La cultura del secreto, muy arraigada en nuestro país, viene acompañada, en ciertas esferas, de una actitud hacia la impunidad, como consecuencia de la figura de poderoso que, por ejemplo, los uniformados del país se hicieron con la formación recibida en la Anapol o en el Colmil.
¿Cómo se espera que los policías eludan las tentaciones de la corrupción o el soborno si en la Academia Nacional de Policías hay quienes castigan o se burlan de los cadetes que toman un minibús en lugar de un radiotaxi? O ¿cómo podría esperarse de los militares una conducta más abierta y transparente si reciben una formación que —superando los límites académicos de seguridad— los diferencia, por encima de los grupos civiles?
A esas cuestiones muy arraigadas se añaden las relaciones perniciosas que los políticos de turno —sí, en tiempos de democracia— han cultivado con los jefes de las FFAA y la Policía. En lugar de mantener una línea de respeto institucional y constitucional, las autoridades procuran establecer lealtades personales para sostenerse políticamente.
Consecuentemente, esta semana, el comandante de las Fuerzas Armadas cerró las puertas del Estado Mayor para evitar el ingreso de un fiscal del Estado, quien tiene la tarea de revisar los archivos militares para hallar pistas que permitan reabrir la investigación sobre el paradero de los restos mortales de los mártires de la democracia, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega Yapura o Carlos Flores Bedregal. Horas después, en una actitud de aparente legalidad, el general Ramiro de la Fuente declaró que esperaba una orden judicial para que el Ministerio Público “acceda” a los datos del escalafón de la dictadura del 80.
Resulta que en el Gobierno del proceso de cambio y del anticolonialismo la desclasificación de archivos militares tiene otra significación. Y es uno muy distinto al que se conoce en el mundo entero. Cuando el Gobierno boliviano alardea de una política de transparencia y justicia contra los crímenes de lesa humanidad, el Ministro de Defensa pretende que la desclasificación sólo suponga que las FFAA entreguen la información y no permitan al ingreso a los recintos donde se halla ésta, con la condición, además, de que se mantenga bajo reserva. Es decir, que los militares permitirán que el juez y el fiscal vean únicamente los datos que les interesan. ¿Si eso no es obstrucción a la investigación, cómo se la puede llamar?
¿Qué sentido tiene, entonces, la instructiva del Gobierno para que la Fiscalía investigue este caso? ¿Acaso aquella instructiva no es, más bien, apenas un gesto político que no hace mella en la cerrazón de las Fuerzas Armadas sobre los restos de aquellos hombres que determinaron, con su vida propia, el retorno de la democracia?
Para colmo, el Gobierno ha decidido, en una actitud de soberbia política, ignorar el pedido de la familia Quiroga Santa Cruz de cambiar el nombre a la ley anticorrupción y, en su lugar, que se rinda un homenaje al desaparecido líder mediante acciones que consoliden la democracia y el respeto a los DDHH, lo que supone, por ejemplo, una nueva actitud en las Fuerzas Armadas.
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