según el ministro Coca, los estadounidenses son unos estúpidos que conceden ayuda a raudales y que ésta no llega al destinatario. cuidan los dólares!!

Según nuestro cálculo aproximado, de cada 100 dólares, sólo siete llegan. 93 dólares se quedan en los pasos intermedios, ya sea en gastos de comisiones, utilidades y ganancias que tienen las instituciones intermedias sin ningún control”, afirmó ayer a la gubernamental radio Patria Nueva.

Para Coca, el método de cooperación que brinda la Embajada de Estados Unidos, a través de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), es “un engaño” para el mismo contribuyente del país del norte que “espera que su dinero llegue al beneficiario final”. Identificó a consorcios —como ABT, Kemonix y CHF (que habrían captado 59 millones de dólares de la cooperación estadounidense, según la agencia gubernamental ABI)— que, a su vez, habrían terciarizado los servicios entre otras empresas en Bolivia. “Estos dineros, la cooperación los maneja bajo su total y absoluto control. Y todos los operadores, hasta el último nivel, son contratados bajo esa lógica”, declaró.

Esta denuncia refrenda a otras emitidas los últimos días por el Ejecutivo, que ha acusado a Usaid, primero, de conspirar y, más delante, de entrometerse en asuntos internos. El Gobierno ha advertido a la institución de la cooperación de EEUU que si no cambia de actitud, “tomará decisiones” sobre su permanencia en Bolivia. “Ojalá sepan entender estas señales que damos”, aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera el sábado, reafirmando las denuncias contra la entidad.

El ministro se comprometió ayer a mostrar en los próximos días más documentación en torno a Usaid. Reafirmó que la probable expulsión de la institución, como advirtió el mandatario Evo Morales, “se va a determinar con la explicación de sus acciones”.
Coca destacó, en contraposición, el método de cooperación que emplean la Unión Europea y los Países Bajos. Éstos aportan en lo que el Gobierno denomina La Canasta, una especie de fondo común que las entidades públicas pueden usar y disponer “sujetas a normas y la fiscalización del país aportante, la Contraloría y el nivel de ejecución que se realiza”.