Elevar la cota sería un acto demencial que podría ser la destrucción total del Parque Nacional Tunari. Aceptar presiones es ir en contra de la ley.
Los peligros sobre el Parque Nacional Tunari no terminan y por el contrario parecen renovarse cada vez con caracteres de mayor peligro para su territorio, recursos hidrológicos, naturaleza, flora y fauna.
En efecto, si no se trata de los constantes incendios que destruyen miles de hectáreas de árboles de especies protegidas y desforestando el único pulmón que tiene Cochabamba, los intentos de nuevos asentamientos humanos no cesan y, paradójicamente, se perfilan justificaciones que sobrepasan la norma legal, con el objetivo de avasallar.
Hace pocos días, un grupo de personas que tienen viviendas en la cota 2.750, que es el límite permitido, bloquearon un sector de la avenida a Sacaba demandando de las autoridades la elevación del nivel de la cota hasta los 3.000 metros, bajo el argumento de que como personas tienen derecho de tener servicios públicos. Si este argumento es comprensible por lo general, lo que no se puede aceptar es que los asentamientos ilegales, pidan, exijan e incluso corten el tráfico demandando precisamente lo ilegal. Los asentamientos en estos predios que son reserva de los cochabambinos, están prohibidos y por esto mismo no pueden ser objeto de peticiones ni de presiones para que las autoridades, mucho menos las municipales, accedan a solicitudes al margen de la ley.
Esta reserva forestal en el transcurso de los años y debido a los asentamientos ilegales y presiones de los asentados ilegalmente ha sufrido de manera sistemática la elevación de los límites de la cota y con el devenir de los años se fue consolidando, una veces, por la presión y, otras, por el favoritismo oficial y la indolencia de los mismos cochabambinos que veían cómo se formaban los barrios en plena montaña.
El fenómeno de la ocupación paulatina que de manera ascendente se ha dado en el Parque Tunari, también ha tenido que ver en el pasado con influencias políticas e incluso promesas electorales.
Es necesario recordar que el Parque Nacional Tunari está protegido por el DS 6045 del 30-03-1962, Ley 253 del 04-11-1963 y DS 15872 del 06-08-1978. Éstos son suficientes argumentos legales que deberían desanimar a quienes promueven que la cota sea elevada. Ante los peligros que se ciernen contra el Parque es urgente que los organismos correspondientes como la Gobernación, la Alcaldía y las alcaldías que tienen influencia en el área que abarca, adopten políticas definidas, es decir, un Plan de Manejo de esta área que sigue pendiente, al igual que las acciones de un comité interinstitucional conformado por representantes de las comunidades campesinas del Parque, de instituciones ciudadanas, regionales, municipales y estatales.
De una vez por todas se debe librar del peligro a este sector que circunda una buena parte de los municipios cochabambinos, recalcando el valor acuífero, de flora, de la fauna y ecología de especies de la zona de valles y puna de Bolivia. Los asentamientos en estos predios, que son reserva de los cochabambinos, están expresamente prohibidos y no pueden ser objeto de peticiones ni de presiones.
Existen registradas varias especies amenazadas que son de importancia para la investigación y conservación, esto sin contar la importancia que significa que se complementan con las especies vegetales que equilibran el sistema de los valles central y bajo.
En efecto, si no se trata de los constantes incendios que destruyen miles de hectáreas de árboles de especies protegidas y desforestando el único pulmón que tiene Cochabamba, los intentos de nuevos asentamientos humanos no cesan y, paradójicamente, se perfilan justificaciones que sobrepasan la norma legal, con el objetivo de avasallar.
Hace pocos días, un grupo de personas que tienen viviendas en la cota 2.750, que es el límite permitido, bloquearon un sector de la avenida a Sacaba demandando de las autoridades la elevación del nivel de la cota hasta los 3.000 metros, bajo el argumento de que como personas tienen derecho de tener servicios públicos. Si este argumento es comprensible por lo general, lo que no se puede aceptar es que los asentamientos ilegales, pidan, exijan e incluso corten el tráfico demandando precisamente lo ilegal. Los asentamientos en estos predios que son reserva de los cochabambinos, están prohibidos y por esto mismo no pueden ser objeto de peticiones ni de presiones para que las autoridades, mucho menos las municipales, accedan a solicitudes al margen de la ley.
Esta reserva forestal en el transcurso de los años y debido a los asentamientos ilegales y presiones de los asentados ilegalmente ha sufrido de manera sistemática la elevación de los límites de la cota y con el devenir de los años se fue consolidando, una veces, por la presión y, otras, por el favoritismo oficial y la indolencia de los mismos cochabambinos que veían cómo se formaban los barrios en plena montaña.
El fenómeno de la ocupación paulatina que de manera ascendente se ha dado en el Parque Tunari, también ha tenido que ver en el pasado con influencias políticas e incluso promesas electorales.
Es necesario recordar que el Parque Nacional Tunari está protegido por el DS 6045 del 30-03-1962, Ley 253 del 04-11-1963 y DS 15872 del 06-08-1978. Éstos son suficientes argumentos legales que deberían desanimar a quienes promueven que la cota sea elevada. Ante los peligros que se ciernen contra el Parque es urgente que los organismos correspondientes como la Gobernación, la Alcaldía y las alcaldías que tienen influencia en el área que abarca, adopten políticas definidas, es decir, un Plan de Manejo de esta área que sigue pendiente, al igual que las acciones de un comité interinstitucional conformado por representantes de las comunidades campesinas del Parque, de instituciones ciudadanas, regionales, municipales y estatales.
De una vez por todas se debe librar del peligro a este sector que circunda una buena parte de los municipios cochabambinos, recalcando el valor acuífero, de flora, de la fauna y ecología de especies de la zona de valles y puna de Bolivia. Los asentamientos en estos predios, que son reserva de los cochabambinos, están expresamente prohibidos y no pueden ser objeto de peticiones ni de presiones.
Existen registradas varias especies amenazadas que son de importancia para la investigación y conservación, esto sin contar la importancia que significa que se complementan con las especies vegetales que equilibran el sistema de los valles central y bajo.
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