caos en el Transporte público. un Reglamento de Ley que está demorando ya cinco anos en salir a luz. qué pasa! a quién beneficia este desorden?

Una serie de amagos de enfrentamiento entre transportistas de Oruro y Cochabamba, enfrentados por los derechos de uso de paradas en las terminales de buses de ambas ciudades, entre otros conflictos de intereses, ha vuelto a poner en evidencia que uno de los más grandes vacíos legales en nuestro país es el relativo a la regulación de los servicios de transporte público.

Tal situación no es nueva, pues el caos en que está sumido todo el sistema de transporte público a escala nacional, departamental y municipal tiene como causa principal el vacío legal que quedó abierto desde agosto de 2011, cuando se puso en vigencia la Ley General del Transporte No. 165, la que distribuye atribuciones, deberes y obligaciones con alcances muy específicos al Gobierno nacional y a los departamental y municipales.

Según lo que manda la Ley 165, el Gobierno central se debe encargar de todo lo relativo al transporte interdepartamental, los gobiernos departamentales al interprovincial y los municipales del transporte urbano. Distribución de roles diseñada con muy buen criterio para evitar sobreposiciones.

Sin embargo, la aplicación de tan razonable disposición legal quedó condicionada a la reglamentación de la Ley, tarea para la que se fijó un plazo de 120 días. Más de cinco años han pasado desde entonces y todavía nadie sabe qué tareas corresponden a cuál autoridad. Consecuencia obvia de ello es el estado de caos y anomia en el que los transportistas se mueven a sus anchas.