La elección de los jueces prevista para el próximo 16 de octubre representa de manera tosca y abusiva la forma monopólica con la que el MAS está manejando el país. Más de la mitad de los candidatos son militantes oficialistas, han sido funcionarios del Gobierno actual o han actuado en representación del MAS en otras contiendas electorales; el oficialismo ha sido el encargado de seleccionarlos en la Asamblea Legislativa, donde obviamente se ha asegurado de imponer la fuerza de sus dos tercios y finalmente, pretende que la población acuda a las urnas sin saber por quién cuernos está votando.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en sus manos un reglamento que lo autoriza a imponerle censura a los medios de comunicación, a los que solo se les permitirá hacerles un breve cuestionario a los postulantes a jueces: nombre, apellido, profesión, un par de preguntas relacionadas con el trillado asunto originario y pare de contar. La gente se quedará con ganas de saber sobre sus antecedentes políticos, reuniones comprometedoras y otros datos polémicos que han estado saliendo a flote estos últimos días. Sobre todo, quedará en duda la capacidad de estos sujetos para administrar justicia, mucho más, después de conocer el testimonio de varios parlamentarios que los estuvieron entrevistando durante el periodo de preselección y que pintaron un panorama desolador.
Pese a que la ciudadanía no ha intervenido de ninguna forma en este proceso tan delicado, el Gobierno pretende que los bolivianos acudan como autómatas a votar y elegir a sus candidatos (¿otro sindicato?). El TSE, un órgano que se ha volcado de lleno a sostener la farsa gubernamental, pretende incluso inventar sanciones a quienes promuevan campañas que incentiven el voto en blanco o nulo en las elecciones, como si esta opción no fuera una genuina expresión democrática garantizada por la Constitución y los más elementales principios del Estado de Derecho.
Como este acto electoral ha sido diseñado y llevado adelante de espaldas a la población, es probable que el 16 de octubre se produzca un abultado nivel de ausentismo, hecho que le restará aún más legitimidad a un proceso plagado de arbitrariedades, destinado únicamente a reforzar el poder hegemónico del MAS, apuntalar su política de persecución y lógicamente, manipular las cosas para encarrilar la segunda relección del presidente Morales. En cualquier país medianamente civilizado esto lleva el nombre de dictadura y de hecho ya estamos viviendo el totalitarismo en Bolivia y la votación de octubre será un nuevo remiendo al disfraz democrático que el régimen pretende lucir ante el mundo.
Hemos vivido dictaduras en el pasado y también hemos tenido que soportar regímenes fraudulentos, pero es la primera vez en el país que se produce tamaño montaje con posibilidades de hacerle un daño permanente e irreversible a la democracia. Con esta elección estamos retrocediendo a las épocas del voto calificado y mucho peor aún, pues se trata de aprobar con el voto, las decisiones tomadas por el séquito que rodea al caudillo. Concurriremos a las urnas pero sin posibilidades de elegir y menos expresar el descontento por el atropello. A la oposición, que lamentablemente sigue desorientada respecto de los peligros que enfrenta el sistema democrático en el país, le corresponde enfrentar el reto de defender los principios con una propuesta desafiante con la impostura.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en sus manos un reglamento que lo autoriza a imponerle censura a los medios de comunicación, a los que solo se les permitirá hacerles un breve cuestionario a los postulantes a jueces: nombre, apellido, profesión, un par de preguntas relacionadas con el trillado asunto originario y pare de contar. La gente se quedará con ganas de saber sobre sus antecedentes políticos, reuniones comprometedoras y otros datos polémicos que han estado saliendo a flote estos últimos días. Sobre todo, quedará en duda la capacidad de estos sujetos para administrar justicia, mucho más, después de conocer el testimonio de varios parlamentarios que los estuvieron entrevistando durante el periodo de preselección y que pintaron un panorama desolador.
Pese a que la ciudadanía no ha intervenido de ninguna forma en este proceso tan delicado, el Gobierno pretende que los bolivianos acudan como autómatas a votar y elegir a sus candidatos (¿otro sindicato?). El TSE, un órgano que se ha volcado de lleno a sostener la farsa gubernamental, pretende incluso inventar sanciones a quienes promuevan campañas que incentiven el voto en blanco o nulo en las elecciones, como si esta opción no fuera una genuina expresión democrática garantizada por la Constitución y los más elementales principios del Estado de Derecho.
Como este acto electoral ha sido diseñado y llevado adelante de espaldas a la población, es probable que el 16 de octubre se produzca un abultado nivel de ausentismo, hecho que le restará aún más legitimidad a un proceso plagado de arbitrariedades, destinado únicamente a reforzar el poder hegemónico del MAS, apuntalar su política de persecución y lógicamente, manipular las cosas para encarrilar la segunda relección del presidente Morales. En cualquier país medianamente civilizado esto lleva el nombre de dictadura y de hecho ya estamos viviendo el totalitarismo en Bolivia y la votación de octubre será un nuevo remiendo al disfraz democrático que el régimen pretende lucir ante el mundo.
Hemos vivido dictaduras en el pasado y también hemos tenido que soportar regímenes fraudulentos, pero es la primera vez en el país que se produce tamaño montaje con posibilidades de hacerle un daño permanente e irreversible a la democracia. Con esta elección estamos retrocediendo a las épocas del voto calificado y mucho peor aún, pues se trata de aprobar con el voto, las decisiones tomadas por el séquito que rodea al caudillo. Concurriremos a las urnas pero sin posibilidades de elegir y menos expresar el descontento por el atropello. A la oposición, que lamentablemente sigue desorientada respecto de los peligros que enfrenta el sistema democrático en el país, le corresponde enfrentar el reto de defender los principios con una propuesta desafiante con la impostura.
Concurriremos a las urnas pero sin posibilidades de elegir. A la oposición, que sigue desorientada respecto de los peligros que enfrenta el sistema democrático, le corresponde enfrentar el reto de defender los principios con una propuesta desafiante con la impostura.
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