El sector “duro”, compuesto por el entorno cercano al presidente ha recuperado el control del gobierno que, aparentemente, habían cedido por un breve tiempo. Este reacomodo fue posible por el surgimiento del supuesto terrorismo y la necesidad de retomar la política de “mano dura” contra los opositores.
Ocurre que en los primeros meses de este año, luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, un sector del MAS consideró que había llegado el momento de preocuparse por la gestión administrativa, que se encontraba notoriamente rezagada frente a la política.
Esta corriente tiene su cabeza más visible en el ministro de Autonomías, Carlos Romero, que cuenta con el respaldo del actual presidente de YPFB, Carlos Villegas. En una lectura de la actual situación ambos consideran que la falta de gestión pública podría incidir negativamente en el respaldo electoral al MAS y por tanto debía acelerarse la aplicación de los planes de inversión y hacer avances también en los consensos para aplicar las autonomías.
Esta percepción predominó durante unos pocos meses, pero ahora en el palacio de Gobierno la situación ha vuelto a la “normalidad” al retomar los hilos del poder el núcleo duro del gobierno, para quienes, cualquier alusión a incrementar la producción o garantizar mercados y fuentes de trabajo suena a una herejía neoliberal que debe ser inmediata y drásticamente extirpada.
Los “selectos radicales” son el vicepresidente Álvaro García, los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Walker San Miguel y de Gobierno, Alfredo Rada y algunos mediáticos viceministros.
Casualmente ninguno de ellos tuvo algo que ver en la creación de lo que se llamó el “instrumento político” que devino posteriormente en el MAS. Sin embargo tienen una innegable habilidad política (o falta de escrúpulos) que los ha llevado a desplazar de la toma de decisiones a los fundadores y aún a los sectores indígenas y de cocaleros que fueron el sustento principal de Evo Morales.
El pretexto para esta retoma del control fue el “terrorismo” y el “separatismo” que supuestamente habrían auspiciado ciertos grupos en el oriente del país. Se sabe que una sociedad en permanente convulsión es el caldo propicio para el surgimiento de políticas policíacas y autoritarias. Cuando existen conflictos y enfrentamientos, los “duros” están como pez en el agua.
Su condición de advenedizos es observada de manera permanente por los grupos masistas primigenios pero suplen esta deficiencia con un discurso beligerante y radical que suena a música celestial en los oídos de Evo Morales porque es el director de orquesta.
Por de pronto este grupo ha decidido que la acción política debe seguir siendo lo primordial sobre todo en un año electoral y por tanto deben ejecutarse las medidas y todos los bonos demagógicos posibles para reproducir el poder en los comicios de diciembre próximo. No importa si esto ocurrirá con el padrón electoral vigente (permisivo al fraude) o el biométrico. Lo que si importa es que cualquier esquema debe servir para garantizarle a Evo su reelección.
Mientras tanto, a despecho de las cifras que pueda proporcionar el Instituto Nacional de Estadística, la población siente que su economía y la del país van a la deriva porque no existe Estado ni gobierno que ofrezcan certidumbre a los bolivianos.
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