Pablo Pedraza Barbery
ppedraza@eldeber.com.bo
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El fallo del Tribunal Constitucional que acepta el pedido de acción de libertad de Gary Prado Salmón y ordena que el juicio por supuesto terrorismo pase a conocimiento de un juez natural provocó que otros procesados soliciten que el tribunal que conoce la causa decline su competencia en el proceso.
La sentencia, en uno de sus puntos, concede la tutela respecto al resguardo de la vida de Prado, ya que por problemas de salud e incapacidad física y motriz no puede trasladarse a otra ciudad.
Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, informó de que el mismo viernes se adhirieron al fallo que favorece a Prado mediante un escrito. “Se envió un memorial a La Paz para solicitar la anulación del juicio, que se haga un nuevo sorteo de jueces ciudadanos y que la competencia pase al juez natural competente en Santa Cruz”, remarcó.
Otro que actuó de manera similar fue Ronald Castedo, que durante la lectura del fallo del TC en la audiencia del viernes se sumó al pedido de Prado Salmón de que el Tribunal deje de conocer el proceso y lo remita a un juzgado local.
Su abogado defensor, Hernán Fríes, sostuvo que el fallo constitucional ratifica que el Tribunal de Sentencia sí cometió delito. Además, remarcó que al tener carácter vinculante y ser de cumplimiento inmediato, el apartarse de lo dispuesto sería incurrir en delito de prevaricato.
Pablo Peredo, defensa legal del procesado Adalberto Tórrez, manifestó que también solicitará que se acate el fallo del Tribunal Constitucional para que su representado sea juzgado en Santa Cruz. “Esperamos que entre el lunes y martes el tribunal que lleva la causa sea notificado y que se pronuncie. Tórrez tiene problemas de salud similares a los del general Prado y debe ser juzgado en la capital cruceña”, acotó
Romero habla de artimañas
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó su preocupación porque recursos como el presentado por el general Gary Prado lo único que hacen es dilatar el caso por terrorismo.
“Se sigue recurriendo a artimañas para evitar que se vaya al fondo de la cuestión. Corresponde que el Ministerio Público asuma decisiones más fuertes para impulsar el proceso, porque no podemos ser prisioneros de separatistas que a toda costa quieren evitar que se ingrese en la fase probatoria del juicio”, indicó el ministro.
Aunque no aclaró qué medidas debe adoptar el Ministerio Público, dijo que una vez se conozca su posición el Ministerio de Gobierno coadyuvará en las acciones a seguir.
La notificación aún no llegó
Iván Ortiz, integrante de la comisión de fiscales que lleva el caso terrorismo, informó de que aún no han sido notificados de la sentencia del TC y que cuando conozcan su contenido tomarán una decisión.
Ortiz reconoció que el fallo constitucional es de acatamiento obligatorio, pero dejó abierta la posibilidad de solicitar una complementación del contenido en caso de que algún aspecto no quede claro.
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