Colocar al Estado administrando los fondos de pensiones es tanto como situar a un ratón bajo custodia de un gato. El roedor, tarde o temprano e indefectiblemente, terminará devorado por el felino en una manifestación innata y natural de quien caza y quien sirve para ser cazado.
Lo mismo puede acontecer si acaso el gobierno persiste en hurtar los recursos que forman parte de los fondos que sirven para solventar la jubilación de las personas. El Estado, bajo éste u otro gobierno, nunca será buen y responsable administrador de lo ajeno. Ya con lo propio tiene problemas, imagínese usted con lo privado. Y es que la lógica de estatizar todo aquello que tiene vida animada, productiva y rentable, no es más que una oprobiosa manera de mirar lo ajeno con ánimo de apropiación. Bajo éste razonamiento, el gobierno nunca ocultó sus intenciones de echarle mano a todo lo que funciona bien, incluidas las AFP que han hecho un trabajo calificado que garantiza, dando certeza irrefutable de ello, que todo aportante tendrá, una vez jubilado, seguridad de que mensualmente recibirá lo que corresponda por su jubilación.
Sería hasta comprensible que si acaso algo está mal y, para la materia, la jubilación de las personas en riesgo, que el Estado, en el papel de fiscalizador que sí debe ejercer, asuma medidas tendientes a solucionar la anomalía.
Incomprensible que quiera destruirse por motivaciones absolutamente ideológicas, aquello que costó edificar y bien. Lo curioso de todo pasa porque el gobierno fue siempre honesto intelectualmente. Nunca ocultó sus inclinaciones estatizantes y menos la política de construir una nomenclatura que dirija el Estado y apropie, para él, los medios de producción bajo el argumento constitucional del “vivir bien”.
Hay más. “El dulce gatito”, con la mayoría parlamentaria con la que cuenta, ---vale la pena recordar que gracias al voto de trabajadores y aportantes, entre otros --- aprobará sin inconveniente la futura Ley de Pensiones en la que asumirá (el Estado), una doble personalidad, esto es, será deudor y acreedor a la vez. Es decir, el Estado se hará cargo de administrar el sistema de pensiones cuando al mismo tiempo es el mayor deudor de aquél.
Concentrada en una sola persona la calidad de deudor y acreedor, “el dulce gatito” se habrá zampado al eficiente roedor y, con la última bocanada, el eructo final traerá como lógica consecuencia la desaparición, hasta hoy vigente, de la obligación de devolver el dinero prestado vía bonos del TGN. El argumento del Vice: lo dice la CPE, las pensiones son competencia pública. Yo lo dije antes de la masacre de La Calancha: la futura Constitución, aprobada más tarde bajo complicidad de UN y Podemos, generará un monstruo que sin control adecuado, tratará de cazar la mayor cantidad de ratones en esto que se llama el Socialismo del Siglo XXI bajo corriente comunitaria. Al demonio con la rentabilidad de los aportes y la seguridad de que al jubilarte, podrás hacerlo con la tranquilidad de ingresar a la recta final en el camino terrenal que te conduce allá donde tus creencias te mandan ir.
El Estado jamás será un buen administrador y menos cuando la necesidad de gestión trae consigo el requerimiento de contar con recursos a los cuales pueda echarse mano. ¿Será que ni de los “dulces gatitos” seremos capaces de protegernos a la hora de cuidar lo que nos pertenece?
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