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viernes, 8 de junio de 2012

contradicciones oficiales que pueden conducir a la destrucción del Estado previene El Dia de SC editorialmente

Las contradicciones van sumándose en el Estado Plurinacional y ponen bajo amenaza no solo la estabilidad política en el país, sino también la existencia misma del Estado. Los indígenas han puesto al régimen gobernante frente a un espejo en el que éste ya no se reconoce. Las autoridades reniegan de esa imagen que los ayudó a surgir y ganar popularidad. Con la economía pasa exactamente lo mismo, aunque todavía se pretenda mantener el discurso inicial y las poses desafiantes.

La nacionalización fracasó, no solo porque ahuyentó las inversiones extranjeras y convirtió al país en el paria del continente en materia de negocios. La competitividad, la producción y los empleos formales han caído drásticamente y si bien crecen las exportaciones y los ingresos, lo hacen simplemente porque se mantienen altos los precios internacionales de las materias primas, que además le permiten al Gobierno ufanarse de cifras macroeconómicos que esconden una situación no muy auspiciosa.

Comparar la economía boliviana con la europea parece una broma de mal gusto, sobre todo cuando en Bolivia estamos dando y cavando sobre la misma estructura productiva de hace 500 años, basada en la extracción de materias primas que nos han condenado a la dependencia y la fragilidad extremas.

Seguir insistiendo en la estatización y el extractivismo como fórmulas salvadoras es buscar cómo perpetuar el atraso y mucho más cuando se han estado alentando procedimientos –como la toma violenta de establecimientos productivos-, que no hacen más que acelerar el círculo vicioso que está destruyendo la economía y con ella poniendo en riesgo la existencia del Estado formal.

Hoy vemos cómo las autoridades nacionales se desesperan por conseguir inversiones extranjeras que eviten el colapso energético y por supuesto, mantener el alto nivel de ingresos que le permite a la clase dirigente permanecer cómodamente en el poder. Los gobernantes se enfrentan con sus bases, sobre todo con los indígenas, defendiendo los intereses de las empresas transnacionales a las que no hallan cómo agradar para que no dejen de invertir en el país.

Nadie hubiera imaginado a la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, una organización de profunda formación marxista, saliendo en defensa de empresas mineras extranjeras que han sido tomadas por cooperativistas ligados al régimen gobernante, a quienes acusan de ladrones de mineral luego de que estos se apoderaron de los predios de Colquiri. El Gobierno no sabe cómo salir del atolladero, cuando este ha sido el promotor de esta situación, que de prosperar y generalizarse en todas las minas privadas, podría ocasionar graves daños al erario público.

Una sola mina privada aporta en impuestos el total de la contribución de todas las cooperativas juntas, a las que por motivos políticos, se les perdonó el pago del IVA. La nacionalización de los predios invadidos (cosa que ha sucedido) tampoco es ya una buena solución para el Estado, cuya fórmula en Huanuni ha sido elevar el número de empleados de 700 a 4.700 sin incrementar ni un solo gramo la producción de mineral. Con los vaivenes de los precios internacionales de los metales, Huanuni ha pasado en varias ocasiones la delgada línea de la rentabilidad. Esta discrecionalidad en el manejo de las empresas estatales fue precisamente lo que condujo al doloroso proceso de la relocalización posterior al drama de la hiperinflación. Si no soluciona sus contradicciones, el Estado Plurinacional podría estar conduciéndonos al mismo destino.
Seguir insistiendo en la estatización y el extractivismo como fórmulas salvadoras es buscar cómo perpetuar el atraso y mucho más cuando se han estado alentando procedimientos, que no hacen más que acelerar el círculo vicioso que está destruyendo la economía.
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