Esta reacción se produjo después de que el servicio de Migración impidiese viajar al exterior y enviase a instalaciones policiales al presidente de la patronal Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Eduardo Paz, a quien se ha vinculado con un presunto grupo terrorista desarticulado en esa región oriental el año pasado.
El Comité Cívico de Santa Cruz emitió un comunicado para "condenar y rechazar" las acciones del Ejecutivo boliviano que, a decir de los líderes de esa región, actúa motivado "exclusivamente por intereses políticos con el afán de perseguir, amedrentar y encarcelar a todo aquel que piense diferente".
"El terrorismo de Estado es una forma de someternos a través del miedo y es una actitud típica de los gobiernos autoritarios y antidemocráticos", señala la nota, en la cual los cívicos también expresaron su respaldo a quienes son "injusta e ilegalmente perseguidos" por el Ejecutivo.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, anunció que se convocará a una "asamblea de la cruceñidad" para definir las acciones que se seguirán ante los "abusos" cometidos por el Gobierno.
Por su parte, el secretario general de la prefectura (gobernación) de Santa Cruz, Vladimir Peña, lamentó lo ocurrido y aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, "está acelerando la persecución" contra quienes piensan diferente.
"Creo que se está instaurando un estado de terror, un estado de persecución (...) El Gobierno del MAS está contra Santa Cruz y contra los cruceños. Lo que le pasó a don Eduardo Paz, mañana le puede pasar a cualquier cruceño que no comulgue con el Movimiento al Socialismo", señaló.
El pasado miércoles funcionarios de Migración impidieron que Paz realizara un viaje internacional que tenía previsto y "amablemente" le solicitaron que los acompañara.
Paz fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, donde permaneció por varias horas a la espera del fiscal Marcelo Soza, que investiga la supuesta trama terrorista en Bolivia, para presentar su declaración sobre el caso.
La Cainco señaló en un comunicado que el procedimiento empleado por Migración para impedir la salida de Paz al exterior "no observó las disposiciones legales en actual vigencia" y que, pese a no haber sido citado formalmente, éste aceptó "de manera voluntaria prestar declaración informativa" para ayudar a esclarecer los hechos.
Esa institución está citada en algunos informes del denominado "caso terrorismo" en Bolivia, que se abrió con una operación policial en abril de 2009 en Santa Cruz en la que la Policía abatió a tres presuntos mercenarios y detuvo a otros dos.
Todos ellos formaban parte de una banda internacional que, según las autoridades bolivianas, pretendía asesinar a Morales y formar milicias de defensa civil en Santa Cruz para declarar la independencia de este departamento.
El fiscal Soza confirmó que no existen órdenes de detención ni de arraigo en contra de Paz, quien deberá asumir su defensa en libertad "momentáneamente, mientras se determine cualquier otra situación a futuro".
El vicepresidente Álvaro García Linera garantizó hoy la independencia de la investigación del Ministerio Público, en la cual, dijo, el Gobierno "no se inmiscuye".
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