El informe 2015 de la UNODC, que se circunscribe a medir la superficie que en Bolivia se destina a cultivar coca y no, como muchos quisieran, a determinar la cantidad de cocaína que se produce en el país, es relevante y sumamente útil por lo que muestra, por lo que insinúa y por lo que se puede especular a partir de sus datos.
Empecemos por lo que muestra. A mi criterio hay tres datos irrefutables: la superficie de cocales, que asciende a 20,200 Hectáreas (Has); la cantidad de coca entregada a los dos mercados legales (21,210 toneladas métricas, TM) y el precio del kilogramo de hoja de coca en ambos mercados legales (9.58 $/kg en Villa Fátima y 6.86 $/kg en Sacaba). Adicionalmente, el informe cuantifica la distribución de los cocales por región (70% Yungas y 30% Chapare) y revela que la hoja de coca entregada a los mercados legales proviene 93% de Yungas y 7% del Chapare. Se confirma así una dolorosa verdad: la coca del Chapare definitivamente no pasa por el mercado legal.
Asimismo, con base en el precio del kilo de hojas de coca, se deduce que el movimiento económico de la coca legal alcanza a 200 M$, un monto nada despreciable. En suma, el cultivo legal de coca (en los Yungas) requiere poco esfuerzo, da buenas ganancias y, por añadidura, no paga impuestos.
Vamos ahora a lo que insinúa el informe. En efecto, conociendo el número de Has, podemos preguntarnos: ¿cuánta coca se produce? El informe, como no puede hacer diversamente, utiliza el factor de conversión oficial que es 1.6, promedio de las dos regiones: cada hectárea rinde 1.6 TM de coca seca. Sin embargo, UNODC parece dudar de ese factor y aboga por un estudio objetivo y científico de la productividad de los cocales. ¿Se hará? Cabe señalar que en el ámbito internacional se manejan factores entre 2.3 y 3. Tomando un factor prudente de 2.5, la producción estimada de hoja de coca subiría de 32,500 TM (factor 1.6) del informe a 50,000 TM y el porcentaje de la coca legalizada bajaría del 65% al 42% de la producción: ¡una gran diferencia! Adicionalmente, ¿quién garantiza que toda la coca “legal” termine siendo utilizada para ese fin? El frecuente hallazgo de mini-fábricas de cocaína en El Alto y en el Altiplano indica todo lo contrario.
Finalmente, ¿qué se puede especular, a partir de los datos del informe, acerca de la cocaína producida con la coca desviada al narcotráfico? Acá interviene un segundo factor cuyas fuentes son dos: informantes y pruebas de laboratorio. Por alguna extraña razón ese factor es un “tabú” para el Gobierno boliviano, de modo que usaré datos de otros países productores para estimar un valor actualizado de 150 Kg de coca por kg de cocaína, consecuencia de la mejor eficiencia de los procesos químicos involucrados. Con ese dato llegamos a la conclusión que la cantidad de cocaína producida en el país debe estar por las 200 TM, incluyendo las 25 TM de cocaína (no toda boliviana) que suelen incautarse anualmente. Por otro lado, según fuentes peruanas, el precio de la cocaína en Bolivia está por los 2,000 $/kg, de modo que, al final del día, la renta de la coca ilegal llegaría a 400 M$, sin contar el “peaje” aplicado a la cocaína peruana que transita por Bolivia.
Si bien seguimos a la cola de los cultivadores de coca: 15%, contra 32% del Perú y 53% de Colombia, el esfuerzo de Sísifo (constante e inútil) que representa la reducción de los cocales obliga a intentar algo nuevo. De hecho, se superarían varios problemas ligados a la temática cocalera si el Estado monopolizara (o nacionalizara) el comercio de la coca, recogiendo “in situ” oportunamente toda la cosecha de los cocales estrictamente necesarios para satisfacer la demanda legal. ¿Lo hará?
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