según el ministro Coca, los estadounidenses son unos estúpidos que conceden ayuda a raudales y que ésta no llega al destinatario. cuidan los dólares!!

Según nuestro cálculo aproximado, de cada 100 dólares, sólo siete llegan. 93 dólares se quedan en los pasos intermedios, ya sea en gastos de comisiones, utilidades y ganancias que tienen las instituciones intermedias sin ningún control”, afirmó ayer a la gubernamental radio Patria Nueva.

Para Coca, el método de cooperación que brinda la Embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), es “un engaño” para el mismo contribuyente del país del norte que “espera que su dinero llegue al beneficiario final”. Identificó a consorcios —como ABT, Kemonix y CHF (que habrían captado 59 millones de dólares de la cooperación estadounidense, según la agencia gubernamental ABI)— que, a su vez, habrían terciarizado los servicios entre otras empresas en Bolivia. “Estos dineros, la cooperación los maneja bajo su total y absoluto control. Y todos los operadores, hasta el último nivel, son contratados bajo esa lógica”, declaró.

Esta denuncia refrenda a otras emitidas los últimos días por el Ejecutivo, que ha acusado a Usaid, primero, de conspirar y, más delante, de entrometerse en asuntos internos. El Gobierno ha advertido a la institución de la cooperación de EEUU que si no cambia de actitud, “tomará decisiones” sobre su permanencia en Bolivia. “Ojalá sepan entender estas señales que damos”, aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera el sábado, reafirmando las denuncias contra la entidad.

El ministro se comprometió ayer a mostrar en los próximos días más documentación en torno a Usaid. Reafirmó que la probable expulsión de la institución, como advirtió el mandatario Evo Morales, “se va a determinar con la explicación de sus acciones”.
Coca destacó, en contraposición, el método de cooperación que emplean la Unión Europea y los Países Bajos. Éstos aportan en lo que el Gobierno denomina La Canasta, una especie de fondo común que las entidades públicas pueden usar y disponer “sujetas a normas y la fiscalización del país aportante, la Contraloría y el nivel de ejecución que se realiza”.

Chile, Perú, Colombia, Costa Rica sí cambiaron para bien. acusan mejoría en todo sentido y plena vigencia de la Democracia. Bolivia acusa retroceso

Los que sí cambiaron

Editorial del diario El Dia de SC., Bolivia

América Latina está viviendo otro periodo electoral intenso que podría profundizar el giro político-ideológico que empezó en Chile el año pasado y que acaba de ratificarse en Colombia, lo que implica un retroceso de los procesos populistas que parecían inconteniblemente encaminados a expandirse en todo el continente.
Es momento para hacer un análisis de los motivos que pueden haber llevado al repentino cambio de orientación de la gente, que se había acurrucado en promesas supuestamente revolucionarias que fracasaron en el pasado, pero que consiguieron renacer en medio del desengaño de las elites políticas que condujeron los países en la época posterior al periodo dictatorial de los años 70. En algunos países, como Perú, Costa Rica y Colombia no se produjo ningún tipo de remesón que en otros casos ha derivado en procesos autoritarios. Hagamos un breve repaso de los cambios producidos en ambos bloques.
Evo Morales lleva casi cinco años de “cambios”, Hugo Chávez 11 años, el nicaragüense Daniel Ortega cuatro y Rafael Correa cuatro. Se trata de los más conspicuos miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) que también incluye a Cuba, país que vive un proceso revolucionario desde hace medio siglo.
Al otro extremo de la vereda están el colombiano Álvaro Uribe, quien fue presidente durante ocho años; el peruano Alan García, quien se mantiene en el poder desde el 2006; Óscar Arias, presidente de Costa Rica entre 2006 y 2010 y el dominicano Leonel Fernández, quien cumple su segundo mandato y es presidente desde el 2004. Deberían figurar en esta lista Lula, Bachelet y Tabaré Vásquez de Uruguay, ya que si bien en el discurso han sido más cercanos al primer grupo, en el manejo de sus economías han dado claras señales de apertura y respeto a las reglas del libre mercado.
No hace falta muchos comentarios para definir lo que sucede en Cuba, país que importa el 80 por ciento de lo que come; en Venezuela sucede casi lo mismo aunque con menos atenuantes, pues se trata de una de las cinco potencias petroleras del mundo. La inflación, la escasez de comida, la crisis energética y la corrupción están desinflando aceleradamente la revolución bolivariana. En Bolivia, la economía del narcotráfico es la única que permite balancear el descalabro de la industria gasífera, mientras que la falta de inversiones, la pérdida de mercados externos y la ausencia de un programa económico están amenazando incluso la soberanía alimentaria.
Mientras tanto, durante el Gobierno de Uribe, Colombia ha incrementado en un 127 por ciento sus exportaciones no tradicionales, ha bajado la producción de coca y cocaína, la inversión privada ha aumentado y la pobreza ha disminuido. Algo similar ha ocurrido en Perú, país que se ha convertido en uno de los principales polos de atracción de los capitales externos y ha venido ratificando marcas notables en el crecimiento de la economía. Costa Rica es hoy la décima primera economía de América Latina, sus indicadores sociales, de transparencia y estabilidad social se parecen a los del norte de Europa y República Dominicana, que se codea con los ocho grandes del continente, ha logrado ese lugar gracias a un manejo económico serio que empezó luego de la crisis de los años 90. El turismo y los servicios han convertido a este diminuto país en una de las principales potencias del Caribe y las Antillas. Estos países sí cambiaron.

