Evo Morales no puede estar tranquilo ni en Carnaval. Los sindicatos siguen en pie de guerra. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) han rechazado el incremento salarial de un 10% que le propuso el mandatario, ya que consideran que no cubre el alza del coste de vida. Los trabajadores solicitaban un salario mínimo equivalente a unos 864 euros, diez veces más que el actual, petición que Morales consideró descabellada e irracional. Por su parte, los chóferes, que se oponen a la realización de un nuevo estudio de tarifas, amenazan con un nuevo paro de 48 horas.
El intento por subir el precio de los combustibles hasta en un 83%, el famoso ‘gasolinazo’, ha provocado un terremoto político que casi desestabiliza al Gobierno y ha dejado dañada la economía del país. El vicepresidente Álvaro García Linera anunció esta medida el pasado 26 de diciembre, que finalmente fue rechazada por el presidente Evo Morales cinco días después.
Enfrentamientos entre transportistas y representantes de otros sectores sociales y el alza de precios en los principales productos de la canasta familiar, han sido las principales consecuencias en las que derivó la fórmula del ejecutivo.
Casi tres meses después del ‘gasolinazo’, aún se siguen contemplando en el país las dificultades que acarreó el intento de la subida del precio de los combustibles. Los primeros en movilizarse ante esta medida fueron los chóferes que buscaron apalear la medida, incrementando el precio de las tarifas en el transporte. Este hecho provocó el rechazo de la población y, consecuentemente, incitó al sindicato obrero a salir a la calle exigiendo un aumento salarial.
Ni las huelgas de los chóferes, ni las manifestaciones de los sindicatos han logrado que el Gobierno llegue a un acuerdo con ambos sectores. La situación en Bolivia sigue siendo delicada. Los paros y las reivindicaciones se siguen sucediendo.
Por ahora, así están las cosas. Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) se reunieron con urgencia el jueves en la ciudad de La Paz, donde mostraron su descontento y rechazaron el incremento salarial de apenas un 10% decretado por el Poder Ejecutivo, ya que consideran que no cubre en lo más mínimo el alza del coste de vida. Advirtieron que no volverán a la mesa de diálogo hasta que el Gobierno de Evo Morales invalide el decreto 809 que eleva el salario mínimo de 679,50 a 815,40 bolivianos (de 68 a 82 euros).
Casi todos los sindicatos afiliados a la COB rechazan un incremento salarial acorde con el índice de inflación (7,18 % hasta diciembre del año pasado), como plantea el Gobierno, simplemente porque el aumento de precios de los artículos de primera necesidad ha rebasado los límites del 30 y hasta el 40%. Por esa razón, cada vez más sectores populares se suman a la lucha por un salario acorde a la canasta familiar.
Los otros afectados, los chóferes, también siguen luchando para que se haga efectiva su petición. La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia ha anunciado que realizará un paro “sorpresa” de 48 horas para ratificar su demanda de nivelación de tarifas en el servicio de transporte público.
Los chóferes rechazan la realización de un nuevo estudio de tarifas, señaló el secretario general de los chóferes, Sixto Sandy, quien ratificó el estado de emergencia en el sector.
Según la región, los conductores han comenzado a subir el precio de los billetes. Los chóferes de Santa Cruz aplican desde la semana pasada ajustes en el pasaje en hasta un 30%, motivo por el que el municipio rechazó el alza unilateral y ordenó congelar las tarifas. Mientras, los sindicatos del transporte de las ciudades de Cochabamba, Oruro y Potosí comenzaron a aplicar desde principios de febrero un aumento unilateral de hasta 50%.
Por el momento, y con motivo de los festejos de Carnaval, los sindicatos van a permanecer ‘callados’ hasta el lunes, que volverán a presionar al Gobierno para que cumpla sus peticiones.
Mientras Morales lidia con los sindicatos, otros problemas parecen que empiezan a encauzarse y el Gobierno empieza a hacer negocio. La realidad de las arcas públicas, mermadas por los escasos ingresos, ha obligado al ejecutivo a repensar el papel de las petroleras internacionales en el país. La argentina YPF, filial de la española Repsol, y la brasileña Petrobras han firmado un acuerdo con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para la exploración de hidrocarburos en seis áreas del sur de Bolivia.
La situación es cuanto menos curiosa. Hace 5 años, durante el proceso de nacionalización del sector de hidrocarburos del país, el presidente boliviano Evo Morales envió a las Fuerzas Armadas a tomar los 56 campos petroleros que gestionaban ambas compañías, imagen que dio la vuelta al mundo.
En mayo de 2006, 100 días después de que el mandatario llegara al poder, hizo realidad una de sus principales promesas de campaña: la nacionalización de los hidrocarburos, que otorga al Estado el control absoluto de los importantes yacimientos de gas y petróleo del país. Morales explicó que, de este modo, los bolivianos volvían a asumir la propiedad de este recurso natural que se constituiría en el pilar central del desarrollo de Bolivia.
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