La lucha cívica cochabambina es de larga data. En los tiempos del liberalismo y del nacionalismo fue el Comité Pro Cochabamba que abanderó la lucha por las reivindicaciones regionales, más tarde en tiempos de las dictaduras militares fue la Junta de la Comunidad (JUNCO) a cuya iniciativa y batallar se deben proyectos que se ejecutaron, otros que están en ejecución y otros más como el del hierro de Changolla que nunca fueron asumidos. Ahora retoma el liderazgo el Comité Cívico para enarbolar un petitorio de ocho items, al primero de los cuales nos referimos con esta nota.
Se habla de un recorte en el presupuesto asignado a la Prefectura para ser ejecutado en la gestión fiscal. El Ministerio de hacienda habla de un reajuste que habría sido provocado por las diferencias de precio de los hidrocarburos en el mercado internacional y por la demora en la presentación del presupuesto por el Concejo Departamental. Tanto el Ministro Arce, como su director de presupuesto Edwin Aldunate insisten desde hace varias semanas en la posibilidad de una reconsideración si acaso la comisión conformada por los cívicos, la Prefectura, el Concejo y la Brigada Parlamentaria emiten una resolución favorable para rechazar el recorte de 112 millones de bolivianos además de otorgarle a la Prefectura el pago de las obras pendiente de gestiones pasadas.
Los funcionarios estatales se empeñan en explicar que la variación del precio por la exportación del gas y del petróleo que produce Cochabamba motiva un reajuste en las asignaciones siendo que el cálculo se había basado en el precio de 66.8 dólares el barril en lugar del que realmente se ingresó por la venta, tipo de desajustes que según la Ley Financial autoriza al Ministerio a modificar los presupuestos de prefecturas y municipios cuando los ingresos superan a los originalmente presentados.
Lo cierto es que la archiconocida burocracia del sistema administrativo, pese a la tecnología existente, la velocidad de la comunicación electrónica y en su caso el intercambio de datos entre ministerios y prefecturas y alcaldías la ineficiencia sigue imperando y provocando entuertos como el presente, alimentado por las susceptibilidades reales entre ambos entes administrativos, que no pueden superar los obstáculos y ofrecer soluciones a la población en lugar de parquearse cada uno en su parcela sin ceder en sus planteamientos. Parece increíble que en pleno Siglo XXI y a pesar de los enormes progresos en todo orden, no se hubiese llegado al consenso fruto del análisis desapasionado y realista de la distribución a que Cochabamba tiene derecho.
De su parte la Prefectura explica que el Seguro Universal de Salud Infantil, (SUSI) el mantenimiento de caminos de la red troncal, el pago de las deudas de Misicuni y todo lo referido a imprevistos por catástrofes naturales corren por cuenta del Estado, mientras que el 14% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos se emplea en gasto social, la contribución con un 35% del gasto en la red fundamental de caminos, el que se ha doblado por las emergencias presentadas en la zona de El Sillar y las erogaciones por el Proyecto Misicuni. En suma, todo un complejo panorama de desencuentros y contradicciones, cuando debería ser este marco financiero absolutamente claro a principios de la gestión, poniendo borrón y cuenta nueva en lugar de ir arrastrando temas pendientes que embarrullan más la situación. Sorprende que no obstante lo delicado del tema, no se hubiera efectuado la tan cacareada conciliación contable.
Para el bien de todos, para deslindar responsabilidades y sobretodo para ir adelante, aprobar el presupuesto y liberar de trabas al flujo de fondos, se tiene que llegar a un acuerdo definitivo y evitar que año tras año se reedite la discusión, ya que siendo las matemáticas una ciencia exacta no ha lugar a tanta confusión ni al caos que funcionarios centralistas tienen acostumbrados a los otros funcionarios regionales, cual se tratase de un pugilato, de un tira y afloje de una gimnasia de regulaciones, que significan erogaciones, viajes, viáticos, hoteles y sobretodo cabalgar sobre la paciencia de los contribuyentes que no podemos entender a qué tanto teje y maneje, cuando las necesidades son tan claras y las disponibilidades también.
Los otros asuntos reclamados al Gobierno están en agenda desde siempre y se actualizan cada vez que como hoy en dia surgen dificultades. Urge la construcción del gasoducto Carrasco Cochabamba, conclusión del proyecto Misicuni, fortalecer al LAB, atender carreteras y ferrocarriles, nuevos items para salud y educación, respeto al profesional boliviano y promoción al desarrollo regional, al margen de ello los dirigentes cívicos explicaron que sin recursos para explorar nuevas fuentes hidrocarburíferas, se dará la disminución de la producción, lo cual es intolerable. Finalmente, reiterando sus argumentos los líderes de la comunidad han reiterado la necesidad de contar con un flujo de recursos ya asignados en las cuentas bancarias, de lo contrario se estaría confirmando la incongruencia de los recortes y la ausencia de voluntad política para superarla.
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