felicitamos a La Razón que sale por los fueros de la Justicia y la Democracia al enfocar el tema del caos en Sucre

Como ocurre en varios municipios del país, la debilidad de la clase política y la falta de gobernabilidad pasaron una lamentable factura a los sucrenses este viernes. El panorama de la capital del Estado Plurinacional era patético, con rostros de niños cubiertos por chalinas para contrarrestar los gases lacrimógenos a la salida de las escuelas y la vuelta de los barbijos, en penoso recuerdo de los días de La Calancha (noviembre del 2007).

Es la cara grosera del caos. De nuevo la convulsión, la resistencia ante el orden establecido. El enfrentamiento entre policías y universitarios decididos a hacer respetar el voto mayoritario de los sucrenses a favor de Jaime Barrón.

En los días precedentes, los choques habían tenido de protagonistas a ciudadanos civiles: grupos organizados, uno para defender la continuidad del alcalde y, el otro, para exigir su salida, debido a la existencia de una acusación formal en su contra. La historia de siempre: opositores al MAS versus seguidores del partido de gobierno. El 4 de abril, Barrón fue elegido con 22.000 votos de diferencia sobre la candidata del MAS, Ana María Quinteros.

Pero, esa decisión del pueblo sólo se mantuvo por 19 días. Una interpretación de la Ley de Municipalidades, pasando por encima de la Constitución Política del Estado, determinó que la simple acusación formal por la justicia boliviana sea motivo suficiente de la suspensión del alcalde.

La pulseta de semanas entre oficialistas y opositores dentro del Concejo Municipal, una institución acostumbrada a la falta de acuerdos, nunca fue zanjada y derivó en un perjuicio económico y social debido a la interrupción total de actividades en el centro de la ciudad, tanto en las instituciones públicas y privadas como en los establecimientos educativos.

Pero, más allá de eso, la democracia, la institucionalidad y la política, en general, salen muy malparadas de los hechos acaecidos ayer. A nadie debe agradar que sus autoridades ediles, elegidas también mediante el voto, tomen testeras, se insulten y amenacen con golpearse.

La primera responsabilidad de los políticos tiene que ser mantener la paz y la tranquilidad social. Ningún apetito, partidario ni personal, puede sobreponerse a esa regla básica de convivencia ciudadana. Por otro lado, la justicia no debería entrar en contradicción con el voto del pueblo; la confianza en la democracia está en riesgo.

si anteriormente había debate para saber de qué se trata, hoy en día el MAS ha eliminado todo. sólo quedan los levanta manos en la llamada Asamblea

Poco favor hacen a sus legisladores los dirigentes del MAS y las autoridades del Órgano Ejecutivo al prohibirles debatir sobre los proyectos de ley que están siendo tratados en la Asamblea Legislativa. Si se conviene en que además de legislar este órgano debe servir para educar a los representantes en el debate, la reflexión y la actuación políticos, una vez más se desperdicia esta oportunidad en aras de objetivos de cortísimo plazo funcionales al partido de gobierno.

Se trata de una actitud que puede convertirse en un bumerán, como sucedió con la Asamblea Constitucional, en la que las decisiones adoptadas en La Paz por el gobierno central o en Santa Cruz, por el Comité Cívico, hicieron que se desperdicie el aporte de los constituyentes elegidos, que, con honrosas excepciones, terminaron convertidos en simples levantamanos con ingredientes que dañaron incluso su dignidad como seres humanos, como sucedió en Oruro.

