Semejante despliegue de despilfarro económico es cuestionable en cualquier circunstancia, pero lo es mucho más si se considera lo mucho que podría hacerse con ese dinero para satisfacer las necesidades de las personas antes que las de los caballos
A las muchas dudas que desde un principio hubo sobre la necesidad y conveniencia de que Cochabamba se involucre en la organización de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, por las enormes cantidades de dinero que habrá que destinar a tal propósito, se han sumado los recientes informes sobre el Complejo Hípico que se construye en la Escuela Militar de Sargentos del Ejército (EMSE) de Tarata.
Como se sabe, el propósito de las autoridades gubernamentales encargadas de organizar los Juegos Sudamericanos es que ese recinto militar sea sede de las disciplinas de deportes ecuestres. Para ello se proponen gastar 76 millones de dólares aunque, como suele ocurrir en este tipo de obras, se prevé que el monto final llegue a ser muy superior al presupuestado.
Las razones que permiten cuestionar la utilidad y conveniencia de semejante inversión son en gran medida las mismas que se plantean en relación a los más de 500 millones de dólares que se proponen repartir entre las arcas del erario nacional, del departamental y de los municipales. La principal de ellas es la falta de correspondencia entre la utilidad que a la larga tendrá semejante gasto y las múltiples necesidades que no son atendidas con el argumento de que en tiempos de crisis no se puede disponer de los recursos económicos necesarios para atenderlas. La falta de agua, de alcantarillado y de infraestructura de riego, en gran parte de Cochabamba, por poner un ejemplo, podría ser en gran medida aliviada con un monto menor al que se pretende gastar en algo más de 10 días de competencias deportivas.
Como si esas razones no fueran suficientes, en el caso del Centro Hípico de la Escuela de Sargentos se debe añadir lo irracional que resulta que nada menos que 78 millones de bolivianos sean destinados a la institución que más dinero recibe del Estado y que, por consiguiente, se supone que tendría que ser la menos necesitada. Más aún si el gasto se hace para una actividad de importancia tan secundaria desde el punto de los intereses colectivos como son los deportes ecuestres.
Más deplorable aún es el asunto si se considera que uno de los cinco picaderos que están siendo construidos ya ha sido descalificado por los inspectores de la Federación Internacional de Ecuestres (FEI), porque fue construido sin considerar las medidas reglamentarias que se exigen para una competencia internacional. Es decir, está tan mal hecha la obra que sólo puede ser incorporada a la ya larga lista del despilfarro inútil.
Ese contratiempo no parece preocupar a los mandos militares que tienen a su cargo el Centro Hípico, pues esa deficiencia no impide que con orgullo lo califiquen como “uno de los mejores a nivel sudamericano porque (…) tendrá una veterinaria, piscina con hidroterapia para los caballos, además de un hotel para los caballerizos”.
Semejante despliegue de despilfarro es cuestionable en cualquier circunstancia, pero lo es mucho más si se considera que Tarata, el lugar donde se construye el Centro Hípico, no tiene resueltas muchas de las más elementales necesidades de sus habitantes.
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