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jueves, 11 de octubre de 2012

quisiéramos compartir el optimismo de OPINION que con el despliegue de las FFAA se hubiese recuperado la autoridad. si acaso no se establece la vigencia del estado de derecho, con todas las instituciones deseables policía, juzgado, fiscalía, no ha de funcionara y esto es labor de largo tiempo


Territorio libre. En Challapata el Estado no tenía presencia y parecía que ya había renunciado a restablecer el orden. La delincuencia obraba en un territorio libre.

El gigante operativo desarrollado por las Fuerzas Armadas, la Policía, el Comando Operativo Aduanero y la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la localidad de Challapata, en Oruro, una tierra desde hace años dominada por los contrabandistas, es el resultado de una situación que se tornó incontrolable para el Estado boliviano.

La resistencia de pobladores contra los efectivos militares, policiales, aduaneros y los funcionarios civiles que participaron en la incursión a esta localidad, y que arrojó el saldo de dos muertos y varios heridos, se inscribe en una acción demorada y en una respuesta a una realidad compleja que tiene sus vertientes de origen en varios motivos. Primero, en que esta población se convirtió desde hace años en el centro más importante de internación de vehículos de contrabando, con todos los efectos colaterales que dinamizan la economía del poblado, con la instalación de talleres de refacción de motorizados, con un negocio de falsificación de placas, de autopartes, de elaboración de documentos de propiedad, de venta del Soat, placas de circulación, tercera placa y el predominio de contrabandistas que en los hechos logró dominar a mucha gente que habita y que reside, porque el dinero que corre en sus calles y en sus negocios, es determinante para aquella economía.

El contrabando en Challapata, durante los últimos años, se realizaba de la manera más impune. En la conversación cotidiana Challapata es el punto de referencia de lo ilegal, y se lo toma como algo natural, ya no solo contemplativo, sino permisivo. 

A mediados de este año la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, reconoció en declaraciones a la prensa que esta institución poco podía hacer debido al poder de los contrabandistas en relación a la capacidad de los policías aduaneros que sólo tienen 260 efectivos para cuidar 7 mil kilómetros de frontera y dos vehículos. La autoridad sostenía que los factores que prevalecen en este lugar, determinan que Challapata sea un lugar impenetrable.

En Challapata el Estado no tenía presencia y parecía que con el transcurrir de los meses ya había renunciado a restablecer el orden. De tal modo, que el operativo conjunto es el resultado de una situación conocida, que no dejaba lugar a duda, que la delincuencia obraba en un territorio libre dentro el Estado boliviano.

Un operativo de la magnitud del realizado y que contó nada menos que con la participación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Tito Gandarillas y un despliegue importante de efectivos, precisa una situación que ya no podía ser permitida por más tiempo. 

Lo que hay que conocer en adelante es si las acciones desarrolladas con el operativo, pueden arrojar en sus resultados inmediatos, permanencia y control sistemático en detener a las bandas de contrabandistas, restablecer el orden, imponer autoridad y participación de autoridades lugareñas que estén libres de los grupos delictivos y algo también importante que la población, es decir, aquellos lugareños que están comprometidos con el negocio ilegal del contrabando, se reintegren a la vida productiva y lícita.

La acción militar es un paso, importante en la recuperación de un territorio, pero que, por la particularidad del problema y de la situación arrastrada desde hace años, requiere de más esfuerzo estatal para revertir intereses económicos, no solo de contrabandistas sino de los mismos pobladores.
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