Silver Corp. América del Sur anunció este martes que su subsidiaria de propiedad total, South American Silver Limited ("South American Silver"), ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional contra el Gobierno de Bolivia por la nacionalización de la concesión minera que poseía en Malku Khota en el departamento de Potosí.
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Según señala el portal “Canadian Minning Journal” el arbitraje se realizó bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), de conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de Bolivia para la Promoción y Protección de Inversiones (el "Tratado").
Este procedimiento se ha iniciado como consecuencia del fracaso en las negociaciones tras la emisión del Decreto Supremo No.1308 de 1 de agosto de 2012 que revocó las concesiones mineras que abarcan el Proyecto Minero que estaba en poder de la Compañía Minera Malku Khota SA (CMMK), una subsidiaria de propiedad total de Sur American Silver Limited.
La canadiense reclama que Bolivia no ha cumplido al no proporcionar protección y seguridad a los inversionistas extranjeros y sus inversiones, además de la expropiación sin justa y efectiva indemnización.
South American Silver asegura que ha realizado numerosos intentos de abrir un diálogo con el Gobierno con el objetivo de llegar a una solución amistosa de la controversia, incluyendo la recepción de una indemnización de valor justo. A finales de febrero de 2013, la compañía fue invitada a asistir a la reunión fijada para el 17 de abril 2013 en La Paz, Bolivia. Los abogados que representan Sur American Silver asistieron a la reunión de abril, pero se llegó a ninguna resolución y ninguna compensación ofrecida.
El Decreto establece claramente que la empresa minera estatal boliviana, Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), contrataría a una firma independiente para llevar a cabo una valoración de las inversiones realizadas por CMMK dentro de un plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles. Sin embargo, tal evaluación no se ha llevado a cabo, ni tampoco ha sido una firma independiente contratada para llevar a cabo la valoración.
Ahora que el arbitraje se ha iniciado, el Gobierno de Bolivia tiene treinta días para responder y un tribunal de arbitraje en los próximos meses. A continuación, el tribunal fijará un calendario provisional para el propio arbitraje incluyendo un calendario para la presentación de un escrito de la demanda, la contestación a la misma y las audiencias orales. A menos que haya una solución negociada de la controversia, se espera que el arbitraje tarde entre 2 y 3 años desde el inicio del procedimiento hasta la presentación de una sentencia definitiva.
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