Sin receta
mágica en Palmasola
Mauricio
Aira
Bastantes
lágrimas y lamentos se han derramado por la inenarrable tragedia de Palmasola.
Ha conmovido la muerte de 35 personas hasta ahora y del elevado número de
heridos a causa de la asfixia y posterior incendio de uno de los edificios
dentro de la ciudadela inmersa en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra. Lo
sucedido es el marco de referencia para retrotraer las historias que se cuentas
sobre las cárceles de Bolivia y de la existencia de una especie de “sindicato
de presos” que funcionan en concomitancia de policías y magistrados, que
aceptan su vigencia sin poner reparo alguno.
Los relatos
de ser estos “sindicatos” instrumentos de extorsión, administración, regulación
del régimen interno a que someten a los recién ingresados y que parecían cuento
de hadas, habían sido reales, con toda su dramática vigencia. Markus Lutteman
nos entregó en idioma sueco “El Choco: el ciudadano sueco en la más famosa
cárcel boliviana” que en sus 300 páginas y numerosos testimonios gráficos
relata el sistema de extorsión que rige en San Pedro para “administrar la
vivienda” imponiendo precios caprichosos de 500.- dólares para arriba, que el
reo tiene que pagar a como dé lugar al dueto formado por criminales y policías.
Mucho más
cerca ha sido el empresario estadounidense Jacob Ostreicher en sus contactos
con los medios, con la experiencia de haber pasado casi dos años dentro de
Palmasola y el testimonio recogido por un exagente del FBI, convertido en
jurista e investigador privado, que nos dieron los detalles “del cobro por el
sindicato Palmasola” de diversos montos por todos los motivos, al punto que
“nada hay allí que no tenga precio” y como lo revelara una madre en declaración
reciente “le tuve que conseguir a mi hijo 1.500 bolivianos” para que no “le
sigan pegando ahí dentro”, en referencia al llamado “seguro de vida” que se
cobra coercitivamente a todo recién ingresado.
Sin poseer
una receta para que desaparezcan estas monstruosas deformaciones del régimen
carcelario, haría bien la autoridad competente, desconocer totalmente el
funcionamiento de estos “sindicatos de presos”, ya que la idea motriz de que
éstos se organizen fue que coadyuvaran al “mejor pasar de los internos” en
cuanto a sus necesidades humanas y para velar porque sus derechos mínimos de
salud, relación familiar, asistencia jurídica, etc., no sean burlados. Esto lo
primero y hacer un relevo de todo el personal de policías desde soldados rasos,
clases y oficiales, hasta los máximos jefes, estableciendo por escrito el rol
de sus atribuciones y jurisdicciones sin dar lugar a torcidas interpretaciones
que dividen la autoridad en el Gobernador de la cárcel y el responsable del
Régimen Carcelario dependiente del ministerio de Gobierno.
Estas
primeras medidas no significan ningún gasto y pueden ser ejecutadas de
inmediato. Las otras medidas estructurales propuestas por expertos, políticos y
juristas y que demandan presupuestos y erogaciones tendrás que venir acto
seguido, pues el problema humano derivado del incendio del pabellón B, que
debería ser arrasado y desaparecer para levantar otro edificio más moderno y
racional que contribuya a olvidar el episodio negro de “conchocorito”.
Tomar en
cuenta la reiterada recomendación de la Iglesia en sentido de examinarnos y
establecer el grado de nuestra responsabilidad sea en la omisión y el olvido
del problema en una negativa actitud de “no me importismo” que parece abarcar
parte de la ciudadanía que abomina de Palmasola al mismo tiempo que nada hace
para mejorar la suerte de los 5.200 internos que habitan la ciudadela,
convertida en una vergüenza nacional.
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