La aplicación de los resultados del Censo 2012, en lo que respecta a redistribución de recursos del IDH y de los 130 escaños parlamentarios de la Cámara Baja, podría generar un ambiente de conflictividad social y política, para el cual tanto los que rigen como los que somos regidos debemos estar adecuadamente preparados, tomando siempre en cuenta que es mejor ir al dialogo y la concertación que a una confrontación que solo dañaría al país.
Recordemos que conforme al Decreto Supremo 2840 de 21 de octubre de 2005, el 32% de los recursos provenientes del IDH deben ser repartidos entre gobiernos departamentales, municipios y universidades estatales, en porcentajes estrictamente ajustados a sus respectivos tamaños demográficos. O sea que las regiones a las cuales el Censo 2012 acredite mayor población, acrecentarán su cuota de participación en los referidos recursos. Según proyecciones del actual conteo demográfico, esos departamentos serán La Paz, Cochabamba y Santa Cruz . Correspondería a este último el mayor beneficio, pues se supone que su incremento demográfico superará al paceño y cochabambino.
En cambio, las regiones perjudicadas porque el Censo les acreditaría menor población, serían Potosí, Chuquisaca, Oruro, Beni y Pando, cuyos porcentajes de participación del IDH bajarían en algunos puntos. Es previsible que estas regiones no acepten la rebaja y que vayan a la protesta para evitarla o, por lo menos, las regiones de mayor población y el propio gobierno les concedan un fondo compensatorio.
Conforme a los datos del Censo 2012, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, concentrarían más del 40% de los 130 escaños parlamentarios de la Cámara, lo que provocaría pérdida de curules para los departamentos menos poblados. Es altamente probable que estas regiones cuestionen tal resultado y hagan cuanto les sea posible para evitarlo.
A lo anteriormente señalado agregará su carga explosiva la delimitación territorial de municipios de Oruro, Potosí, La Paz y Santa Cruz , que con anterioridad al Censo empezaron a colisionar por diferendos sobre límites circunscripcionales que también son determinantes del porcentaje a recibir por concepto de IDH.
Y todo porque antes del censo, no se recorrió una etapa previa de negociación que fijara precisiones y acuerdos sobre tan cruciales temas. El problema de los límites territoriales tenía que ser resuelto antes del nuevo conteo demográfico y no después, como al final se hizo. Urgía igualmente un acuerdo nacional respecto a la redistribución de escaños, en términos que satisficieran a todas las regiones, pero sin perjudicar a las que por su crecimiento demográfico, caso de Santa Cruz, tienen pleno y total derecho a ese aumento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario