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jueves, 26 de agosto de 2010

el corresponsal Chuquimia de El Deber ha informado con relación a la audiencia cautelar con Schmidt y Torrico. copiamos imagen y texto.

Marco Chuquimia. La Paz

Tres fallos distintos dictó anoche la jueza Segunda de Instrucción en lo Penal Cautelar, Julia Parra, para los implicados en la supuesta extorsión a menonitas. El ex viceministro y hombre fuerte del MAS Gustavo Torrico tendrá detención domiciliaria, mientras que el alemán Dirk Schmidt estará recluido en el penal de Palmasola y el teniente de Policía Christian Sánchez deberá presentarse cada 15 días en la Fiscalía, para firmar el cuaderno de asistencia.


De este modo, el Gobierno no logró que Schmidt pase a la cárcel de Chonchocoro, tal como había pedido el presidente Evo Morales en una conferencia de prensa, cuando calificó de “delincuente internacional” al súbdito alemán.
El cuarto acusado por este caso, Luis Fernando Prado, no estuvo en la audiencia. Sus abogados presentaron a la jueza una excusa, indicando que su defendido fue notificado a destiempo.


De acuerdo con la decisión de la jueza, Torrico podrá realizar actividad laboral en el canal TV Off del que se presentó como asesor, aunque es conocido que es de su propiedad; la detención domiciliaria, que será desde las 22:30, tampoco tendrá resguardo policial, pero no podrá ponerse en contacto con las personas involucradas en el caso ni acercarse a las oficinas de Migración ni del Ministerio de Gobierno durante toda la investigación, además deberá pagar una fianza de Bs 20 mil, en 72 horas.


Aunque la abogada del teniente Sánchez, María Cisneros, desvirtuó una por una las acusaciones de la Fiscalía, la jueza decidió aplicar medidas sustitutivas. La abogada dijo que su cliente por obedecer las órdenes de una autoridad fue replegado al Comando de la Policía y que se manchó la hoja de servicios que tenía.


Sólo el alemán fue restringido en sus derechos civiles. La jueza consideró que al ser un extranjero puede fugar del país. Además, dijo que el imputado no acreditó debidamente la propiedad que tiene en Santa Cruz. El abogado del europeo, Alberto Morales, indicó que su cliente no podía quedarse en La Paz por su estado de salud, porque todos los elementos de la acusación están en Santa Cruz y que además el juez que conoce el otro juicio en la capital oriental dispuso su salida con retorno para cumplir la detención que tiene.
Por primera vez en La Paz, Schmidt hizo una escueta declaración pública. “Voy a demostrar mi inocencia, mi completa inocencia en este caso”, dijo antes de ser conducido a las celdas judiciales.


No obstante que en la denuncia realizada el 13 de julio se mencionaba estafa y que luego se cambió a extorsión, ayer en la audiencia se mencionaron los delitos de impedir funciones públicas, uso indebido de influencias, nombramientos ilegales y uso indebido de servicios y bienes públicos. Estos cuatro delitos fueron descritos por el fiscal Franz Contreras, que lleva el caso.


Impedir el ejercicio de funciones públicas, porque tres de los implicados estuvieron en las oficinas de la directora de Migración de Santa Cruz con argumentos que no competían a ninguno de ellos, como la intención de empadronar a los menonitas.


Uso indebido de influencias, porque Schmidt, Sánchez y Prado participaron de forma irregular del encuentro y que además fue permitida por Torrico; empero los abogados de la defensa aseguraron que nadie intentó sobornar ni traficó influencias para obtener beneficio.


Nombramientos ilegales, acusó el fiscal y dijo que cualquier designación, según el organigrama del Ministerio de Gobierno, debe ser con la autorización de la máxima autoridad. Al respecto, el abogado Andrés Zúñiga dijo que el Ministerio de Gobierno informó de que Schmidt no figura en las planillas de esa cartera de Estado, por tanto preguntó, ¿de qué designación ilegal hablan?
Sobre el uso indebido de servicios y bienes públicos, el fiscal señaló que Torrico asignó funciones que no correspondía a cada uno de sus subalternos.

La audiencia hora a hora

- Acto. La audiencia duró cinco horas y 20 minutos, sólo el alegato del fiscal tuvo una duración de más de dos horas porque fundamentó toda la acusación.

- Ausencia. Héctor Tapia, abogado de Luis Fernando Prado, explicó que su cliente no pudo presentarse porque no había pasajes desde Santa Cruz y pidió suspender la audiencia para su cliente. El pedido fue concedido, pero no se conoce la fecha.

- Acusadores. Los abogados del Ministerio de Gobierno fueron los últimos en llegar, asistieron 40 minutos después de que se inició la comparecencia pública.

- Torrico. A última hora Torrico cambió de abogado y llegó en compañía de otros dos juristas, entre ellos Andrés Zúñiga.

- Fianza. La defensa de Torrico pidió la reconsideración de la fianza de Bs 20 mil, porque dijo que no tiene dinero, pero la jueza no dio curso al pedido. El ex viceministro afirmó que hará una colecta entre los Satucos para poder pagar la fianza.

- Control. Los policías impidieron el ingreso de las unidades móviles de los medios que tuvieron que hacer guardia. También hicieron vigilia para el posible traslado del alemán a Santa Cruz, fue en vano, pues no hubo traslado.

La resolución preocupa a los menonitas
La resolución del Ministerio de Gobierno para regularizar la residencia de los menonitas preocupa a este grupo agricultor que tiene unas 50 colonias, cada una con 600 a 800 familias en el departamento de Santa Cruz, reveló el ex viceministro de Gobierno Gustavo Torrico en la defensa material de la que hizo uso ayer.
Dijo que el 6 de julio, en su despacho, estuvieron presentes más de 50 jefes de estos grupos acompañados por los cónsules de México, Canadá, Paraguay y Belice, que cuestionaron la norma y dijeron que se violaba el derecho adquirido de los colonos porque muchos de éstos ya tienen residencia permanente.
La principal preocupación de los jefes menonitas, según Torrico, es el destino de las tierras de los que tuvieran que reiniciar su permanencia porque se les negaría el derecho propietario. “Eso deben arreglar con el INRA”, fue la respuesta del abogado del Ministerio.
Por la mañana, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, explicó que había “un caos” de todas las normas anteriores y que con la resolución 092 se pretendía poner “orden” a ese “carnaval de disposiciones”.


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