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viernes, 7 de febrero de 2014

Victor Gutiérrez se refiere al caso Guaracachi. empresa nacionalizada con 90 millones de deuda y que el Gobierno asumió como propia en el momento de tomar posesión de la misma. así la cosa vino la demanda que Evo rechazó y la apelación ante tribunal de arbitraje. llega la sentencia y no hay forma de rehuir el pago. es más, cada día que pasa sin cancelarse suben intereses y penalidades millonarias.

Como bien sabemos, lo que el Gobierno del MAS denominó como “nacionalización de empresas” en los hechos no fue más que compra de acciones de los respectivos paquetes accionarios. Esa “compra” se la realizó violando, no solo el ordenamiento legal interno, sino que al mismo tiempo se violaron derechos y garantías jurídicas que les asistían a las diferentes empresas en cuestión. Los hechos y circunstancias dieron lugar a que las empresas extranjeras, afectadas por esta singular manera de gobernar en Bolivia durante los últimos ocho años (emisión de simples decretos), se vean en la necesidad de acudir ante Tribunales Internacionales de Administración de Justicia a fin de alcanzar la “justicia” que en Bolivia se les niega. En los momentos iniciales el Gobierno boliviano reaccionó con la soberbia ya acostumbrada, en lugar de ir por el camino de la rectificación y así abrir caminos de negociación al conflicto planteado. 

Ante este panorama las empresas extranjeras decidieron ir por el camino de la legalidad seguramente convencidos de que “la justicia tarda pero llega”. Y así fue, hace pocos días atrás se ha conocido la determinación asumida por el “CIADE”, cuya resolución condena al Estado de Bolivia a pagar en favor de la empresa “RURELEC” la friolera de cuarenta y un millones de dólares. Esta suma de dinero a pagarse emerge como resultado de la “nacionalización” de la empresa de energía eléctrica “Guaracachi” acaecida en la ciudad de Santa Cruz y asumida por el inefable Gobierno del MAS.

Lo terrible de todo esto es que dicha suma de dinero saldrá de las arcas del Estado Boliviano.

Acá cabe una interrogante, ¿Será correcto que Bolivia pague 41 millones de dólares debido al manejo gubernamental de los recursos del Estado? En lugar de que esos mismos 41 millones de dólares se invierta en la construcción de infraestructura hospitalaria que tanta falta nos hace y así dejar de ver a diario como centenares de ciudadanos andan deambulando porque algún hospital los atienda en condiciones verdaderamente dignas y aceptables, centros hospitalarios que al mismo tiempo les brinden una atención de primera.

Pero nada de esto ocurre, hoy día por ejemplo el grueso sector del adulto mayor anda librado a su suerte porque el Gobierno sencilla y llanamente no cumple con su obligación de pagar por este servicio de salud que por ley les corresponde. 

Pero en contrapartida hay recursos para pagar una suma millonaria nada más que por incumplimiento de las normas jurídicas.

Esto es, en verdad, algo inmoral, juzgue usted amigo lector.
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