- El juez Juan José Zubieta, que ve el caso de la red de corrupción que comandaban Fernando Rivera (ex asesor jurídico del Ministerio de Gobierno) y Denis Rodas (ex abogado de esa repartición), acaba de acusar a ambos por el delito de extorsión, que sólo tiene tres años de cárcel, y, por tanto, según la legislación boliviana pueden ser cumplidos en libertad.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, ha protestado por la decisión y ha señalado que, aparte de ese delito, debería habérselos acusado de organización criminal, considerando que su participación se dio dentro de una banda, con contactos en el Ejecutivo y Judicial, destinada a obtener dinero de manera ilícita. Ese delito tiene hasta seis años de prisión y, por tanto, no puede cumplirse en libertad.
Es indignante la forma de actuar del juez Zubieta. Ante la abundante evidencia de hechos contrarios a la ley y a la infame acción de esta red, que, entre otros delitos, exigía dinero a los detenidos para que logren su libertad, se le da a uno de los supuestos cabecillas la sanción más baja. Hay que recordar que en el caso del empresario norteamericano Jacob Ostreicher, la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), por órdenes de esta red, le decomisó ilegalmente nada menos que 20.000 toneladas que el estadounidense había cosechado y que se alistaba a exportar. Esa producción tenía un valor de 18 millones de dólares y fue vendida a través de ingenios privados, cuyos gerentes están involucrados. Uno de los funcionarios de esos ingenios hizo un depósito a la cuenta privada de uno de los cómplices de Rivera. A Ostreicher también le robaron maquinaria y 273 cabezas de ganado, con un monto de varios cientos de miles de dólares.
O sea que estamos hablando de sumas millonarias, uno de los escándalos de corrupción más grandes de la era democrática, con casi 20 millones de dólares en juego. ¿Y el juez le da a los cabecillas una sanción legal que elude la cárcel? O es que ese jurista ha actuado con desinformación o es parte de la misma red y está protegiendo a quien era, posiblemente, su jefe.
El Gobierno, el Legislativo y la sociedad civil deben insistir en su denuncia sobre este caso e impulsar su esclarecimiento. Seguramente será un proceso judicial lleno de obstáculos y problemas, pero debe ser conducido con firmeza y transparencia por los actores judiciales que lo vean. La Judicatura también debe estar alerta ante posibles hechos irregulares.
Esta nefasta red de extorsión está poniendo a prueba al Gobierno, que hasta ahora ha actuado bien. El Ejecutivo podría incluso salir fortalecido si la justicia se impone. Pero también podría, en caso contrario, terminar fuertemente deslegitimado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario