(Los Tiempos subeditorializa sobre el tema)
La compra por parte de la Prefectura de seis vehículos ha desatado una tormenta que, más allá de la legalidad o ilegalidad de esa adquisición, adquiere un tinte político inocultable y que está siendo aprovechado por el Gobierno en su permanente intento por lograr la defenestración del Prefecto del Departamento. Versiones van y vienen de parte de ambos lados y el caso pasará ahora a manos de la Contraloría. Si hay algo criticable es, quizás, la oportunidad que se eligió para efectuar la compra. Es de conocimiento general que el Gobierno está a la pesca de cualquier desliz que pueda cometer la administración prefectural y, si bien ésta ha presentado los argumentos de respaldo, era previsible una reacción oficialista como la que estamos presenciando. Sin entrar en detalles sobre el costo o calidad de las movilidades adquiridas, es evidente que éstas son necesarias para que una repartición, como en este caso la Prefectura, pueda desarrollar sus actividades. Que son costosas, no es ninguna novedad; pero son un instrumento de trabajo del que no se puede prescindir. El Gobierno central dispone de un apreciable número de vehículos, muchos de ellos nuevos, utilizados por los diferentes ministerios en su labor cotidiana. Así pudo observarse, por ejemplo, cuando el vice-Presidente de la República fue sometido a una intervención quirúrgica en una clínica privada de Cochabamba; el estacionamiento del centro médico fue prácticamente copado por vehículos oficiales, similares a los cuestionados. El hecho que comentamos se convierte en un capítulo más de una historia que se inició el día en el que el MAS perdió la Prefectura de Cochabamba y cuyo final no es fácil predecir; pero está visto que el régimen masista no cejará en su propósito de lograr el alejamiento del Prefecto departamental.
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