Una cosa estuvo haciendo de manera correcta el gobierno de Evo Morales desde 2006: prohibir el ingreso ilegal de automotores al país.
La medida se mantuvo desde entonces como una rara ave en el jardín de todas las demás decisiones del gobierno.
Mientras se mantenía esa prohibición, se derrocaba al tribunal constitucional para aprobar una constitución ilegal, seguían creciendo los cocales ilegales, seguía ingresando la ropa usada, los avasallamientos de explotaciones mineras eran virtualmente autorizados, las tomas ilegales de tierras cubrían todo el oriente, las autoridades electas eran derrocadas de manera grosera por la justicia masista, se autorizaba la compra de bienes del Estado a inversionistas venidos desde el río Orinoco, los medios de comunicación eran acosados, sino comprados también por los del Orinoco, los periodistas estaban en capilla…
Pero la prohibición sobre los autos seguía vigente. Era el único contacto del gobierno con la legalidad. Ahora se sabe que no se cumplía esa prohibición, porque el país se llenó de esos autos, pero la medida estaba en vigencia; sólo formalmente, pero en vigencia.
Al cabo de cinco años y medio de gobierno, el presidente Morales acaba de entregar al diablo su única virtud. En el fondo es un verdadero sinceramiento, pues un proceso lleno de ilegalidades está haciendo homogénea su conducta: decidió ser torcido de manera consecuente.
Los gobiernos vecinos que ahora protestan contra la legalización de los autos “chutos” no dijeron esta boca es mía ante las anteriores ilegalidades. Les parecía muy “originario” lo que estaba pasando en Bolivia. Ahora, cuando los pecados bolivianos ponen en riesgo la propiedad privada en sus territorios, se escuchan las protestas.
Esos vecinos saben ahora cómo se sienten los bolivianos viviendo en un país donde lo ilegal es la norma.
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