La lucha contra el contrabando y otras actividades ilícitas parece llevar las de perder no obstante los esfuerzos realizados incluso con el concurso de las FFAA. Recientes informes de la Aduana Nacional de Bolivia dan cuenta de que entre enero y febrero de este año fueron incautados más de 500 vehículos ‘chutos’, es decir sin la documentación que acredite su internación legal al territorio nacional. Empezando marzo, una menor de edad perdió la vida por una balacera desatada entre ‘chuteros’ y agentes del Control Operativo Aduanero (COA) en una localidad cercana a Oruro.
Últimamente se informó sobre el secuestro y tortura de dos funcionarios del COA por supuestos contrabandistas cuando se aprestaban a intervenir un camión cargado con mercadería de contrabando en la población de Vitichi, a 80 kilómetros de Potosí. La Policía tuvo que utilizar agentes químicos para rescatar a los secuestrados, que fueron duramente golpeados por sus captores.
Frente a tales hechos, las autoridades aduaneras han afirmado lo que es un secreto a voces: que existen poblaciones comprometidas con el contrabando, como las hay las que están involucradas en otra actividad ilícita, habiéndose convertido en inaccesibles y violentas ‘republiquetas’ del narcotráfico.
Frente a tales hechos, las autoridades aduaneras han afirmado lo que es un secreto a voces: que existen poblaciones comprometidas con el contrabando, como las hay las que están involucradas en otra actividad ilícita, habiéndose convertido en inaccesibles y violentas ‘republiquetas’ del narcotráfico.
Se trata de algunos matices de la ‘economía ilegal’ que predomina en pueblos donde la presencia del Estado no se deja sentir. Esos pueblos comenzaron cobrando una especie de derecho de tránsito, un impuesto ilegal para una actividad ilegal como el contrabando ingresado en camiones desde Chile o de vehículos ‘chutos’. Calculando ingresos mucho más generosos, no tardaron en incorporarse al ‘negocio’, ofreciendo servicios a los contrabandistas, desde depósitos especiales hasta guías capaces de llevar los vehículos por sendas secretas hasta la siguiente etapa: la transformación y ‘legalización’ con documentación falsa. El ‘servicio’ de hostilizar a los aduaneros y agentes del COA también es reconocido por los contrabandistas dedicados a ingresar mercaderías o vehículos desde Chile.
El Gobierno ha calculado en $us 600 millones el valor de la mercadería que es internada ilegalmente a Bolivia cada año, y aunque considera suyos los mayores esfuerzos en la lucha contra el contrabando, le desvela la gran cantidad de bienes y servicios que se siguen vendiendo de manera ilícita. La ‘economía ilegal’ muestra el músculo mientras que las actividades legales deben sortear un cúmulo de trabas para desarrollarse en el país. Es una preocupante realidad ç
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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