Volviendo a la Asamblea Legislativa, es decepcionante que sean los operadores del al parecer retórico “cambio” quienes reproduzcan viejas prácticas, con un aditamento más: antes, la aplicación del rodillo era para que la oposición –que numéricamente importaba-- no tenga posibilidad de bloquear la incitativas del oficialismo; en cambio, hoy, dada la contundente mayoría que tiene la bancada masista, pareciera que lo que buscan sus dirigentes es impedir que en el debate sus propios legisladores se den cuenta de las intenciones que dominan a quienes circunstancialmente ocupan el palacio quemado.

plan sin precedentes contra la cocaína que ingresa a Brasil via San Matías-Cáceres anunció Lula da Silva. piden a Bolivia coordinar acciones

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la aplicación de un plan antidrogas sin precedentes en sus zonas fronterizas, mientras los asistentes a un encuentro que consideró el tema coincidieron en que la ruta del 80 por ciento de la cocaína boliviana que entra en ese país pasa por la ruta San Matías-Cáceres, según medios de Brasil.

Lula calificó de una plaga al consumo de droga en su país, por lo que dijo que gestiona un acuerdo con Bolivia para controlar las fronteras, donde se hará un esfuerzo conjunto nunca visto para combatir el narcotráfico.

Recientemente, el candidato presidencial opositor del Partido Socialdemócrata de Brasil, José Serra, afirmó que el Gobierno boliviano es cómplice en el tráfico de drogas a Brasil y abogó por un control más intenso en fronteras.

Lula dijo que el consumo de drogas es una epidemia en su país, lo que llevó al Gobierno brasileño a destinar unos 226,3 millones de dólares este año para combatir al narcotráfico, el tratamiento de adictos y campañas de prevención. Lanzado el 20 de mayo, el Plan Integrado de Lucha Antidrogas abarca acciones de nueve ministerios, Poder Judicial y entidades de la sociedad civil para desmontar las redes de traficantes.

Se pondrá énfasis en las regiones fronterizas con Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia, donde se instalarán 11 bases móviles y fijas. Las acciones tendrán el apoyo de las Fuerzas Armadas e involucrarán a la Policía Federal y a la Policía Caminera Federal, que articularán sus acciones con las policías estatales.

Será creada una unidad de inteligencia estratégica para intercambiar información entre las unidades y para el levantamiento cartográfico de rutas de tráfico y laboratorios de refinación.

Otro objetivo del Gobierno de Lula, en este sentido, es duplicar el número de camas en los centros de rehabilitación.

Lula informó que habrá reuniones con prefectos, gobernadores y organizaciones sociales para analizar cómo combatir la drogodependencia y la forma de tratar a los consumidores.

“Actualmente hacemos una gran cantidad de cosas separadas contra el narcotráfico, pero tomamos la decisión de unificar todas las políticas públicas del Gobierno federal para construir, junto a los poderes estatales y municipales, una propuesta para erradicar el tráfico de drogas de la sociedad brasileña”.

Cáceres, un narcomunicipio brasileño

La economía de Cáceres, ubicado en la frontera con Bolivia, quebraría si acabara el tráfico de pasta base, según el juez anticrimen y de ejecución penal Alex Nunes Figueiredo, quien destacó que el 80 por ciento de la droga que ingresa en Brasil procedente de Bolivia pasa por ese municipio, según la Gazeta Digital de Cuiabá, Mato Grosso.

Datos oficiales revelan que el 41 por ciento de los hombres y el 97 por ciento de las mujeres en prisiones de ese estado vulneraron las leyes antidrogas.

Entre el jueves 10 y el viernes 11 de este mes se realizó en Mato Grosso el Segundo Encuentro de la Frontera con el objetivo de discutir formas efectivas de combatir el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con el mencionado medio, los asistentes debatieron el tema de Bolivia a puerta cerrada, pero extraoficialmente apuntaron que desde que Evo Morales asumió la Presidencia de Bolivia aumentó considerablemente la cantidad de cocaína en Brasil.

El acontecimiento contó con la presencia de procuradores, jueces, políticos, policías y militares de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Goias, Rondonia y otros diez estados brasileños, además de representantes del Gobierno boliviano.

El procurador general de justicia de Mato Grosso, Marcelo Ferra, anotó que, además de una política pública de represión al narcotráfico, es necesario un “endurecimiento de las relaciones externas. Tenemos que llamar a Bolivia para conversar. Bolivia podría hacer más”.

