La iniciativa gubernamental de entregar la construcción del tramo I de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a los cocaleros podrá ser muy discutible, pero nadie puede dudar de que se trata de una decisión absolutamente coherente.
Después de todo, el polémico proyecto vial ha sido bautizado por el ex candidato presidencial brasileño, José Serra (PSDB), como la “autopista de la cocaína”, por lo que, dentro de la particular lógica del gobierno de Evo Morales, sería lo mejor poner el asunto en manos de los cultivadores de coca cuya producción va, según datos de la ONU, en más del 90% fuera del mercado legal (es decir, mayormente al narcotráfico).
Además, las denuncias de los indígenas pobladores del TIPNIS, por cuyo territorio pasará la carretera, en más de una ocasión han señalado que el objetivo principal del proyecto es facilitar la expansión de los cocaleros a nuevas tierras de cultivo.
También se debe tener en cuenta que la entrega sin licitación del tramo I a la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI), integrada por productores de hoja de coca de tres federaciones del trópico cochabambino, es una manera de transferir fondos públicos a las bases electorales de Morales.
Son nada menos que 32,5 millones de dólares los presupuestados para la obra. De donde se desprende que el núcleo duro del MAS contará con grandes fondos de campaña.
La pregunta obligada es si Evo Morales no estará incurriendo en un conflicto de intereses, al otorgar como jefe de gobierno un proyecto multimillonario a federaciones que integran el sindicato cocalero que él mismo preside…
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