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jueves, 19 de julio de 2012

OPINION desgrana los hechos para establecer que el tremendo fracaso en la explotación de El Mutún, estableciendo el rol del Estado en el desastre


El Mutún sigue ahogándose en el fracaso histórico. Se deben analizar las responsabilidades en un proyecto que corre el peligro de quedar para las calendas griegas.

La Jindal Steel and Power (JSP) se va del país y con ello deja enorme frustración nacional por el más grande proyecto siderúrgico en El Mutún, uno de los más importantes reservorios de hierro de la región y cuya explotación se ha venido hablando desde hace más de cien años.

Los motivos del rompimiento del contrato tienen que ver con desinteligencias entre el Gobierno y la empresa, pero, como ha quedado claro con la poca capacidad de provisión de gas natural para el funcionamiento del proyecto. Se trata de uno de los fracasos más significativos en la industrialización del país. 

Por un lado, el Gobierno en palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, considera que con esta “experiencia terrible, dolorosa, tenemos que ser mucho más exigentes y cuidadosos al momento de calificar a las empresas”. Es un reconocimiento que pretende justificar que hubo errores oficiales. La empresa califica al Gobierno de “anti-inversionista” y cazador de inversionistas extranjeros y anuncia que recurrirá a las vías legales exigiendo el pago de daños ocasionados a la firma.

Los efectos de esta situación que no pudo ser controlada por el Ministerio de Minería y la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), son preocupantes para el futuro de la industrialización del hierro. Se esperaba que la siderúrgica produzca hierro esponja entre 2008 y 2013 y acero en el período 2013. La empresa invirtió desde la firma del contrato de riesgo compartido apenas 12 millones de dólares y, por esto, el Estado boliviano ejecutó hasta mayo de 2012 dos boletas de garantía por 36 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Esto determinó que las relaciones cayeran en un profundo abismo. En un momento dado se podía avizorar que un nuevo contrato establecería la realidad para ambas partes. Es decir, que al reducirse la producción de acero y las inversiones de la empresa el proyecto inicial también se reduzca y en consecuencia el compromiso del suministro de gas natural del Gobierno boliviano también sea menor. El proyecto inicial estimaba 5 millones de metros cúbicos en 2014, el 2016 aumentar a 6 y el 2017 el proyecto requería un suministro diario de 10 millones de metros cúbicos de gas. Se supone que la empresa al no tener certidumbre atrasó las inversiones que le tocaban realizar.

Ahora hay que preguntar al Gobierno en qué queda el proyecto de El Mutún. Más allá de los lamentos y explicaciones que endilgan culpas a la empresa y la escasa autocrítica gubernamental, lo que el pueblo boliviano y en especial Puerto Suárez exigen conocer los próximos pasos. Los cívicos consideran que se puede aún solucionar la última controversia, pero las cartas están echadas.

El Gobierno dice que hay por lo menos unas cinco empresas extranjeras que tienen interés, aún siendo cierto esto, el proceso de convocatoria para la licitación, la calificación y los procesos legales y administrativos son tan lentos que el proyecto con una eventual nueva empresa tardaría más de un año y medio.

El Mutún, si somos realistas, sigue ahogándose en el fracaso histórico. No estaría mal que en un acto de conciencia autocrítica se analicen las responsabilidades de quienes tuvieron a su cargo impulsarlo. Quizá de este modo no se repitan los errores, otorgándole otra oportunidad a un proyecto que corre el peligro de quedar para las calendas griegas.
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