al menos por la tercera vez, Los Tiempos pide mayor claridad en el proyecto "tren eléctrico del valle", ya que hasta ahora no se hace la luz y los datos sobre su viabilidad son insuficientes. Cochabamba, una vez más a punto de ser enganada, sostiene el matutino.

Por fin los cochabambinos sabremos si estamos ante un proyecto merecedor de nuestra confianza o si, por el contrario, habrá llegado la hora de buscar una mejor opción

Hace algo más de cuatro meses, el 18 de septiembre de 2015, pocos días después de que en un muy publicitado acto público se suscribiera un contrato entre el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (Mopsv) y la empresa española JOCA Ingeniería y Construcciones de un tren urbano en Cochabamba, en este espacio editorial, bajo el título “Dudas sobre el Tren Metropolitano” expusimos nuestras cuestionamientos sobre la seriedad y viabilidad del mencionado proyecto.

Al detallar las razones en las que se fundamentaban nuestras dudas, dijimos que éstas eran de carácter legal, técnico y financiero. Y tras desglosar los tres aspectos, expusimos nuestra esperanza en que el Mopsv y JOCA las despejaran antes de iniciar los trabajos.

Al referirnos al aspecto legal, destacábamos el carácter secreto que se le dio al documento suscrito. Y ante la inexistencia de información sobre los términos del mismo, nos limitamos a esperar con paciencia que se cumpliera el compromiso asumido por la representante legal de la empresa para hacer públicos los términos contractuales.

Desde el punto de vista técnico, expusimos nuestra preocupación por la falta de estudios técnicos, ambientales y urbanísticos que sustentaran la viabilidad del proyecto y que justificaran la elección de una empresa española cuyos malos antecedentes no ofrecían ninguna garantía (a diferencia de lo ocurrido en La Paz con el teleférico y en Santa Cruz con otro proyecto similar, donde se ha convocado a las empresas especialidades que se clasifican entre las más importantes del mundo). Y al referirnos a los aspectos financieros, expresamos nuestra extrañeza por la ligereza con que había determinado el costo total de las obras a pesar de que no se había hecho ni siquiera un estudio de prefactibilidad y, peor aún, que se confiara la tarea de obtener el financiamiento a una empresa que ha dado muestras de comprobada insolvencia.

Más de cuatro meses han transcurrido desde entonces y ninguna de las dudas ha sido despejada. Peor aún, éstas han seguido multiplicándose y no dejan de aumentar con cada explicación que dan los representantes gubernamentales y de la empresa española. Son tantas las contradicciones, las incoherencias, los mutuos desmentidos y tan absoluta la falta de documentos que respalden sus afirmaciones que resulta imposible no alentar el temor de que, una vez más, Cochabamba esté a punto de ser víctima de un nueva frustración.

Felizmente, dentro de pocos días, el próximo 20 de enero, se cumple el plazo fijado para que la empresa española presente todos los documentos que acrediten la seriedad de su propuesta tanto desde el punto de vista financiero como técnico y legal.

Por supuesto, se espera que tales documentos estén respaldados por los correspondientes estudios de impacto ambiental y urbano, y contemplen aspectos tan importantes como los derechos de vía, los trazos de las tres líneas, el número de estaciones que habrá que construir en cada una de ellas, entre muchos otros.

Esperemos pues que en el transcurso de los próximos días se ponga fin a cuatro meses de incertidumbre y que los cochabambinos sepamos por fin si estamos ante un proyecto serio, viable y merecedor de nuestra confianza o si, por el contrario, habrá llegado la hora de buscar una mejor opción.