Los dirigentes de los cocaleros ilegales de La Paz piden que el Gobierno no los discrimine, tratándolos con mano dura, mientras trata con guante blanco a los cocaleros de Chapare. Por lo tanto, los dirigentes de la región de Palos Blancos anuncian el bloqueo de las carreteras del norte de La Paz como presión para conseguir la liberación de los trece cocaleros encarcelados por haber enfrentado a los policías.
Los cocaleros de La Paz creen, con mucha razón, que el Gobierno da un trato preferencial a los de Chapare porque el presidente Evo Morales surgió de esa región y sigue siendo su dirigente sindical.
Este tipo de actitudes perjudica el proyecto que dice tener el Gobierno de erradicar los cocales ilegales dondequiera que se encuentren, porque viene a sugerir que hay regiones que gozan de privilegios. Lo que lleva a que los cocaleros de otras regiones decidan mantenerse firmes y negarse a que con ellos se haga lo que no se hace con los privilegiados.
De esto depende una de las tareas más importantes de los gobernantes bolivianos, que es reducir la producción de coca para frenar el narcotráfico, que se ha convertido en el principal problema del país, y de los vecinos.
Con las operaciones del ejército brasileño para acabar con las mafias narcotraficantes que operan en sus grandes ciudades, y una acción similar que tuvo el gobierno argentino en una villa miseria de Buenos Aires, el problema de la droga boliviana se ha convertido en una pesadilla para nuestros vecinos.
Pero antes de pensar en los vecinos habría que pensar en Bolivia, que es el punto de origen del problema, con sus cocales en expansión continua.
El ‘negocio’ está penetrando la economía nacional y haciendo inviables otras actividades agrícolas, mientras tergiversa el equilibrio de los jornales en el campo y hasta en las ciudades.
La droga, como ha denunciado monseñor Tito Solari, ha convertido en ingenuos cómplices incluso a menores de edad, según datos que fueron confirmados por estadísticas dadas a conocer por el propio ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
La droga, que era algo destinada a la exportación, para los extranjeros, es ahora un flagelo que está dañando a la sociedad boliviana.
Las consignas sindicalistas de que los cocaleros se dedican a ese cultivo porque no tienen otra actividad rentable a su alcance, ha dejado de ser un pretexto y se ha convertido en un engaño que los bolivianos han comprendido totalmente.
Por lo tanto, lo que corresponde es que el Gobierno nacional aplique contra los cocales ilegales todo el peso de la ley, pero sin hacer distingos: a todos por igual.
El Gobierno nacional tendría que retomar la meta de reducir los cocales a 12.000 hectáreas, y solamente en los Yungas de La Paz, como se ha comprometido el país ante la comunidad internacional.
El juego de dejar que los cocales avancen sin control en todo el territorio no es una picardía, es algo que podría llevar a la destrucción del país. (Valiente y oportuno Editorial de El Deber SC)
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