El comandante de la Policía de San Matías (Santa Cruz) municipio fronterizo con Brasil, capitán Álvaro Pérez, señaló que la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) trabaja en la zona con financiamiento de Estados Unidos. Sin embargo, dijo que los recursos para mantener el trabajo de este equipo disminuyeron después de 2006.

En opinión del teniente Marco Hurtado, también de la Policía de San Matías, uno de los motivos para el fácil ingreso de estupefacientes en Brasil es la forma en que la población boliviana ocupa el territorio. “Allá es diferente. Ustedes ocupan el área rural y los bolivianos nos quedamos en las ciudades, y las fronteras quedan abandonadas”.

Asistentes al encuentro recordaron que recientemente el Gobierno boliviano intensificó la interdicción, pero los últimos números parecen no dar razón a esa versión. En todo 2009, la Policía se incautó de más de una tonelada de estupefacientes y hasta inicio de junio de este año, los decomisos llegaron a 650 kilos.

Según el juez Nunes Figueiredo, “Cáceres no tiene industria ni infraestructura y posee una economía basada en el río Paraguay, que no es aprovechable cuatro meses al año. La ganadería no genera riqueza. Es una ciudad que tiene un patrón de vida un tanto alto y me pregunto de dónde viene ese dinero”.

El coordinador del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), Paulo Prado, opinó que se debe controlar la frontera con radares, ejercer vigilancia satelital, aumentar el número de efectivos y adquirir aviones no tripulados.

Droga y dinero van a Argentina

La Policía argentina efectuó entre jueves y viernes dos operativos que lograron desbaratar una banda que se dedicaba a lavar dólares presumiblemente para una organización de narcotraficantes bolivianos, en tanto que en la población de Salvador Mazza, fronteriza con Tarija, detuvo dos cisternas con registro de Bolivia que llevaban 100 kilos de cocaína.

En el primer caso, los uniformados capturaron a seis personas y secuestraron dinero y documentación probatoria de maniobras de lavado de dinero e infracciones a las leyes argentinas cambiaria y tributaria.

Este grupo compraba diariamente hasta 500.000 dólares en casa de cambio. Dos mujeres reclutaban en las calles a personas a quienes, a cambio de una comisión de siete a diez dólares, adquirían, presentando sus documentos de identidad, entre 15.000 y 20.000 dólares.

Según FM Alba de Salta, en la frontera próxima a Yacuiba, Gendarmería interceptó dos camiones en los que, al ser revisados, se encontraron cien kilos del alcaloide. Los choferes fueron detenidos.

Los hechos

La FELCN se incautó de 14,3 toneladas de cocaína entre el 1 de enero y el sábado 29 de mayo.

De ese total, 13,1 toneladas son de pasta base y 1,2 toneladas son de clorhidrato de cocaína.

En ese periodo, la fuerza antidrogas capturó a 1.634 personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

En esos cinco meses, fueron destruidas 615 fábricas del alcaloide, al igual que 853 pozas de maceración.

Además se secuestraron 477.951,44 kilos de hoja coca natural o prensada que era transportada ilegalmente.

Con ese volumen pudo ser posible fabricar alrededor de 1.300 kilos de pasta base de cocaína.

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Lula anuncia plan en que incluye combatir la cocaína boliviana que ingresa via San Matías. gestiona acuerdo con Bolivia

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la aplicación de un plan antidrogas sin precedentes en sus zonas fronterizas, mientras los asistentes a un encuentro que consideró el tema coincidieron en que la ruta del 80 por ciento de la cocaína boliviana que entra en ese país pasa por la ruta San Matías-Cáceres, según medios de Brasil.

Lula calificó de una plaga al consumo de droga en su país, por lo que dijo que gestiona un acuerdo con Bolivia para controlar las fronteras, donde se hará un esfuerzo conjunto nunca visto para combatir el narcotráfico.

Recientemente, el candidato presidencial opositor del Partido Socialdemócrata de Brasil, José Serra, afirmó que el Gobierno boliviano es cómplice en el tráfico de drogas a Brasil y abogó por un control más intenso en fronteras.

Lula dijo que el consumo de drogas es una epidemia en su país, lo que llevó al Gobierno brasileño a destinar unos 226,3 millones de dólares este año para combatir al narcotráfico, el tratamiento de adictos y campañas de prevención. Lanzado el 20 de mayo, el Plan Integrado de Lucha Antidrogas abarca acciones de nueve ministerios, Poder Judicial y entidades de la sociedad civil para desmontar las redes de traficantes.

Se pondrá énfasis en las regiones fronterizas con Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia, donde se instalarán 11 bases móviles y fijas. Las acciones tendrán el apoyo de las Fuerzas Armadas e involucrarán a la Policía Federal y a la Policía Caminera Federal, que articularán sus acciones con las policías estatales.

Será creada una unidad de inteligencia estratégica para intercambiar información entre las unidades y para el levantamiento cartográfico de rutas de tráfico y laboratorios de refinación.

Otro objetivo del Gobierno de Lula, en este sentido, es duplicar el número de camas en los centros de rehabilitación.

Lula informó que habrá reuniones con prefectos, gobernadores y organizaciones sociales para analizar cómo combatir la drogodependencia y la forma de tratar a los consumidores.

“Actualmente hacemos una gran cantidad de cosas separadas contra el narcotráfico, pero tomamos la decisión de unificar todas las políticas públicas del Gobierno federal para construir, junto a los poderes estatales y municipales, una propuesta para erradicar el tráfico de drogas de la sociedad brasileña”.

Cáceres, un narcomunicipio brasileño

La economía de Cáceres, ubicado en la frontera con Bolivia, quebraría si acabara el tráfico de pasta base, según el juez anticrimen y de ejecución penal Alex Nunes Figueiredo, quien destacó que el 80 por ciento de la droga que ingresa en Brasil procedente de Bolivia pasa por ese municipio, según la Gazeta Digital de Cuiabá, Mato Grosso.

Datos oficiales revelan que el 41 por ciento de los hombres y el 97 por ciento de las mujeres en prisiones de ese estado vulneraron las leyes antidrogas.

Entre el jueves 10 y el viernes 11 de este mes se realizó en Mato Grosso el Segundo Encuentro de la Frontera con el objetivo de discutir formas efectivas de combatir el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con el mencionado medio, los asistentes debatieron el tema de Bolivia a puerta cerrada, pero extraoficialmente apuntaron que desde que Evo Morales asumió la Presidencia de Bolivia aumentó considerablemente la cantidad de cocaína en Brasil.

El acontecimiento contó con la presencia de procuradores, jueces, políticos, policías y militares de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Goias, Rondonia y otros diez estados brasileños, además de representantes del Gobierno boliviano.

El procurador general de justicia de Mato Grosso, Marcelo Ferra, anotó que, además de una política pública de represión al narcotráfico, es necesario un “endurecimiento de las relaciones externas. Tenemos que llamar a Bolivia para conversar. Bolivia podría hacer más”.

El comandante de la Policía de San Matías (Santa Cruz) municipio fronterizo con Brasil, capitán Álvaro Pérez, señaló que la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) trabaja en la zona con financiamiento de Estados Unidos. Sin embargo, dijo que los recursos para mantener el trabajo de este equipo disminuyeron después de 2006.

En opinión del teniente Marco Hurtado, también de la Policía de San Matías, uno de los motivos para el fácil ingreso de estupefacientes en Brasil es la forma en que la población boliviana ocupa el territorio. “Allá es diferente. Ustedes ocupan el área rural y los bolivianos nos quedamos en las ciudades, y las fronteras quedan abandonadas”.

Asistentes al encuentro recordaron que recientemente el Gobierno boliviano intensificó la interdicción, pero los últimos números parecen no dar razón a esa versión. En todo 2009, la Policía se incautó de más de una tonelada de estupefacientes y hasta inicio de junio de este año, los decomisos llegaron a 650 kilos.

Según el juez Nunes Figueiredo, “Cáceres no tiene industria ni infraestructura y posee una economía basada en el río Paraguay, que no es aprovechable cuatro meses al año. La ganadería no genera riqueza. Es una ciudad que tiene un patrón de vida un tanto alto y me pregunto de dónde viene ese dinero”.

El coordinador del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), Paulo Prado, opinó que se debe controlar la frontera con radares, ejercer vigilancia satelital, aumentar el número de efectivos y adquirir aviones no tripulados.

Droga y dinero van a Argentina

La Policía argentina efectuó entre jueves y viernes dos operativos que lograron desbaratar una banda que se dedicaba a lavar dólares presumiblemente para una organización de narcotraficantes bolivianos, en tanto que en la población de Salvador Mazza, fronteriza con Tarija, detuvo dos cisternas con registro de Bolivia que llevaban 100 kilos de cocaína.

En el primer caso, los uniformados capturaron a seis personas y secuestraron dinero y documentación probatoria de maniobras de lavado de dinero e infracciones a las leyes argentinas cambiaria y tributaria.

