica al robo de mineral y contra quienes se enfrentaron los propios trabajadores asalariados de ideología marxista, pero que saben que todo este oleaje nacionalizador tiene fines electoralistas que terminarán destruyendo la totalidad de la industria, como ocurrió con los hidrocarburos, cada día más escasos para el mercado interno.
En este momento está bajo acecho otra empresa minera -Mallku Khota-, que podría correr la misma suerte de Colquiri. Rehenes, dinamitazos, vandalismo y todo el espectáculo que estamos acostumbrados a presenciar porque se ha repetido en cientos de establecimientos mineros, donde la nacionalización es sinónimo de informalidad, supernumerarios, baja de productividad y corrupción. Huanuni fue la primera y es el mejor ejemplo de todo aquello.
Esta situación ya figura en todos los informes internacionales que miden el clima para la inversión en los países. El más reciente, denominado Reporte Global de Competitividad (RCG) concluye que el Estado Plurinacional está entre los países que presentan los más bajos niveles, principalmente por un ambiente negativo para las inversiones.
En Bolivia las leyes de propiedad privada no se respetan, la seguridad jurídica es endeble para las inversiones y por esos motivos, la llegada de capitales ha estado escaseando en los últimos años, pese a que el Gobierno ha expresado la urgente necesidad de atraer capitales.
De acuerdo al último informe de la Fundación Milenio presentado esta semana, Bolivia está por debajo de la mitad (2,7) en una escala del 1 al 7 en materia de respeto a la propiedad privada y la promoción de inversiones. En esta evaluación de 142 economías mundiales, Bolivia está casi al final, en el puesto 136, entre las naciones más hostiles hacia los inversionistas, mientras que países africanos que han logrado superar largas crisis de violencia e inestabilidad han avanzado de manera notable. De ahí que resulte absurdo que el Gobierno boliviano trate de poner de ejemplo al “proceso de cambio” y sus nacionalizaciones ante los países de África.
El estudio señala que los principales problemas de Bolivia son el cambio repentino de reglas de juego, la falta de institucionalidad y la carencia de autoridad que haga respetar las leyes. Estos factores generan incertidumbre y desincentiva a los potenciales inversores, generando además una disminución de las expectativas en relación a los proyectos.
En lo que respecta a la institucionalidad, el RGC le otorga a Bolivia un punto de 3,1 sobre 7 puntos y ubica al país en el puesto 123 de 142 países evaluados. El informe concluye que “la institucionalidad del país se ha deteriorado y una de las partes más afectadas es el derecho a la propiedad”.
De acuerdo al último informe de la Fundación Milenio presentado esta semana, Bolivia está por debajo de la mitad (2,7) en una escala del 1 al 7 en materia de respeto a la propiedad privada y la promoción de inversiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario