Desde su asilo en Miami, Carlos Sánchez Berzaín, el hombre fuerte de Gonzalo Sánchez de Lozada, habla de las acusaciones en su contra y acusa al presidente Evo Morales de ser el responsable de los sucesos violentos de octubre de 2003¿Cuál es su opinión sobre el juicio de responsabilidades?
Es el procedimiento que Evo Morales ha elegido para encubrir los delitos que él mismo ha cometido en octubre de 2003 y antes. Evo cometió delitos de sedición, conspiración, buscó deliberadamente muertos para atribuirlos a nuestro gobierno y es el acusador en este proceso. Es un juicio político, nulo de pleno derecho, yo no estoy ni siquiera notificado. No es un juicio, es una farsa, un linchamiento jurídico que busca confirmar una sentencia públicamente establecida por Evo, que con esto pretende destruir a quienes considera sus enemigos políticos y que solamente hemos sostenido la democracia en Bolivia por medio del cumplimiento de la Constitución contra las permanentes acciones delictivas de Morales.
¿Está usted acusando al Presidente?Sí, y estoy pidiendo desde hace más de cinco años que se lo investigue por los hechos de octubre de 2003, pero él está protegido –como todos los otros autores y sus cómplices– por los decretos de amnistía 27234 y 27237 de 31 de octubre y 4 de noviembre de 2003, firmados por Carlos Mesa, en acuerdo con el propio Evo. Por esos decretos se han perdonado los delitos cometidos a quienes alteraron el orden público, secuestraron gente en Sorata, emboscaron a una columna de evacuados en Warisata, atacaron y bloquearon en El Alto y La Paz , atacaron cuarteles policiales y militares, mataron gente y provocaron los hechos de septiembre y octubre de 2003. Hay que dejar constancia que no se dicta amnistía a favor de inocentes sino de culpables, la amnistía supone la previa aceptación de culpabilidad, pero también evita una investigación idónea. La pregunta es, ¿cómo se puede investigar lo sucedido, si quienes iniciaron los hechos están excluidos?
¿Cómo encarará el juicio de responsabilidades?El juicio no puede proseguir en mi contra porque no he sido notificado. El Gobierno y las autoridades judiciales conocen mi domicilio y mi estatus de asilado político en EEUU. Se debe impulsar una investigación imparcial, que comprenda a todos los actores de los hechos. Le reitero, que lo que llaman juicio en Bolivia no respeta la garantía del debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni la igualdad jurídica de las partes. Cualquier organismo internacional que revise el proceso quedará convencido de su carácter político y de su ilegalidad. Si hubiera una investigación imparcial, un debido proceso y un juez idóneo, el que terminaría en la cárcel sería Evo Morales.
Los ex comandantes de las FFAA aseguran que recibieron órdenes del Capitán General, ¿qué opina?Recibieron órdenes del Presidente de acuerdo con la Constitución y por escrito. En varias oportunidades Gonzalo Sánchez de Lozada ha declarado asumiendo la responsabilidad. Todos cumplimos con el mandato del Art. 210 y conexos de la Constitución y yo asumo –como siempre– mi responsabilidad política, que no es penal, ningún miembro del Gobierno, ni civiles ni militares, en la crisis de 2003 ha cometido delito alguno. El incluirlos en el juicio es una maniobra para amedrentar a los militares que cumplen con la defensa de la democracia. Los comandantes son inocentes, sólo cumplieron con la Constitución y con órdenes legítimas y legales del Capitán General, defendieron a la ciudadanía y no se excedieron en el uso de sus atribuciones, como prueba un informe público de los fiscales de Bolivia del año 2004, que por ese informe fueron procesados y destituidos. Evo usa a los ex comandantes militares como rehenes para tratar de obtener alguna declaración en contra de nuestra gestión.¿Usted hace el rol de oposición desde Estados Unidos?
Me encantaría estar en Bolivia para hacer oposición y luchar para evitar que Evo consolide un gobierno autoritario, pero como él sabe esto, me persigue para anularme. Bolivia tiene en el gobierno de Evo Morales la administración más violenta, antinacional, corrupta e ineficiente de la historia.
¿Qué opina del impacto que tuvo su asilo? Fue políticamente utilizado por el Gobierno de Bolivia que ya sabía un año antes sobre mi asilo. Esta utilización es constante, basta ver ahora lo que pasa con el Gobierno de Perú respecto al asilo de otros compañeros ministros. Además, no se olvide que el primer asilado político del gobierno de Evo en Perú fue el prefecto masista de Chuquisaca, que luego de la masacre de Sucre escapó de su propio gobierno.
¿Qué opina de varios ex ministros que también han decidido marcharse del país?Son la nueva prueba de la persecución política que ejerce Evo Morales y su gente. Están protegiendo su libertad frente a un Gobierno que es acusador, juez y verdugo en este proceso.
Es el procedimiento que Evo Morales ha elegido para encubrir los delitos que él mismo ha cometido en octubre de 2003 y antes. Evo cometió delitos de sedición, conspiración, buscó deliberadamente muertos para atribuirlos a nuestro gobierno y es el acusador en este proceso. Es un juicio político, nulo de pleno derecho, yo no estoy ni siquiera notificado. No es un juicio, es una farsa, un linchamiento jurídico que busca confirmar una sentencia públicamente establecida por Evo, que con esto pretende destruir a quienes considera sus enemigos políticos y que solamente hemos sostenido la democracia en Bolivia por medio del cumplimiento de la Constitución contra las permanentes acciones delictivas de Morales.
¿Está usted acusando al Presidente?Sí, y estoy pidiendo desde hace más de cinco años que se lo investigue por los hechos de octubre de 2003, pero él está protegido –como todos los otros autores y sus cómplices– por los decretos de amnistía 27234 y 27237 de 31 de octubre y 4 de noviembre de 2003, firmados por Carlos Mesa, en acuerdo con el propio Evo. Por esos decretos se han perdonado los delitos cometidos a quienes alteraron el orden público, secuestraron gente en Sorata, emboscaron a una columna de evacuados en Warisata, atacaron y bloquearon en El Alto y La Paz , atacaron cuarteles policiales y militares, mataron gente y provocaron los hechos de septiembre y octubre de 2003. Hay que dejar constancia que no se dicta amnistía a favor de inocentes sino de culpables, la amnistía supone la previa aceptación de culpabilidad, pero también evita una investigación idónea. La pregunta es, ¿cómo se puede investigar lo sucedido, si quienes iniciaron los hechos están excluidos?
¿Cómo encarará el juicio de responsabilidades?El juicio no puede proseguir en mi contra porque no he sido notificado. El Gobierno y las autoridades judiciales conocen mi domicilio y mi estatus de asilado político en EEUU. Se debe impulsar una investigación imparcial, que comprenda a todos los actores de los hechos. Le reitero, que lo que llaman juicio en Bolivia no respeta la garantía del debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni la igualdad jurídica de las partes. Cualquier organismo internacional que revise el proceso quedará convencido de su carácter político y de su ilegalidad. Si hubiera una investigación imparcial, un debido proceso y un juez idóneo, el que terminaría en la cárcel sería Evo Morales.
Los ex comandantes de las FFAA aseguran que recibieron órdenes del Capitán General, ¿qué opina?Recibieron órdenes del Presidente de acuerdo con la Constitución y por escrito. En varias oportunidades Gonzalo Sánchez de Lozada ha declarado asumiendo la responsabilidad. Todos cumplimos con el mandato del Art. 210 y conexos de la Constitución y yo asumo –como siempre– mi responsabilidad política, que no es penal, ningún miembro del Gobierno, ni civiles ni militares, en la crisis de 2003 ha cometido delito alguno. El incluirlos en el juicio es una maniobra para amedrentar a los militares que cumplen con la defensa de la democracia. Los comandantes son inocentes, sólo cumplieron con la Constitución y con órdenes legítimas y legales del Capitán General, defendieron a la ciudadanía y no se excedieron en el uso de sus atribuciones, como prueba un informe público de los fiscales de Bolivia del año 2004, que por ese informe fueron procesados y destituidos. Evo usa a los ex comandantes militares como rehenes para tratar de obtener alguna declaración en contra de nuestra gestión.¿Usted hace el rol de oposición desde Estados Unidos?
Me encantaría estar en Bolivia para hacer oposición y luchar para evitar que Evo consolide un gobierno autoritario, pero como él sabe esto, me persigue para anularme. Bolivia tiene en el gobierno de Evo Morales la administración más violenta, antinacional, corrupta e ineficiente de la historia.
¿Qué opina del impacto que tuvo su asilo? Fue políticamente utilizado por el Gobierno de Bolivia que ya sabía un año antes sobre mi asilo. Esta utilización es constante, basta ver ahora lo que pasa con el Gobierno de Perú respecto al asilo de otros compañeros ministros. Además, no se olvide que el primer asilado político del gobierno de Evo en Perú fue el prefecto masista de Chuquisaca, que luego de la masacre de Sucre escapó de su propio gobierno.
¿Qué opina de varios ex ministros que también han decidido marcharse del país?Son la nueva prueba de la persecución política que ejerce Evo Morales y su gente. Están protegiendo su libertad frente a un Gobierno que es acusador, juez y verdugo en este proceso.
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