Misicuni es una zanahoria que viene engañando a un pueblo “en cuyas espaldas se pueden sembrar nabos”
Reventó el puchichi y algo huele mal en Cochabamba. El Proyecto Múltiple Misicuni naufraga en arrecifes de una estafa al Estado de más de 23 millones de dólares. Misicuni es una zanahoria que viene engañando a un pueblo “en cuyas espaldas se pueden sembrar nabos”, alusión de un primer mandatario ‘cochala’ no tanto a la falta de agua, sino a la pasividad valluna. Tanto que el vulgo lo ha bautizado de ‘asicuni’, que en quechua me dicen significa ‘que hace reír’. Cómo no, si ya era panacea regional cuando retomamos nuestra residencia en la Llajta, hace treinta y tantos años.
Los Tiempos merecería un premio. Con mayor razón se debería honrar a los periodistas que hace varios domingos desgranan este escandalete, sin que los ‘llajtamasis’ se preocupen del tema, tal vez porque están digiriendo su caldito de ‘k’awi’ o toca a algún conocido la penosa cuestión de aporrear a las mujeres, cuando no algún feminicidio. El que quizá la pasa mal es el Gobernador Novillo, a quien la reta del Presidente por la baja ejecución de presupuesto y, quisiera pensar, la comedia de Misicuni, provocaron un infarto cerebral. Si dejan libres de pena y culpa a fiscales y actores claves del atropello de Chaparina, de seguro mediante preocupadas llamadas telefónicas o convocatorias amenazantes, ¿cómo se les escurrió entre las piernas semejante pelotazo?
Dicen los periodistas que la pregunta grande es: ¿cómo un grupo de constructoras eludió el control estatal, tan eficaz en otros casos, principalmente de acoso a opositores? Surgen otros cuestionamientos, quizá menudos pero no menos urticantes, intrigantes y sugestivos.
El grupo de constructores estaba constituido por una empresa italiana que puso la cara –léase el currículo–, dos empresas colombianas, dos venezolanas y una boliviana. Mediante un contradocumento, el Anexo 16, resulta que la empresa italiana que poseía el know-how renuncia a las utilidades a cambio de una ‘prestación’ –léase ‘coimision’– de 4 millones y medio de verdes, comprometiéndose “a otorgar el currículo y toda la documentación requerida en el pliego de especificaciones de la licitación señalada”. ¿No es esto urticante, cuando no ilegal? Si para montos menudos de cientos de miles los bancos exigen ser notificados de cambios en la composición accionaria, ¿no es intrigante que tratándose de decenas de millones de dólares el Estado siguió ignorando el Anexo 16, si es que le notificaron?
¿Cómo es que una empresa boliviana entra a un negocio, –léase negociado– de 84 millones de dólares con un capital de 10.000 bolivianos, menos de 1.500 dólares, recibiría el 30 por ciento de la ganancia, el mayor pedazo de la torta? El accionista boliviano ni siquiera entró en el pago de la ‘prestación’ a la empresa italiana que puso el currículo… ¿No es esto sugestivo? En su informe la Contraloría señala que los ejecutivos de la Empresa Misicuni conocían de los acuerdos internos del consorcio de maleantes. No se menciona la responsabilidad de un expresidente de la Empresa Misicuni (hasta 2013), que incluso aseveró que la salida de la constructora italiana no afectaría al proyecto, agüita fresca y la sed de lucro que motivaba a los restantes del Consorcio, que quizá no sabían distinguir un fierro de una de uno de media. Sugestivo.
Si bien los portales de las empresas del Consorcio estaban inactivos desde 2012, bastaba una revisión por Internet para tomar cuenta del sórdido desempeño de algunas, incluyendo la italiana, en obras en Venezuela y Colombia. ¿Acaso no intriga que no se hayan dado cuenta al revisar pliegos en la Empresa Misicuni? Si en 2011 la Empresa Misicuni fue alertada de la “total iliquidez” del consorcio, sugestivo, que además incumplía con la incorporación de equipos, provisión de materiales, se notaba baja productividad, y cuando sus planillas deberían ser de 2 millones ni llegaban a menos de la mitad. Urticante.
Un notable ingeniero cuestiona el informe de la Contraloría, entre otras cosas, por no establecer indicios de responsabilidad civil, penal, administrativa y ejecutiva por el daño económico causado por el consorcio de vivillos. A mí me late que la razón es que hay que buscar beneficiarios de la estafa más arriba. Al cabo se usaron 5 millones de dólares para comprar maquinaria que las empresas ya tenían. ¿No sería otra ‘maquinaria’?
Megaproyecto múltiple el de Misicuni –riego, agua potable y electricidad, a los que se podría añadir turismo y pesca–quizá será realidad cuando no hayan predios que regar, salvo minúsculos jardines; cuando el agua potable llegue y los munícipes despierten a la realidad de que no hay conductos, que las cañerías están tan viejas que se pierde la mayor parte del líquido elemento; que los aguateros se declararán en huelga de hambre por la pérdida de ‘sus fuentes de trabajo’. La energía eléctrica, bueno, se la exportaría a Brasil; si es que el Canciller deja de organizar ‘ajtapis’ y se acuerda de que no hay convenios bilaterales y así patalee su pachamamismo, las represas hidroeléctricas del río Madeira van viento en popa a toda vela.
¿Acaso Bolivia no es un país corroído por la imprevisión, la impostura y la corrupción?
El autor es antropólogo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario