Menos de siete años pasaron desde que el gobierno de Evo Morales le confiscó el yacimiento del cerro Posokoni, en Huanuni, a los cooperativistas mineros, para que la empresa estatal nacida de esa decisión quedara al borde de la quiebra.
Esta posibilidad fue revelada por el propio ministro de minería, Mario Virreira, claro que como argumento retórico contra los huelguistas. Sin embargo, las cifras develadas por el funcionario demuestran que no es el paro lo que pone en peligro la sostenibilidad de la empresa.
Baste con citar que Huanuni registró el pasado mes de febrero un déficit de 1,15 millones de dólares, para constatar que las cosas vienen mal desde mucho antes de las actuales movilizaciones obreras.
Tiempo atrás, el director general de minería, Freddy Beltrán, reconocía que el problema de la Empresa Minera Huanuni es que “podría operar con 2.000 trabajadores, pero tiene 4.500”. Supernumerarios generados, evidentemente, tras la estatización del yacimiento.
La historia se repite en otros emprendimientos mineros pasados al dominio público, como Vinto, donde según Beltrán hay “450 empleados, cuando son suficientes solamente 300”.
Se trata de un viejo mal, muy conocido en la historia boliviana, que acabó en su momento con la minería estatal en la década de los ´80: la tentación de la empleomanía y la subordinación de las decisiones económicas a las prioridades político-partidarias.
En un círculo trágico, la violencia vuelve ahora a Huanuni, que fue en el 2006 lugar de sangrientos enfrentamientos, con un saldo de al menos 12 muertos y 66 heridos. Violencia que en su momento no fue evitada por el gobierno, a pesar de las advertencias que dirigentes sindicales hicieron llegar al entonces presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, quien respondió sarcástico que si había muertes él “pondría los cajones”.
Por lo pronto, el vicepresidente podría ir preparando un féretro simbólico, para enterrar al fracasado estatismo minero…
notishots@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario