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viernes, 28 de septiembre de 2007

Se tiene que actuar en el tema ferroviario

No es admisible que el patrimonio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles esté siendo literalmente destrozado, robado, convertido en polvo. A partir de la primera denuncia que formulara el Dr. Gonzalo Molina responsable del Proyecto Bioceánico para unir por tren el continente, hemos realizado un seguimiento con diversas notas, como la que reproducimos de la autoría de Edgar García y que se publica en Los Tiempos.

La Brigada Parlamentaria de Cochabamba tiene en su poder un inventario donde figuran más de 4 mil piezas y repuestos que la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) habría tenido en su poder antes de que ésta pase a manos de la capitalizadora Ferrocarriles Andina. Sin embargo, en los hechos, ninguna persona u organización sabe dar cuenta de dónde están estos elementos.

Esta situación se da en una época en que las denuncias de depredación de la estación de ENFE en Cochabamba se han hecho cotidianas.

El diputado Franz González, asignado por parte de la Brigada parlamentaria a investigar este caso, declaró que este inventario fue presentado hace días a la Fiscalía de Anticorrupción para que ésta realice las investigaciones, pero tampoco se ha prosperado en este sentido, debido a que el fiscal Hernán Soria (que actualmente ya no funge en esas funciones) se declaró entonces sin competencia para atender el caso.

En tanto, el fiscal de Distrito, César Cartagena, dijo que no llegó a sus manos ninguna documentación del caso, y que cualquier inventario sobre la ex ENFE debería estar primero en poder del Gobierno Nacional y después recién ser remitido al Ministerio Público para su investigación.

"Como no tenemos el inventario, no sabemos cuántos rieles se han perdido, y si se han perdido o no", dijo.

Cartagena agregó que para la realización de cualquier proceso de investigación, la Fiscalía carece de documentación inventariada, para establecer qué cantidad de repuestos y rieles existían en la empresa capitalizada.

Los Tiempos intentó desde la semana pasada comunicarse con los ejecutivos de Ferrocarriles Andina, de la ciudad de La Paz, para conocer su versión sobre la existencia de esta documentación, pero el contacto hasta ahora no fue posible.

El miércoles pasado, una comitiva compuesta por representantes de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, ENFE Residual y vecinos del lugar realizaron una inspección en la que verificaron el deterioro y abandono de la estación. En los predios de tres hectáreas fueron hallados: rieles botados, repuestos de maquinarias, chatarra de vehículos, depósitos de combustible, dos galpones con locomotoras desmanteladas y otros materiales abandonados.

Allanamiento

En el caso del allanamiento que se realizó hace meses a un domicilio particular en el kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo, donde en abril pasado se descubrieron rieles de entre 750 y 800 metros de longitud, se conoció que el dueño del inmueble presentó a la Fiscalía documentación que le certifican la compra de los rieles en la ciudad de Santa Cruz, según Cartagena.

"Los que no colaboran son los denunciantes. Toda persona que denuncia, incluido el parlamentario que ha hecho las declaraciones, cree que su misión ha concluido con presentar la denuncia. Los que están obligados a colaborar son ellos", señaló.

La Super aún no cuenta con denuncias

La Superintendencia de Transportes, por su parte, dijo desconocer cualquier presunto pedido de intervención que hubieran hecho los trabajadores de ENFE-Residual, según declararon ellos este miércoles, mientras se hacía una inspección al patio sud de la estación para verificar el estado abandono y depredación en que se encuentra la estación de ferrocarriles en Cochabamba..

El superintendente, Wilson Villarroel, dijo desconocer tal pedido y agregó que si esta documentación le llega, lo primero que hará será solicitar un informe documentado a los ejecutivos de la FC Andina, sobre la parte operativa de la empresa capitalizada.

De no recibir una información certera, se pasará todo lo investigado a manos del Ministerio Público para su posterior obligación, según Villarroel.

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