Estudiar un estatuto para la posible autonomía cochabambina es oportuno, legal y legítimo
La reorganización de las estructuras administrativas del Estado, es un proceso imparable, tenemos que realizarlo de todos modos. En el marco de esa necesidad histórica, organizar un grupo de trabajo, con gente capaz, que elabore un proyecto de estatuto para la autonomía cochabambina, es legítimo, legal y oportuno. Nadie debe molestarse ni suponer que se ha violado alguna ley o compromiso.
La reforma de la organización política administrativa del Estado nacional es una exigencia histórica imparable, pase lo que pase en las relaciones de las tendencias que pugnan por el control de Bolivia, tenemos que modernizar la administración pública. En consecuencia, poner a Cochabamba en la dinámica de esta modernización es algo por lo que nadie tiene que molestarse. El establecimiento de autonomías en vez de la división actual en departamentos, en sí mismo no dice nada, el gran debate consiste en ver los asuntos que serán descentralizados. La concentración de poder y de recursos en un solo departamento ha hecho mucho daño a Bolivia incluyendo al centro geográfico poseedor de los privilegios del centralismo. El estudio y, consiguientemente, la propuesta de lo que deseamos realizar en el proceso de transformaciones a que nos referimos, no es sino el ejercicio de una legítima y oportuna previsión de lo que, de todos modos, va a suceder, máximo, en los próximos meses.
La iniciativa de organizar un grupo de trabajo para que elabore un proyecto de estatuto para la autonomía cochabambina, no es ilegal tampoco un acto subversivo, simplemente, se trata de estudiar, de analizar, de reflexionar. Las acciones correspondientes para aprobar dicho documento se realizarán, oportunamente, cuando las condiciones políticas y jurídicas estén dadas. Es, también, una buena idea que la comisión de trabajo esté formada por gente preparada, que en lo posible represente los diferentes sectores y niveles de la sociedad cochabambina. Es muy importante que todas las provincias tengan sus portavoces. En lo que respecta al contenido y alcances del proyecto tendrá que surgir de los documentos, de los hechos y de las condiciones generales que hasta aquí ya se han dado.
Lo que está claro es el ámbito estatal que permanecerá bajo control del poder central, por ejemplo, la relaciones internacionales; los tributos incluyendo los que correspondan a las autonomías; la moneda; los planes y programas básicos de la educación y la salud, aunque en esta materia cada autonomía tendrá que incorporar sus características regionales; las Fuerzas Armadas deben ser siempre de dimensión nacional y en lo que respecta a la Policía está dentro de lo posible, que hayan particularidades propias de cada autonomía. Algo muy importante, es definir que los recursos naturales, sea cual fuere su ubicación, pertenecen a todos los bolivianos y deben ser equitativamente distribuidos entre todos los habitantes de la República. Es fundamental introducir en el nuevo orden estatal la obligación de la planificación para lograr un desarrollo armónico y equilibrado.
Un aspecto esencial de la autonomía consiste en suprimir las barreras, los malos entendidos, la burocracia corrupta y las concepciones regionalistas atrasadas para dar paso a una administración ágil, eficiente que esté en permanente contacto con el pueblo. Lo que se busca es una distribución equitativa y eficiente del poder.
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