Álvaro Riveros Tejada
Para pergeñar este artículo hemos echado mano a dos encabezamientos de periódico que señalan: “La Policía confisca cocaína valuada en 640 millones de dólares” (Pagina Siete – 21/01/2016). En un cargamento de entre seis y ocho toneladas de clorhidrato de cocaína, que tenía como destino a Costa de Marfil, en África, e iba camuflado en contenedores de Baritina, un mineral usado en el lodo para la perforación de los pozos petroleros.
Un segundo epígrafe publicado por el mismo medio, dos días después del primero señala: “El Presidente informó ayer que el 11 de febrero el Estado boliviano firmará el contrato para la industrialización de las reservas de hierro del Mutún con la empresa china Sinoesteel, con una inversión de 465 millones de dólares…”.
Sin ingresar en mayores consideraciones sobre las técnicas de camuflaje o transporte utilizados por los narcos para exportar su producto y, sin el ánimo de forzar la capacidad de las entendederas, es difícil abstraerse de la tentación de equiparar las cifras señaladas y admirar la capacidad económica de nuestros hermanos agroquímicos que, con un solo embarque de su milagroso producto, podrían contar con los recursos necesarios para industrializar nuestra mayor reserva de hierro y hacer sobrar algo para dos hospitales de tercer nivel.
Ya no constituye ningún secreto el poder omnímodo que el narcotráfico ejerce sobre nuestros países, desde el Rio Bravo hasta la Patagonia, con igual o mayor influencia que la transnacional del petróleo. De ahí que, como país productor de materia prima, es prudente tomar distancia de este flagelo, ya que existen varios factores que revelan el desplazamiento de cárteles de la droga hacia nuestras fronteras, como secuela de los tratados de paz en Colombia, la caída del Chapo en México y otros eventos que obligan a los narcos a buscar nuevos paraísos fiscales y políticos, donde desarrollar plácidamente sus actividades y Bolivia es el sitio ideal, por su escasa población y por sus enormes extensiones de tierra.
En una entrevista con la presentadora de TV Mirtha Legrand, la ex candidata a la presidencia argentina, abogada e influyente política Elisa Carrió, al referirse a Milagros Sala, la activista social que fue detenida por las autoridades de su país, ha denunciado que ella: “recibe dinero del narcotráfico boliviano” y “…de haber creado un pequeño imperio personal en la norteña provincia de Jujuy, zona de penetración de la cocaína del Chapare, donde en más de una ocasión apareció en actos públicos junto al presidente boliviano”.
“Es algo parecido a las FARC” dijo Carrió, en relación a la estructura corporativa montada por la dirigente kirchnerista, “donde el narcotráfico boliviano es el gran cártel que domina todo este proceso, donde la droga producida en el Chapare llega a la Argentina, a bordo de camiones cisterna de la petrolera boliviana YPFB. Usando la Whipala, popularizada por el MAS, como bandera partidaria”. Creemos que tal acusación, similar o más grave que la que formuló la revista Veja del Brasil, debe ser aclarada por nuestra cancillería a fin de evitar esa suerte de incongruencias escalofriantes.
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