Como ya se ha comprobado que las promesas no son suficientes, sólo queda esperar que sean los hechos los que despejen las dudas que aún existen
El pasado martes, después de varias postergaciones, el presidente de la Empresa Misicuni presentó ante la Asamblea Legislativa Departamental su informe sobre el actual estado de las obras del Proyecto Múltiple Misicuni (PMM), paralizadas desde hace dos meses. La expectativa era grande, pues lo que está en juego es nada menos que el destino de la mayor inversión pública de la historia de nuestro departamento, de la que depende la provisión de agua para sus habitantes.
Por la naturaleza de las dificultades que a lo largo de los años han ido acumulándose hasta hacer llevar al PMM a su actual punto de estancamiento, se esperaba que el informe tenga por lo menos tres grandes partes: técnica, legal y financiera. Se daba también por descontado que desde esos tres ángulos se abordaría tanto lo relativo a las causas que condujeron a la parálisis actual, a los pasos que están siendo dados para resolver los problemas y se ofrezca una perspectiva verosímil sobre lo que puede esperarse en el futuro inmediato.
Grande fue la decepción –lo que no constituye ninguna novedad dados los antecedentes del caso– pues ninguna de las muchas dudas que pesan sobre todos los aspectos mencionados fue despejada. Por el contrario, fue tanta la insistencia en diluir los temas de fondo en un mar de generalidades que el acto sólo sirvió para ratificar la sospecha de que la mentalidad y las actitudes que ocasionaron tantos y tan reiterados errores se mantienen inalterables.
Como no podía ser de otra manera, al mantenerse intactas las conductas que ocasionaron el actual descalabro se mantienen también invariables las consecuencias. Así, con la misma facilidad de siempre se siguen sumando las decenas de millones de dólares al presupuesto de la obra, mientras al mismo tiempo se prolongan los meses y años que habrá que seguir esperando para que Misicuni deje de ser la principal causa de frustración de los cochabambinos. Al no haber ninguna señal de reconocimiento de los errores cometidos, tampoco puede haber la voluntad necesaria para rectificarlos.
En lo inmediato, la principal consecuencia de tal manera de actuar es que los técnicos, administradores y abogados de la empresa tendrán que dividir sus escasas fuerzas en dos frentes. Por un lado, tendrán que lidiar con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni para intentar recuperar aunque sea sólo una fracción de los muchos millones de dólares en litigio. Y por otro, tendrán que negociar con empresas desconocidas, cuya identidad es tan misteriosa como la de sus antecesoras, con la esperanza de que se hagan cargo de la terminación de las obras.
Siendo tanta la importancia que el proyecto Misicuni tiene para Cochabamba, lo menos que puede desearse es que esta vez los malos augurios resulten equivocados, o por lo menos exagerados, y que la razón esté de parte de quienes aseguran que todo está bien encaminado, que no habrá que esperar más de ocho o nueve meses para ver la culminación de las obras y que no serán más de 20 los millones de dólares adicionales que habrá que invertir con ese fin. Sin embargo, como ya se ha comprobado que las promesas no son suficientes, sólo queda esperar que sean los hechos y no las palabras los que despejen cualquier duda al respecto.
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