Uno de los pocos temas de interés colectivo en los que toda la población cochabambina, como la de las demás ciudades principales del país, está de acuerdo de manera unánime, es sin duda el relativo a la urgente necesidad de modernizar los servicios de transporte público. Por eso, lo menos que podría esperarse es que las decisiones que se tomen en pos de ese objetivo sean merecedoras de todo el apoyo de la ciudadanía y las instituciones de cada ciudad.
En los hechos, lamentablemente, no es eso lo que se ve. En efecto, tanto en Santa Cruz como en Cochabamba, las dos ciudades donde el Gobierno central ha anunciado su decisión de construir sendas redes de trenes metropolitanos, la noticia ha sido recibida con más dudas que entusiasmo y ya son abundantes los cuestionamientos de carácter técnico, financiero y urbanístico.
En el caso del proyecto del tren metropolitano para Cochabamba, la causa principal de todas las dudas es la ya consabida falta de transparencia con que se toman las decisiones, lo que se refleja en las múltiples contradicciones en que incurren las autoridades gubernamentales, en la falta de estudios de factibilidad, de impacto ambiental y de todas las condiciones que se esperan de un proyecto de tal envergadura.
Ejemplos de lo dicho abundan. Baste por ejemplo recordar que hasta muy pocas horas antes de la suscripción del contrato para la ejecución de la obra, se informó que la misma sería adjudicada bajo la modalidad de “llave en mano” a la empresa Hyundai Rotem de Corea. Meses antes, cuando se cerró el plazo para la presentación de propuestas, el Ministerio de Obras Públicas informó que fueron siete las empresas que se habilitaron para la selección final y aunque nunca se informó de quiénes se trataba, se aseguró que una de las condiciones era que el financiamiento de la obra correría por cuenta de la que se la adjudique.
Todos esos antecedentes fueron desmentidos. En cuestión de pocas horas se hicieron cambios radicales a los anuncios previos y se presentó a Cochabamba un contrato muy diferente del que se esperaba. No fue con la coreana Hyundai que se suscribió el contrato sino con la española Joca. Tampoco fue por un monto de 450 millones de dólares, como se anticipó, sino por 537, sólo por citar dos de los más notables giros.
Como si esos no fueran motivos suficientes para la suspicacia, el panorama empeora cuando se constata que la firma a la que se adjudicó tan cuantiosa obra no tiene ninguna experiencia en transportes. Se trata de una empresa registrada en España en el rubro de “Obras Hidráulicas” y se presenta a sí misma como especializada “en todas aquellas actividades relativas al ciclo integral del agua”. Entre los ámbitos en los que se desempeña señala “canalizaciones, depuración de aguas, recogida, tratamiento de residuos” pero no exhibe ninguna experiencia en el rubro ferroviario.
Es probable que quienes se han hecho cargo de la ejecución del proyecto, tanto los contratistas como los contratantes, tengan explicaciones razonables para disipar las dudas a las que dan lugar los antecedentes señalados. Por eso, sólo cabe esperar que sus razones sean expuestas, pues sólo así se podrá evitar que se repitan experiencias traumáticas, como la de Misicuni, por ejemplo.
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