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viernes, 11 de julio de 2014

si acaso los choferes"federalizados" no aceptan que sus vehículos deben ser "rigurosamente inspeccionados. regularmente y en forma seria" ha de proseguir esta caravana de "asesinatos y muertes"que lamentamos todos los dias. no se puede entender el porqué de la resistencia.

El rechazo de los choferes sindicalizados a someterse a un control técnico municipal, expresa el transfondo de un servicio caótico que deber ser regulado de una vez por todas en beneficio del usuario.
No deja de llamar la atención, la aseveración del alcalde de La Paz, Luis Revilla en sentido de que los vehículos de transporte público tienen que dejar “de ser ataúdes, donde se mata a la gente porque no están en condiciones técnicas adecuadas”.

Esta expresión del alcalde Revilla ha sido enrostrada nada menos que al dirigente de los choferes sindicalizados Franklin Durán, quien manifiesta un total rechazo para que sus afiliados sometan a inspección técnica sus unidades acudiendo a un control propiciado por el gobierno municipal y por la Policía Boliviana. El dirigente Durán dice que esta clase de “irregularidades” no serán permitidas y que el Alcalde puede disponer que el centro de inspección técnica edil sirva a los buses ediles PumaKatari, pero no para el sector público.

Estas afirmaciones del dirigente de los choferes sindicalizados, reflejan de manera completa el pensamiento no solo del dirigente, sino de un gremio que goza de fueros especiales, y que por ello mismo, han caído en una profunda situación de anarquía, donde las normas legales y regulaciones que son acatadas por el resto de los propietarios y choferes del parque automotor de Bolivia, no rigen para estos privilegiados.

En una situación como la que se comenta, el problema no está solo en que no se cumple la norma legal, sino que con su incumplimiento, se desconoce de manera absoluta pero también a propósito, lo que precisamente se pretende aplicar y que es el concepto universal y fundamentalmente el bien común. Si existen dirigentes y gremios, como en este caso, el de los choferes sindicalizados, que no quieren someterse a un control riguroso para hacer revisar sus vehículos y tener el certificado de inspección, quiere decir, que se está obrando de manera irresponsable y hasta delictiva, porque el funcionamiento de un servicio como es el transporte público, tiene la característica de llevar consigo la responsabilidad de vidas humanas.

El Alcalde paceño, tiene razón al sostener que los vehículos públicos tienen que dejar de ser féretros rodantes, porque si hay un vehículo que no reúne condiciones técnicas para el transporte de gente, expone la vida de los usuarios cada minuto, cada hora, cada día. Los que se oponen al cumplimiento de una revisión técnica rigurosa, están declarando públicamente su complicidad o su directa participación en la comisión de accidentes que generalmente derivan en la muerte de pasajeros y en heridos.

La propuesta de que las alcaldías se hagan cargo de la revisión, mediante el Centro Municipal de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) que en La Paz ya entra en funcionamiento, es correcta y se adecua a las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir la Alcaldía Municipal. Primero, porque las alcaldías son las que prestan y en su caso administran los servicios públicos. Segundo, porque aun cuando el servicio del transporte es un especial servicio público porque no está en manos del municipio, pues es propiedad de los choferes, la función fiscalizadora sobre el cumplimiento de normas y el control técnico, impositivo y de rutas, es de tuición de autoridades de la Alcaldía.

Lo que generalmente sucede hasta el momento, es que el servicio público de transporte de pasajeros en manos de los choferes sindicalizados está inmerso en un escenario donde el caos y la anarquía siguen prevaleciendo ante la ausencia del principio de autoridad y del establecimiento de una norma expresa. Es importante, como se prevé, que la Asamblea Legislativa, mediante una ley traspase este control a las alcaldías.
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