Este grupo compraba diariamente hasta 500.000 dólares en casa de cambio. Dos mujeres reclutaban en las calles a personas a quienes, a cambio de una comisión de siete a diez dólares, adquirían, presentando sus documentos de identidad, entre 15.000 y 20.000 dólares.

Según FM Alba de Salta, en la frontera próxima a Yacuiba, Gendarmería interceptó dos camiones en los que, al ser revisados, se encontraron cien kilos del alcaloide. Los choferes fueron detenidos.

Los hechos

La FELCN se incautó de 14,3 toneladas de cocaína entre el 1 de enero y el sábado 29 de mayo.

De ese total, 13,1 toneladas son de pasta base y 1,2 toneladas son de clorhidrato de cocaína.

En ese periodo, la fuerza antidrogas capturó a 1.634 personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía.

En esos cinco meses, fueron destruidas 615 fábricas del alcaloide, al igual que 853 pozas de maceración.

Además se secuestraron 477.951,44 kilos de hoja coca natural o prensada que era transportada ilegalmente.

Con ese volumen pudo ser posible fabricar alrededor de 1.300 kilos de pasta base de cocaína.

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negativo para Bolivia y más aún para Evo. ser reelegido como dirigente sindical de los cocaleros siendo Presidente del Estado

El presidente Evo Morales será ratificado el lunes como máximo líder del mayor sindicato cocalero de Bolivia, cargo que ejerce desde hace más de dos décadas, informaron dirigentes del sector.

El X Congreso de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que comenzó el sábado, ratificará a Morales como presidente de la organización, dijo el senador y dirigente cocalero Julio Salazar.

"Ya es consenso de las seis federaciones, ratificar a Evo Morales", explicó a la emisora Fides, Eulogio Barcaya, otro líder de los labriegos.

Morales inauguró el sábado en Cochabamba, centro del país, ese congreso con una advertencia de expulsión a la agencia internacional de Estados Unidos para el desarrollo (USAID) si conspira con líderes sindicales opositores para desestabilizar a su gobierno.

Pero también llamó a sus bases a respetar un acuerdo que limita la siembra de coca en el Chapare (Cochabamba) a una parcela de 1.640 metros cuadrados por cada uno de los 45.000 afiliados en esa región.

"Lamentablemente hay un mercado ilegal y por eso tenemos que limitar (la producción). Una parte de nuestra coca se desvía al mercado ilegal, pero nuestro mejor aporte sindical es limitar" y respetar el llamado cato (parcela) de coca, dijo Morales ante unos 3.000 delegados que deliberan en un coliseo de Cochabamba.

Los cocaleros analizan pedidos para incrementar la parcela.

También abordarán la situación económica, social y política del país y emitirán un voto de respaldo a Morales, dijo Salazar. El mandatario, primer indígena que gobierna Bolivia, nació en una comarca pobre del altiplano y en su adolescencia migró a la región tropical del Chapare, en el departamento de Cochabamba, donde se hizo líder de los combativos sindicatos cocaleros en los años 80 y desde allí saltó a la política. Ganó las elecciones nacionales en 2005 y fue reelegido el 2010.

Morales manda en los sindicatos del Chapare pero no entre los cultivadores de coca de Yungas en el norte de La Paz, convertida ahora en la mayor región cocalera y donde no hay un líder fuerte, sino varios sindicatos independientes.

Una ley de 1988 declara a Yungas zona legal para la plantación de coca y limita los cultivos a 12.000 hectáreas para usos tradicionales. Pero en 2004, siendo aún líder de los labriegos, Morales logró que el gobierno de entonces reconociera una parcela de coca a cocaleros del Chapare.

Morales anunció antes que modificará aquella ley para elevar a 20.000 las hectáreas legales. Durante su gobierno la coca creció en 6% y alcanza ahora a 30.500 hectáreas, siendo Bolivia el tercer país productos después de Colombia y Perú.

Un aumento en el precio en los últimos años incentivó la expansión de ese cultivo y también la producción de cocaína. El último informe de la ONU para el año 2008 dijo que "la producción potencial" de cocaína se incrementó en 9% debido a una mayor disponibilidad de coca.

Como líder sindical, Morales luchó contra los planes de erradicación de coca en Chapare alentados por Estados Unidos y ahora su política se basa en acuerdos "concertados" con los sindicatos para que reduzcan voluntariamente a cambio de obras de infraestructura.

Tuvo éxito en el Chapare, pero en Yungas los cultivos se han disparado.