Cuando más falta hace la intervención de las instituciones regionales, todas rehúyen su deber y se niegan a participar en las reuniones del directorio.
Un mes más ha transcurrido, y ya son siete, desde que el 17 de noviembre del año pasado la Empresa Misicuni tomara la decisión de rescindir el contrato con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni y por consiguiente de paralizar la construcción de la represa. Y una vez más, tal como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, los cochabambinos tenemos que observar, azorados, cómo el tiempo transcurre impunemente sin que el paso de los meses ni las decenas de millones de dólares que se siguen aumentando al presupuesto de las obras sean suficientes para poner fin a la cadena de desaciertos que ha ocasionado tan calamitosa situación.
Ahora, exactamente igual que hace siete meses, la Empresa Misicuni se niega a admitir la gravedad del problema. Insiste en minimizar las dificultades y se resiste a hacer pública la información básica sobre la naturaleza, alcances y limitaciones de las negociaciones que ha entablado con las empresas interesadas en adjudicarse los nuevos contratos.
Lo más notable de tanta persistencia en el error es que sus principales responsables no dan muestras de espíritu autocrítico. Ahora, a pesar de que son ya bien conocidas las dificultades que impiden el cumplimiento de los plazos previstos para la contratación por excepción de las empresas que se harán cargo de la reanudación de las obras, han vuelto a poner en juego su credibilidad al fijar un nuevo plazo. “Las obras se reanudarán impostergablemente en agosto. (…) El 1° de agosto ya podremos dar la orden para que se reinicien las obras de la presa, inclusive el mismo 31 de julio…”, ha dicho el presidente de la Empresa Misicuni, dando a entender que todo está bien encaminado.
La realidad, desgraciadamente, sigue siendo muy diferente a la ligereza con que en Misicuni se hacen y deshacen compromisos, plazos y presupuestos. Es que hoy, como hace meses y años, siguen siendo las más pesimistas previsiones las que más se aproximan a la realidad, mientras los informes oficiales sólo sirven para confirmar que el proyecto sigue a la deriva.
Hasta hace poco, y a pesar de la abundancia de indicios sobre la verdadera situación del Proyecto Misicuni, muchas de las principales instituciones cochabambinas optaron por el silencio condescendiente, temiendo seguramente que cualquier opinión crítica pudiera ser interpretada como una traición a la “cochabambinidad”. Ahora, tal actitud ya no es posible ni admisible. No hay argumento que justifique la indiferencia con que se observa el fracaso del proyecto de desarrollo más importante de la historia de Cochabamba.
Paradójicamente, en lo único que parece haber coincidencia general es en el común propósito de desentenderse del asunto.
Así, cuando más falta hace la activa y enérgica intervención de las instituciones regionales para evitar el descalabro final, todas rehúyen su deber y se niegan a participar en las reuniones del directorio de la empresa. Al eludir su deber, incurren en un acto de negligencia que puede llegar a tener graves consecuencias legales para quienes se niegan a cumplir el rol que les manda la Ley 3470.
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